La denuncia por presunta violencia política de género que presentó la vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, en contra del primer mandatario, Daniel Noboa Azín, fue admitida a trámite y el próximo 12 de septiembre se realizaría la audiencia oral para que las partes expongan las pruebas de cargo y descargo.
Este viernes, 23 de agosto de 2024, el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Fernando Muñoz Benítez admitió a trámite la denuncia por el posible cometimiento de violencia política de género interpuesta por la segunda mandataria, Verónica Abad, en contra del presidente Daniel Noboa y otros miembros de su equipo de gobierno, como la canciller Gabriela Sommerfeld Rosero, el viceministro del Ministerio de Gobierno,Esteban Torres, y la asesora Diana Jácome Silva.
La admisión procedió una vez que Abad completó los requisitos legales que solicitó el magistrado y con ello decidió convocar para el 12 de septiembre del 2024 a las 10:00 a la audiencia única de pruebas y alegatos en Quito. Para la diligencia, se pidió la presencia de efectivos de la Policía Nacional.
Abad denunció el cometimiento de una infracción electoral muy grave que está contemplada en el numeral 14 del artículo 279 del Código de la Democracia, que sanciona con multa desde 21 hasta 70 salarios, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años a quienes incurran en violencia política de género.
A la vicepresidenta se le asignó la función de embajadora en Israel para que medie por la paz con Palestina desde diciembre del 2023 y, en esa línea, reclama que Noboa ha «mermado su participación como mujer en las decisiones políticas del Estado».
En su escrito pide que se multe a Noboa y sus colaboradores con 70 salarios básicos unificados, la destitución del cargo y la suspensión de derechos de participación por cuatro años.
En Ecuador la representan como sus abogados Oswaldo Trujillo y Jéssica Jaramillo.
A esta pretensión, el Gobierno nacional la considera un intento de ‘golpe de Estado’, por solicitar su destitución y la suspensión de sus derechos de participación para impedir que el presidente pueda participar en los comicios generales del 9 de febrero del 2025.
Noboa mantiene esta enemistad con quien fue su compañera de fórmula en las elecciones nacionales anticipadas desde 2023, y aún analiza las alternativas legales para evitar encargarle la Presidencia de la República cuando él deba solicitar licencia sin sueldo para participar de la campaña electoral que arrancará en enero próximo, cuando su candidatura esté en firme ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Al proceso de Abad contra Noboa se adhirió un hombre llamado Manuel Peñafiel Falconí, quien se identifica como directivo de una organización denominada Corte de Justicia Indígena, que intentó intervenir como amicus curiae.
No obstante, el juez Muñoz negó su pedido, ya que esta figura no está contemplada en el trámite de las acciones electorales.
Peñafiel denunció a Abad en el mismo TCE por concusión, pero se inadmitió debido a que este es un delito penal y no una infracción electoral.
En contraataque a la acción de la vicepresidenta, la asesora y también precandidata para asambleísta por el movimiento gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN), Diana Jácome presentó un escrito por violencia política de género en su contra, aunque no se conoce, por el momento, el juez asignado a la causa.
Muñoz actúa como juez de primera instancia, cuya sentencia puede ser apelada para conocimiento del pleno del tribunal y que es de última y definitiva instancia. (I)
