El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó en abril de 2024 la nueva distribución de escaños para la Asamblea Nacional.
A partir de las elecciones de 2025, Ecuador contará con 151 legisladores, un aumento de 14 asambleístas respecto a la composición actual. Este cambio responde a los resultados del último censo poblacional, que había sido postergado por la pandemia en 2020.
Este cambio responde a los resultados del último censo poblacional, que había sido postergado por la pandemia en 2020.
El ajuste en el número de legisladores no solo busca reflejar el crecimiento poblacional, sino también garantizar una representación más equitativa en las provincias con mayor número de habitantes.
Este incremento se centrará en las nueve provincias que han mostrado un crecimiento significativo en su población durante los últimos años.
Distribución de los nuevos escaños en la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional contará con 130 asambleístas provinciales, 15 nacionales y 6 representantes del exterior. La nueva distribución se basa en el principio de proporcionalidad establecido en la Constitución y el Código de la Democracia.
La delimitación de circunscripciones será clave para asegurar que la diferencia entre asambleístas por circunscripción no sea mayor a uno, garantizando así una representación equilibrada.
Las provincias de Guayas, Manabí y Pichincha serán las más beneficiadas por el aumento en el número de escaños. En esas zonas, se espera una redistribución que responda a las diferencias numéricas entre habitantes y electores, para asegurar la igualdad en el ámbito electoral.
Ajustes financieros por el incremento de legisladores
El incremento en el número de asambleístas traerá consigo un aumento considerable en el gasto mensual destinado a salarios. Este cambio implicará un aumento de 66 626 dólares al mes, lo que se traduce en un gasto adicional anual de casi 800 000 dólares.
Así, el presupuesto anual para sueldos de legisladores alcanzará los 8,6 millones de dólares, en comparación con los 7,8 millones actuales.
Este impacto financiero no solo se observará a nivel mensual, sino que, proyectado a lo largo del periodo legislativo de cuatro años, representará un gasto adicional de más de 3 millones de dólares. De esta manera, el total destinado a sueldos de asambleístas durante todo el ciclo legislativo ascenderá a 34,5 millones de dólares, superando los 31,3 millones actuales.
Desafíos y consideraciones fiscales
El crecimiento del número de asambleístas no solo incrementará el gasto en salarios, sino que también plantea un reto para la planificación financiera del Estado.
Aunque la expansión legislativa se justifica por la necesidad de una mayor representatividad, el impacto económico significativo que conlleva deberá ser gestionado en los próximos años para mantener un equilibrio fiscal adecuado.
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