Al cumplirse un año de la notificación de resultados de la consulta popular de agosto de 2023, en la que se aprobó mantener el crudo del Yasuní en el subsuelo de manera indefinida, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) entregó a la Corte Constitucional un documento con lineamientos generales para el abandono definitivo del bloque 43-ITT.En la propuesta se exige al Gobierno quese incluya a las comunidades y pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre las actividades para el cierre, desmantelamiento, restauración y reparación del yacimiento petrolero.
El documento se denomina “Mandato Waorani para el cierre, desmantelamiento, restauración ecológica y reparación social en el Yasuní”. Fue ingresado a la Corte el viernes 30 de agosto, tiene 14 páginas y fue elaborado por 400 personas, nacionales y extranjeras, que participaron en la Cumbre Internacional por el Yasuní, que tuvo lugar en Orellana el 28 y 29 de agosto.
En el texto se expone que el Gobierno no está cumpliendo con el mandato popular, porque “no se ha llevado a cabo el cierre inmediato y progresivo” dentro del plazo de un año que dispuso la Corte. Además se considera que el plan oficial de cerrar 246 pozos en un lapso de cinco años y cinco meses“contradice el mandato constitucional”.
Por otro lado, se menciona que pese a una solicitud no se ha invitado a las comunidades y pueblos indígenas a formar parte del Comité de Ejecución de la Voluntad Popular (CEVP) Yasuní-ITT, creado el 8 de mayo por el presidente de la República, Daniel Noboa.
También se cuestiona que el argumento oficialista respecto de una falta de recursos para cumplir con lo establecido por la Corte para el cierre del ITT.
“Su falsedad queda demostrada, ya que solo entre enero y julio de 2024 la venta de los 10′606.644 barriles de petróleo extraídos habrían generado ingresos de $ 718 millones, suficientes para realizar un proceso de cierre y reparación en un bloque que nunca debió abrirse”, dice el texto.
La iniciativa contiene lineamientos generales para “el cierre y salida responsable de la operación hidrocarburífera en el bloque 43-ITT”. Se divide en principios y acciones.
Entre los principios se reitera la necesidad del involucramiento directo de las comunidades indígenas. Se señala que “el desmantelamiento de la infraestructura petrolera, la reparación de la naturaleza y la protección de los pueblos en aislamiento deben garantizar el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades afectadas”.
Se pide transparencia y rendición de cuentas, reparación ambiental, social y de la naturaleza con los más altos estándares de gestión ambiental, derechos humanos y de la naturaleza.
Además se propone dar apoyo técnico y financiero a las comunidades y pueblos involucrados y afectados, “para garantizar su participación efectiva en los procesos de cierre de proyectos y/o de salida de las empresas, así como en la etapa post-salida, incluyendo restaurar las economías locales”.
Acciones de la propuesta
Este apartado se subdivide en: acciones inmediatas; propuestas para los primeros 100 días; propuestas de cierre, desmantelamiento, restauración ecológica y de reparación social; y acciones post cierre.
Como acciones inmediatas se plantean tres aspectos:
- Apagar, desactivar y tapar todos los pozos del ITT
- Iniciar procesos de verificación y sanción para quienes sean responsables del incumplimiento de la voluntad popular
- Convocar e incorporar inmediatamente a la Nacionalidad Waorani en las instancias, acciones y procesos para el cumplimiento de la consulta popular
Para los primeros 100 días se enumeran 13 medidas, entre las cuales está el establecer un mecanismo de cumplimiento, con participación del Estado y de representantes de la Nacionalidad Waorani, con igualdad de condiciones para la toma de decisiones.
Asimismo se pide actualizar el plan de cierre del Gobierno, el cual debe elaborarse con la NAWE y debe contener al menos: detalle de actividades y secuencia, cronograma de ejecución, responsables y actores involucrados, monitoreo post-cierre, mecanismos de evaluación y seguimiento, y presupuesto detallado.
Se contempla comenzar tareas de restauración socio ecológica, activar mecanismos de gestión de riesgos, auditar los fondos que Petroecuadordeclara haber entregado a las comunidad como compensaciones. Presentar un calendario y cronograma del cierre de toda la operación del ITT, hoja de ruta del cierre (actividades y secuencia) y presupuesto detallado.
Para el cierre, desmantelamiento, restauración ecológica y reparación social se indica que las actividades deben seguir el cronograma que se establezca en el plan de cierre. Que se activen mecanismo de rendición de cuentas con veeduría de universidades nacionales, expertos nacionales y extranjeros, así como de las comunidades del Yasuní.
Se indica que el retiro de la infraestructura del bloque 43 debe realizarse tomando en cuenta los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.
Finalmente, en las acciones posteriores el cierre del ITT se menciona, entre otras, que los pozos apagados y abandonados deben tener un monitoreo periódico por parte de las instancias de control, con el fin de detectar posibles fugas y verificar que los pozos no son un riesgo para la naturaleza y las comunidades.
Pedidos a la Corte
Además de entregar el documento con el mandato y pedir que se lo incluya y considere, la NAWE hizo tres pedidos a la Corte Constitucional.
Solicitó que representantes de la organización sean recibidos en una audiencia. Que se coordine una visita de los jueces constitucionales al bloque 43, así como al territorio de la Nacional Waorani.
Y que se inicie un proceso de “declaración de responsabilidad por incumplimiento, por cuanto no ha habido un retiro ordenado y progresivo de la infraestructura petrolera y porque, transcurrido un año desde el mandato popular, aún no se ha suspendido totalmente, como meta, la explotación petrolera”, señala el texto firmado por Juan Bay, presidente de la NAWE.
Fuente: El Universo.
