Panamá ocupó el primer lugar en disponibilidad de material de abuso sexual infantil entre las naciones de América Latina y el Caribe incluidas en el índice 2026 de Childlight, con 245.31 reportes y avisos por cada 10,000 habitantes durante 2025.
El promedio regional se situó en 52.1 por cada 10,000 habitantes. Esta tasa combina las denuncias de sospechas de abuso o de agresores, junto con los avisos sobre material almacenado, ajustados según la población de cada país.
Panamá concentró la mayor parte del material alojado
El reporte titulado Into the Light Index on Global Child Sexual Exploitation and Abuse 2026 señala que Panamá representó el caso más atípico de América Latina y el Caribe en las mediciones sobre la presencia de este tipo de contenido.
La Internet Watch Foundation identificó entre el 98.3% y el 99.9% del material detectado en la región como alojado en territorio panameño. Por su parte, la red INHOPE registró proporciones que oscilaron entre 42.9% y 99.7%.
Ambas organizaciones cuantifican el volumen de material hospedado en un país. Childlight indicó que estos resultados evidencian que una porción significativa del contenido localizado en América Latina y el Caribe se encontraba almacenada en Panamá.
El documento agrega que se requiere un análisis complementario para identificar los factores que originaron esa concentración.
Las cifras y los cálculos de tasas reflejan el material detectado o denunciado dentro de los alcances y los mecanismos de notificación de cada fuente. No miden la prevalencia nacional de explotación y abuso sexual infantil ni ofrecen una base confiable para jerarquizar a los países según los niveles reales de abuso.

República Dominitaria registró la segunda tasa más alta
República Dominicana presentó 157.23 reportes y avisos por cada 10,000 habitantes en 2025, ubicándose como la segunda tasa más elevada entre los países de la región analizados.
La tasa evolucionó desde 90.66 en 2023 hasta 69.14 en 2024. El informe también documentó variaciones en los reportes remitidos al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos (NCMEC).
Los reportes vinculados con República Dominicana saltaron de 79,020 en 2024 a 181,140 en 2025, un incremento superior a los 100,000 casos. El informe atribuye este cambio a un aumento en las denuncias.
Los datos sobre material de abuso sexual infantil relacionados con ese país se limitaron a reportes del NCMEC y a información sobre posesión de archivos en redes de intercambio. El documento no contó con datos de alojamiento provenientes de INHOPE ni de la Internet Watch Foundation.

Childlight señaló que la tasa elevada sugiere un alto nivel de actividad preocupante vinculada con este material en plataformas tecnológicas por parte de usuarios dominicanos. El reporte añade que se necesita una exploración más profunda con fuentes de datos regionales para comprender la magnitud del daño.
El Salvador superó el promedio regional
El Salvador alcanzó una tasa de 58.60 reportes y avisos por cada 10,000 habitantes, por encima del promedio regional de 52.1.
Costa Rica registró 42.19. El informe indica que en 2024 el país experimentó un aumento en el volumen de material alojado según los datos de INHOPE. Ese incremento elevó en 10% la proporción regional correspondiente a Costa Rica respecto al año anterior, según el análisis de Childlight.
En Guatemala, la tasa fue de 39.89; en Nicaragua, de 34.58; y en Honduras, de 30.90.
El informe advierte que los registros bajos o inexistentes pueden reflejar una capacidad limitada de detección o de reporte, y no necesariamente niveles bajos de daño.

Encuestas revelan otra dimensión del problema
Las encuestas representativas permiten estimar la frecuencia de la explotación y el abuso sexual infantil en la población general. En cambio, los datos sobre material de abuso sexual infantil muestran el volumen y la escala relativa del contenido detectado o reportado dentro de la cobertura de cada fuente.
En América Latina y el Caribe, Childlight estimó que el 23% de las mujeres y el 17.6% de los varones experimentó alguna forma de explotación o abuso sexual infantil fuera de internet antes de los 18 años.
En cuanto a los abusos facilitados por tecnología, el 11.4% de los niños de la región reportó solicitudes sexuales en línea durante el año previo a la recolección de datos. La exposición a contenido sexual no deseado alcanzó al 16.2% de los niños en América Latina y el Caribe.
Para estas estimaciones, el índice analizó 15 estudios de nueve países. El análisis de las formas de explotación y abuso sexual infantil fuera de internet reunió 92 estudios realizados en 23 países de la región.
Sistemas policiales muestran brechas de recursos
Entre los 24 países y territorios de América Latina y el Caribe que respondieron la encuesta sobre fortalecimiento de sistemas, el 83.3% informó que disponía de una capacidad investigativa especializada en explotación y abuso sexual infantil.

Sin embargo, el 41.7% reportó que no tenía analistas dedicados a las investigaciones sobre abuso sexual infantil en línea. Otro 8.3% indicó que no sabía si contaba con esa capacidad.
La evaluación sobre capacidad forense digital mostró que el 25% de los países y territorios encuestados podía procesar todos los casos de explotación sexual infantil en línea dentro de 12 meses. El 20.8% indicó que tenía capacidad para procesar hasta una cuarta parte de los casos durante ese período, mientras que el 16.7% reportó una capacidad inexistente o limitada.
Childlight señaló que estos resultados sugieren que numerosas jurisdicciones pueden enfrentar dificultades para examinar pruebas digitales y responder al aumento del volumen y la complejidad de las investigaciones relacionadas con delitos facilitados por tecnología.
Rutas de derivación y líneas de denuncia afectan la respuesta
El 45.1% de los 54 países y territorios de América Latina y el Caribe evaluados recibía de forma indirecta las derivaciones del NCMEC. Esos reportes llegaban primero a otra organización, como una embajada o un socio internacional de las fuerzas de seguridad.

El informe señala que esa modalidad puede llevar a que las autoridades no reciban ni revisen todos los reportes vinculados con sus países. También puede limitar su visibilidad sobre la forma en que las entidades intermediarias clasifican, evalúan y priorizan las denuncias.
La red INHOPE mostró diferencias en los tiempos de retiro del material. En los países donde había una línea miembro, la primera retirada se lograba en un promedio de 1.4 días. En los países donde se detectaba contenido alojado sin una línea miembro, el promedio para la primera retirada era de 41 días. Childlight sostuvo que esa diferencia muestra el valor de los sistemas de denuncia y retiro de contenido especializado.
Fuente: Infobae