En el marco del «Encuentro Nacional con familiares de víctimas de femicidio y otras muertes violentas de mujeres por razones de género», se reveló una preocupante realidad que afecta a las casas de acogida y centros de atención a víctimas de violencia: el Gobierno no está entregando los recursos necesarios de manera oportuna.
Casas de acogida en crisis
Rosario Gómez, representante de la Casa Refugio Matilde, describe la situación como crítica:
“Nuestros servicios son esenciales para prevenir el femicidio y proteger a mujeres víctimas de violencia. Sin embargo, pese a un convenio firmado en presencia del Presidente de la República, los recursos no llegan. Ya son dos meses sin el segundo desembolso de este año”.
Gómez, junto a otras representantes de 22 centros y 7 casas de refugio a nivel nacional, expuso que la falta de recursos implica un desafío para continuar operando.
La ausencia de estos fondos afecta directamente la capacidad de proporcionar servicios básicos como alimentación y atención médica y psicológica a las mujeres y niños en situación de vulnerabilidad.
Esfuerzos sobrehumanos para no detener servicios
A pesar de los esfuerzos incansables por mantener los servicios en funcionamiento, las casas de acogida enfrentan dificultades significativas. Rosa López Machuca, coordinadora de un centro de atención en El Oro, comentó:
“Atendemos un promedio de 150 casos nuevos cada mes, y estamos hablando de vidas en juego. Sin el apoyo adecuado del Estado, nuestra capacidad para ofrecer protección y apoyo se ve severamente comprometida”.
Un problema recurrente y sistemático
La problemática de la falta de financiamiento no es nueva.
Según Gómez, cada año enfrentan retrasos en los pagos y falta de priorización en los presupuestos del Ministerio de Finanzas.
“Pensábamos que la declaratoria de servicios esenciales iba a cambiar las cosas, pero no ha sido así. Hemos cumplido con todos los requisitos, entregado informes y aún así no recibimos los recursos a tiempo”.
Vulneración de derechos laborales
Además del impacto en la provisión de servicios esenciales, la falta de financiamiento está afectando a las trabajadoras de las casas de acogida, quienes enfrentan una vulneración sistemática de sus derechos laborales.
Muchas de ellas, incluidas trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas, llevan meses sin recibir sus salarios, lo que genera un ambiente de inestabilidad e incertidumbre.
Estas profesionales, que desempeñan un papel crucial en la atención a víctimas de violencia, no solo carecen de una remuneración adecuada, sino que también están expuestas a amenazas y carecen de seguridad social y otras garantías laborales.
Llamado urgente a la acción
Las organizaciones que operan casas de acogida y centros de atención han hecho un llamado urgente al Gobierno y a las autoridades relevantes para que cumplan con sus compromisos.
El Ministerio de Finanzas respondió que los recursos se entregarán cuando haya disponibilidad en la caja fiscal, lo que las organizaciones consideran una respuesta inadecuada e insensible dada la emergencia humanitaria que enfrentan.
Femicidios en 2024
La falta de financiamiento a las casas de acogida se agrava en un contexto alarmante de violencia de género en el país.
En lo que va de 2024, se han registrado más de 180 casos de femicidio, según Rosa López.
Esta realidad latente no solo resalta la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres, sino también la necesidad imperativa de que el Estado cumpla con sus obligaciones para asegurar la continuidad de los servicios que salvan vidas y previenen la violencia.
Fuente: Radio Pichincha.
