La Audiencia Nacional de España ha dado luz verde a una investigación judicial contra el cantante Julio Iglesias por las presuntas agresiones sexuales que dos extrabajadoras aseguran haber sufrido en sus propiedades en el Caribe. El magistrado Antonio Piña Alonso, titular de la plaza número 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, admitió a trámite la querella presentada por ambas mujeres, aunque limitó significativamente los delitos que serán objeto de pesquisa. Se investigarán delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, pero se descartó abrir causa por trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores.
La resolución, dictada el miércoles 18 de noviembre, marca el primer paso judicial efectivo para esclarecer hechos que se remontan a 2021 y que habrían ocurrido en las residencias del artista en República Dominicana y Bahamas. El juez considera que el relato de las denunciantes y la documentación aportada contienen elementos suficientes para iniciar una investigación penal, pero advierte que la admisión de la querella no implica un juicio sobre la credibilidad de las mujeres ni sobre la responsabilidad del cantante.
Antecedentes del caso
El procedimiento llega después de un primer intento fallido de las extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En enero de este año, el Ministerio Público archivó las diligencias preprocesales al considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar hechos ocurridos fuera del país. Las denunciantes, respaldadas por la organización Women’s Link Worldwide, optaron entonces por acudir directamente a los juzgados mediante una querella presentada el pasado 3 de septiembre.
La Fiscalía cambió posteriormente de criterio. En un informe remitido al magistrado en octubre, el Ministerio Público defendió que la Audiencia Nacional sí podía examinar la denuncia, al considerar que concurrían los requisitos legales para ejercer la jurisdicción española sobre los presuntos delitos cometidos en el extranjero por un ciudadano español. El juez terminó admitiendo la querella, aunque su resolución contiene una extensa reflexión sobre los problemas que plantea investigar en España hechos ocurridos en otros dos países.
Las dudas del juez sobre la jurisdicción
El magistrado dedica buena parte del auto a explicar por qué considera problemática la elección de España para juzgar unos hechos que se habrían producido íntegramente en el extranjero. Aunque reconoce que la nacionalidad española de Iglesias permite activar el principio de personalidad recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, advierte que las principales pruebas y buena parte de las personas que habrían intervenido se encuentran en Bahamas y República Dominicana. También recuerda que ambos países cuentan con sistemas judiciales propios y que no se han aportado elementos que permitan cuestionar sus garantías.
Uno de los reproches más relevantes de la resolución se dirige a la forma en que se ha planteado la querella. Las denunciantes atribuyen a dos responsables de las residencias del cantante, identificadas como las señoras M. y Z., una participación directa en los episodios de violencia sexual y física. Sin embargo, ninguna de ellas figura entre las personas contra las que se dirige la acción penal. El juez considera que la narración omite detalles sobre las conductas que se les atribuyen y advierte que esa ausencia puede dificultar la reconstrucción de los hechos y limitar el derecho de defensa de Iglesias. Al tratarse de ciudadanas extranjeras y hechos ocurridos fuera de España, los tribunales españoles no tendrían, en principio, jurisdicción para investigarlas.
Pese a esas objeciones, el magistrado entiende que las deficiencias señaladas no justifican inadmitir la querella. Sí descarta, en cambio, uno de los delitos más graves que planteaban las extrabajadoras: la trata de seres humanos con fines de trabajo forzado o servidumbre. Para ello se apoya, entre otros elementos, en las conversaciones aportadas sobre la contratación de una de las mujeres. Según el auto, fue seleccionada a través de una oferta pública en una red social, conocía que el puesto incluía alojamiento y aceptó esas condiciones. El juez también destaca que el salario ofrecido superaba el mínimo establecido en República Dominicana para trabajadores de grandes empresas y que no consta que se le retirara el pasaporte o se le impidiera comunicarse con otras personas.
La resolución añade que la trabajadora abandonó el empleo cuando decidió hacerlo y que, tras su salida, Iglesias atendió algunas de sus reclamaciones, entre ellas las relativas a una carta de recomendación, el seguro y el pago de cantidades pendientes. A juicio del instructor, los hechos descritos no permiten apreciar indicios de captación o traslado con finalidad de explotación ni una intervención del cantante en esas supuestas actuaciones. También rechaza investigar los delitos contra los derechos de los trabajadores porque, según expone, las legislaciones de Bahamas y República Dominicana no contemplan un delito equivalente a los tipos penales españoles. En República Dominicana, esas conductas tendrían respuesta en el ámbito administrativo-laboral.
Mensajes de WhatsApp y aparente discordancia
El auto también se detiene en los mensajes de WhatsApp que una de las denunciantes intercambió con una de las encargadas después de abandonar la residencia. El contacto se prolongó durante años y en algunas conversaciones la mujer preguntaba por el estado de salud de Iglesias. En enero de 2023, por ejemplo, le trasladó su deseo de felicitarle el año nuevo; en abril de 2024 volvió a preguntar si se encontraba bien. El juez considera que el tono afectuoso de esos intercambios presenta una aparente discordancia con algunos extremos del relato de la querella y cree que deberá aclararse durante la instrucción. No obstante, advierte que esos fragmentos no permiten concluir que las agresiones no existieran y reclama examinar las comunicaciones en su conjunto.
Prescripción y plazos judiciales
En cuanto a la posible prescripción, el magistrado limita la investigación por lesiones y trato degradante a los hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, fecha que toma como referencia para el plazo de cinco años. Los episodios anteriores solo podrán examinarse si forman parte de la dinámica de un delito sexual que no haya prescrito. Respecto a las agresiones sexuales, considera prematuro pronunciarse porque algunas de las conductas denunciadas podrían encajar en figuras penales que, conforme a la legislación vigente cuando ocurrieron, tenían penas inferiores y planteaban dudas sobre su prescripción. Será la investigación la que permita concretar qué ocurrió y qué calificación jurídica corresponde.
Comparecencia y medidas de protección
Las dos querellantes deberán comparecer presencialmente el 3 de febrero de 2027 para ratificar la denuncia. El juez no les concede formalmente la condición de testigos protegidos, al considerar que no se ha acreditado el peligro grave que exige la ley. La querella aludía a un dispositivo de geolocalización que el marido de una de ellas habría encontrado en su vehículo y al acercamiento de un tercero a un familiar de la otra para recabar información. Sin embargo, el magistrado entiende que esos episodios, tal como se han presentado, no bastan para adoptar ese estatuto.
Sí acuerda algunas medidas para preservar su intimidad: los domicilios y demás datos que permitan localizarlas quedarán reservados y sus declaraciones se grabarán únicamente en audio, sin imagen. También rechaza imponer a Iglesias una orden de alejamiento, al no apreciar indicios de un riesgo actual para las denunciantes.
Fuente: Infobae