Antes de que se cumpliera el plazo que se autoimpuso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para aprobar el reglamento que se aplicará en la designación del nuevo Fiscal General del Estado se produjeron cambios y ahora habrá más tiempo para afinar el documento.
El vocal Juan Esteban Guarderas logró, en una sesión del Pleno del 28 de agosto de 2024, que se apruebe una moción para que el documento que regirá el concurso en el que se designará al reemplazo de Diana Salazar, en abril de 2025, se apruebe el 6 de septiembre de 2024.
Inicialmente, había una propuesta del consejero Augusto Verduga (cercano al correísmo), para que el reglamento se aprobara el 30 de agosto de 2024. La prórroga planteada por Guarderas se aprobó por unanimidad.
Hasta el 3 de septiembre, en mesas técnicas, los consejeros Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, y Guarderas, podrán plantear observaciones y sugerencias a un proyecto consolidado y consensuado entre los vocales Augusto Verduga, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz.
En el borrador se incorpora la prueba oral que no debería tener más de cinco puntos. Será tomada por 16 catedráticos, cada caso práctico de procesos penales deberá ser resuelto en 20 minutos en una audiencia pública. El proyecto original de Verduga no incluía la prueba oral.
El orden de las fases de concurso, según el borrador, sería: admisibilidad, méritos, impugnación, oposición (prueba oral y escrita), y designación.
En el proyecto consolidado se incluyó una nueva causal en el artículo 16 que habla de los “requisitos y prohibiciones de los postulantes” relativos con la probidad notoria. Se plantea que también se califique como falta de probidad quienes tengan a una denuncia penal abierta, hayan tenido sentencia ejecutoriada, quienes hayan sido llamados a juicio por algún delito penal o quienes tengan una sentencia administrativa civil sancionatoria.
Guarderas cree que es necesario afinar el requisito de probidad notoria e hizo referencia a Ricardo Patiño, quien regresó a Ecuador desde México después de que prescribiera una investigación por presunta instigación en abril 2019.
«No es solo el tema de llamamiento a juicio. Aquí tenemos una triste historia de autoridades que no han ido a la cárcel porque han prescrito los delitos. Por ejemplo, una persona que acaba de llegar del extranjero y ser candidato a la Asamblea», indicó.
En una entrevista en un canal de televisión, Guarderas recordó que las comisiones ciudadanas de selección están en capacidad de resolver las impugnaciones, “pero si no son admitidas a trámite y consideran que no tienen sustento, no podremos hacer nada. Esto consta en el reglamento borrador (original) del consejero Verduga”.
Augusto Verduga cedió
Al ser consultado sobre si perdió en su intención de que el reglamento se apruebe hasta el 30 de agosto, Verduga dijo que fue todo lo contrario. “Lo que se pidió en las mesas fue dar una semana más a los despachos, sin más dilación, para aprobar el reglamento”, dijo al resaltar que hay un proyecto consolidado, pero reconoció que eso no fue suficiente, pues faltó un voto.
Admitió que para eso son las mesas técnicas, para saber qué están pensando los demás despachos. “Analizaré con mis asesores la propuesta de los demás y presentaré las observaciones, nosotros no le huimos a gestionar los disensos de manera civilizada, el problema radica en que unos consejeros quisieran llegar a decisiones unánimes, pero el disenso es parte de la vida pública y privada”, apuntó.
Verduga afirmó que ha “cedido posiciones”, en el sentido de que en su proyecto original no contemplaba la prueba oral. “Quieren prueba oral, vamos a la prueba oral, pero con parámetros más regulados, siempre estamos abiertos al diálogo”, expresó.
Fuente: La Hora.
