El 20 de agosto, representantes de grupos ecologistas realizaron una protesta frente a la Corte Constitucional para solicitar que esta institución supervise el cumplimiento de la decisión popular tomada en 2023, que prohíbe la explotación minera en el Chocó Andino, una región de alta biodiversidad en Quito.
Durante el evento, se entregó una carta y documentos a la Corte Constitucional, pidiendo que se asegure de que las autoridades competentes apliquen la disposición ciudadana de agosto pasado.
Ese lunes, las organizaciones ecologistas también llevaron a cabo una rueda de prensa para exigir a las autoridades ecuatorianas la eliminación de las concesiones mineras en el Chocó Andino, donde una consulta popular en 2023 prohibió nuevas concesiones en la zona.
En la consulta de agosto pasado, el 68% de la población de Quito votó a favor de prohibir la minería metálica en las 124.000 hectáreas de la Mancomunidad del Chocó Andino, que incluye las parroquias de Calacalí, Gualea, Nanegal, Nanegalito, Nono y Pacto.
La organización Acción Ecológica afirma que este mandato ha sido cumplido solo en parte y que es necesario que el Ministerio de Energía y Minas actualice y publique información sobre las concesiones mineras en la región. También piden la revisión de todas las concesiones mineras y la confirmación de que no se renovarán las que ya han expirado o carecen de la licencia ambiental correspondiente.
Acción Ecológica exige que la Corte Constitucional garantice el cierre de estos proyectos mineros y la restauración ambiental de las áreas afectadas. Aunque el Ministerio ya eliminó las concesiones en trámite tras la consulta, aún quedan 10.000 hectáreas, de las cuales la mitad estaban siendo explotadas ilegalmente por las empresas Melina Chango, Enami y Ecuamin, según los representantes de Acción Ecológica.
