Las defensas de los autores directos del delito de obstrucción de la justicia en el caso Independencia Judicial, Wilman Terán y Maribel Barreno, expresidente y exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), respectivamente, aseguran que el dictamen acusatorio emitido por el fiscal general subrogante carece de elementos suficientes y contundentes que sustenten la presunción de que en esta causa se ha cometido la figura penal investigada.
La tarde de este sábado, 20 de julio, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el conjuez Julio Inga reinstaló la audiencia preparatoria de juicio contra once personas procesadas por tener relación con actos que condujeron a evitar, mediante sanciones de suspensión y destitución, que el entonces juez de la CNJ Walter Macías siguiera frente a casos como el relacionado con un tráfico de influencias que tenía que ver con los hoy exvocales Barreno y Juan José Morillo y el exjuez de Pichincha Vladimir Jhaya.
Toainga emitió un dictamen acusatorio contra dos procesados como autores materiales y contra nueve como cómplices: Andrés J., secretario general (e) del CJ; Carlos G., subdirector nacional de Control Disciplinario de la Judicatura; Katherine L., subdirectora nacional de Gestión de Procesos del pleno del CJ; los funcionarios y exfuncionarios judiciales Milton A. y Santiago C., Liberton Santiago C., Jessica Ch., Milton H. y Olga V., exasesora de la entonces vocal Barreno.
“¿Y acaso el juzgador acepta petición alguna de Fiscalía? Ha de ser precisamente por el cansancio de la larga noche de opresión judicial o, por otro, ya que el desconocimiento normativo jamás puede haber”, sostenía el expresidente del CJ, que pretendió que se suspendiera por 30 minutos el inicio de su argumentación, señalando que, por falta de sus lentes, no pudo pasar a un documento las anotaciones hechas en las más de siete horas de intervención de la Fiscalía, dadas entre la noche del viernes 19 y madrugada del 20 de julio.
Wilman Terán, al ejercer su propia defensa, resaltó que todo su accionar administrativo dentro del caso del juez Walter Macías fue parte de sus funciones legales y constitucionales, por lo que dice que no entiende por qué están siendo procesadas personas como secretarias y asesores que lo único que hicieron fue cumplir sus funciones ante órdenes emitidas por el titular de la Judicatura. Tan seguro está de que lo que realizó dentro de ese caso es legal y constitucional que Wilman Terán repitió por varias ocasiones que “repetiría una y mil veces” su accionar.
“No hubo, ni habrá, ni jamás existió contradicción alguna. Cumplí funciones constitucionales y en base a ellas se movió toda la maquinaria del aparato estatal”, refirió un Terán que dijo que no pensaba en un anuncio probatorio, pero que aceptaba de sus abogados, bajo “forzadas circunstancias”, la sugerencia de anunciar elementos de prueba que serían expuestos en el caso de que se llame a juicio a los procesados.
Entre las pruebas anunciadas están los testimonios del exasambleísta de la Revolución Ciudadana Ronny Aleaga y de los jueces de la Corte Nacional Javier de la Cadena y Mercedes Caicedo, de tres peritos, la exposición de una resolución, entre otras.
Christopher Gallegos, defensa de la exvocal Barreno, arrancó su intervención criticando que la Fiscalía publique en sus redes sociales que se han presentado más de 150 elementos de convicción para decir que existe la responsabilidad de once procesados en esta causa denominada Independencia Judicial.
Ese hecho, indicó el abogado, le hace pensar que al parecer a la Fiscalía General del Estado lo que le interesa no es la calidad ni la relevancia de los elementos, ni la relevancia de los elementos de convicción, sino que le interesa la cantidad y el “cargamontón” de elementos. Por otra parte, la crítica avanzó a que con ese tipo de titulares la Fiscalía está generando que exista una presión mediática y una presión social para la decisión del caso.
“Cualquier ciudadano leyendo este post de Fiscalía presumiría, desde la ausencia de conocimientos especiales, que la Fiscalía tiene un caso sólido, y no es así. Si Fiscalía tuviera un caso sólido, de hecho, no tuviera necesidad de recurrir a este tipo de publicaciones, que no hacen otra cosa que contaminar paralelamente a la opinión pública, que es un problema real en nuestra administración de justicia. Termina generándose una presión social que al mismo tiempo termina irradiando efectos de presión al órgano jurisdiccional”, expresó Gallegos.
Para la defensa de Barreno, no hay elementos suficientes que tengan una entidad incriminatoria suficiente respecto a la exvocal y que hayan sido explicados de esa manera por parte del fiscal Wilson Toainga, representante de Fiscalía General.
Para Gallegos, es difícil entender cómo se sacó de este caso al exvocal Juan José Morillo y solo se dejó a Barreno, su colega en el pleno de la Judicatura, siendo que los dos mantuvieron el mismo accionar administrativo dentro del caso relacionado con el entonces juez Macías. El abogado tiene claro que lo que ha ocurrido contra su cliente es parte de una persecución judicial sistemática.
Lo que esperan tanto Terán como la defensa de Barreno, al no existir delito alguno que procesar, es que se emita un auto de sobreseimiento definitivo. Casi tres horas se tomaron las defensas de estos dos procesados para llevar adelante sus exposiciones, pese a que inicialmente se dijo que tendrían 30 minutos. La diligencia sigue en la Corte Nacional y se suspenderá a las 19:30 de este 20 de julio para que Terán fundamente, ante otro tribunal, el pedido de habeas corpus que ha realizado. (I)
Fuente: El Universo
