La Asamblea Nacional retoma este 2 de septiembre de 2024, sus actividades tras el receso legislativo, que inició el 19 de agosto de 2024.
Este periodo coincide con la precampaña electoral para las elecciones generales de febrero de 2025, por lo que Henry Kronfle, del Partido Social Cristiano (PSC), en funciones desde el 17 de noviembre de 2023, deberá renunciar a la Presidencia del Parlamento tras su decisión de postularse para la presidencia de la República para el periodo 2025-2029.
Por ello, el interés de esta función del Estado estará centrado en buscar acuerdos políticos para captar el espacio de la primera vicepresidencia de la Asamblea que quedará vacante cuando Viviana Veloz, de la bancada Revolución Ciudadana (RC), asuma la Presidencia del Parlamento tras antes del 2 octubre. La importancia de la primera vicepresidencia radica en que el funcionario a cargo reemplaza al presidente cuando éste se ausenta del cargo
Antes de salir al receso legislativo, Gissella Garzón (RC) opinó que el cargo de la primera vicepresidencia le correspondería al correísmo, por ser la primera fuerza de minoría. “Se debe actuar apegados a la ley, y si hay alguna intención de cualquier sector de no actuar apegados a la ley seré la primera en hacerlo saber, porque la ley es clara y hay que respetarla”, señaló.
El punto de vista de Kronfle es distinto. En una entrevista del 27 de agosto anticipó a periodistas que están trabajando con los diferentes partidos políticos para que ese cargo lo asuma el PSC. Incluso adelantó que están buscando un asambleísta que no corra para la relección en el marco de la Legislatura.
Entre el 5 de enero y el 6 de febrero de 2025, cuando inicie la campaña electoral, Veloz, quien opta por la reelección deberá solicitar licencia. En ese caso, el plan del PSC es que la Presidencia quede encargada a un legislador socialcristiano.
“Eso dice el reglamento para la sustitución del presidente sobre la primera vicepresidencia. La Asamblea se maneja con consensos, con mayorías; ningún partido político tiene mayorías, se tiene que hablar con los demás partidos políticos para hacer mayoría, ese es el arte de los consensos”, señaló.
Las negociaciones políticas que deriven en un acuerdo requerirán de 70 votos. El correísmo tiene 48 representantes y el PSC 18.
CAL tratará solicitud de Diana Salazar
Las fricciones entre las bancadas legislativas también apuntarán a los tratamientos de los juicios políticos. Dos de ellos en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) podría resolver hoy mismo un pedido que Salazar realizó al Parlamento para que continúe con la interpelación, solicitada primero, el 7 de diciembre de 2023 por la legisladora correísta Gissela Garzón, luego, el 14 de mayo de 2024 por Héctor Valladares.
nterpelación a Mónica Palencia se retomará en Fiscalización
Antes de que concluya esta semana, la ministra del Interior, Mónica Palencia, deberá ejercer, en la Comisión de Fiscalización, su derecho a la defensa de la acusación política por presunto incumplimiento de funciones que le plantean los legisladores correístas Leonardo Berrezueta y Paola Cabezas
A su vez, ellos deberán demostrar las presuntas irregularidades en su gestión. La actuación de la prueba sería hasta el 15 de septiembre. A partir de ese plazo, la Comisión tiene cinco días para elaborar el informe que recomiende al Pleno continuar o no con la interpelación, y dos días más para difundir el informe entre las bancadas.
Con la recomendación de Fiscalización, el CAL tendrá cinco días para ponerlo en conocimiento del Pleno. El juicio a Palencia llegaría a conocimiento del Pleno para una decisión hasta el 29 de septiembre.
Sin embargo, hay incertidumbre por la continuación o no de este proceso luego de que el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, aseguró que esta función del Estado no acatará una acción de protección presentada por Inés Alarcón (ADN) que dispone reactivar los juicios en contra de tres exministros del entonces presidente de la República, Guillermo Lasso, que fueron archivados el 1 de julio de 2024 en la Comisión de Fiscalización: Sebastián Corral (exsecretario de la Administración Pública), Pablo Arosemena (exministro de Finanzas), y Andrea Montalvo (extitular de la Senescyt).
Xavier Jurado (ADN) dijo que, con la resolución del juez, la Asamblea debería retomar, primero los procesos de interpelación en contra de Corral, Arosemena y Montalvo, y luego continuar con los juicios a Mónica Palencia y Diana Salazar. La ministra del Interior también exhortó a la Comisión de Fiscalización certificar el cumplimiento de la acción de protección que dispone la reactivación de los juicios a los exministros de Lasso.
Fuente: La Hora.
