Para ser candidato a la Presidencia de la República no se necesita casi nada: ser ecuatoriano por nacimiento y tener al menos 35 años de edad al momento de inscribir la candidatura. Cumplido eso, el punto neurálgico, en realidad, es conseguir una tienda política como auspiciante.
No se requieren conocimientos ni experiencia en ninguna área, ni siquiera en administración pública o en el marco legal ecuatoriano.
De todas formas, la Constitución y el Código de la Democracia establecen, además, unos lineamientos mínimos a los que se pueden adaptar quienes busquen participar en unas elecciones: estar en goce de los derechos políticos y no recaer en ninguna de las inhabilidades legales.
Estas prohibiciones están recogidas en el Código de la Democracia y suman 10 restricciones que tendrían quienes aspiren a lograr cualquier cargo de elección popular:
Tener contratos vigentes con el Estado.
Haber recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos contra la administración pública, así como, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción.
Adeudar pensiones alimenticias.
Ser jueces de la Función Judicial y del Tribunal Contencioso Electoral o miembros de la Corte Constitucional y del Consejo Nacional Electoral, salvo que hayan renunciado seis meses antes de la elección.
Ser miembros del servicio exterior, fuera del país, y ser candidatos por los migrantes, a menos que hayan renunciado seis meses antes de las votaciones.
Ser funcionarios públicos de libre nombramiento, remoción y de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura.
Haber dirigido gobiernos de facto, es decir, dictaduras.
Ser miembros activos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
Tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales.
No presentar la declaración juramentada al inscribir la candidatura.
Y tampoco parecería difícil cumplir con estos requisitos, debido a que hay más de siete millones de ecuatorianos mayores de 35 años y la mayoría no se encuentran entre estos grupos de funcionarios públicos o adeudan pensiones alimenticias, ni tienen capitales en paraísos fiscales.
Además, en caso de pertenecer a uno de aquellos selectos grupos, siete de las 10 prohibiciones tienen solución. Las únicas que no se pueden esquivar son las de haber liderado una dictadura y estar sentenciado por los delitos enumerados.
Un cargo que pocos quieren
Pese a la extensión de las papeletas, cada elección demuestra que sí es un verdadero reto para las organizaciones políticas encontrar candidatos, especialmente a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, que deben cumplir los mismos requisitos.
Esto pese a que la razón de ser de los partidos y movimientos es la participación en la vida política del país y la formación de su militancia, por lo que se esperaría que tengan cuadros listos para cada votación. Pero eso no sucede.
Por ejemplo, hasta el último minuto del 30 de agosto, fecha límite para la inscripción de alianzas electorales, Pachakutik, Centro Democrático y otras agrupaciones de la supuesta izquierda intentaban cuajar acuerdos para formar un binomio.
Lo mismo pasa con los individuos que, estando fuera del tablero partidista, quieren, por cualquier motivo o anhelo personal, llegar a Carondelet y portar la banda presidencial.
Serían casos como los de Jan Topic, Carlos Rabascall, Victor Araus, Pedro Granja, entre otros. Los dos primeros van por su segunda contienda electoral con distinto auspiciante político.
Es así que siempre. Unos meses antes de cualquier elección, empiezan las negociaciones entre las tiendas políticas y los aspirantes a candidatos. Generalmente, los miembros de los binomios son escogidos de manera separada, dependiendo del acuerdo alcanzado.
Esto sería lo que sucedió con el actual presidente Daniel Noboa, quien fue la sorpresa de las elecciones extraordinarias de 2023. Según altas fuentes de su Gobierno, la vicepresidenta Verónica Abad fue una imposición de una de las agrupaciones que prestaron sus listas (4 y 35) para que pueda participar.
Incluso, al no tratarse de cuadros de los propios, los partidos corren el riesgo de que las autoridades electas los abandonen al llegar al poder o de que el binomio no pueda trabajar en conjunto. Esto porque, una vez en Carondelet, quien ocupe el sillón presidencial, decide el futuro del Vicepresidente.
Fuente: Primicias.
