El sistema carcelario de Argentina está viviendo una transformación histórica con la apertura de tres nuevos complejos de máxima seguridad. El Complejo Penitenciario Federal VIII (CPF VIII) de Marcos Paz, que recibe a los internos trasladados desde la antigua cárcel de Villa Devoto; el Complejo Penitenciario Federal de Agote, en Mercedes, provincia de Buenos Aires, aún bajo el Servicio Penitenciario Federal; y el Centro de Reclusión para Internos de Alto Perfil (CERIAP), conocido popularmente como “el infierno” en Santa Fe, marcan un punto de inflexión en la agenda de seguridad pública.
Sin embargo, este impulso de inauguraciones y traspasos jurisdiccionales plantea una pregunta clave: ¿realmente estamos construyendo el sistema penitenciario del siglo XXI o simplemente trasladamos los problemas estructurales del siglo pasado a edificios nuevos con viejas lógicas? La coincidencia de estos hitos en los ámbitos federal y provincial hace urgente una reflexión profunda sobre la infraestructura carcelaria argentina a nivel del Sistema Penitenciario Nacional.
La evidencia muestra que trasladar a la población penal desde el centro urbano porteño a la periferia, o aislar a líderes narcocriminales en pabellones de alto perfil, será insuficiente si las nuevas estructuras no incorporan un cambio de paradigma tecnológico y de inteligencia criminal. Las organizaciones delictivas ya no operan por proximidad geográfica; se manejan con herramientas tecnológicas de vanguardia, comunicaciones encriptadas e ingeniería financiera digital.
En este escenario, el concepto de Smart Prisons (Prisiones Inteligentes) ha dejado de ser un lujo escandinavo para convertirse en una necesidad de supervivencia institucional. Si las nuevas unidades de Marcos Paz, Agote y el CERIAP no incorporan de forma nativa la analítica predictiva por inteligencia artificial, la clasificación actuarial dinámica por riesgos y necesidades especiales, y la trazabilidad digital inalterable, se corre el riesgo de perpetuar la lógica del cemento ciego frente a corporaciones criminales hiperconectadas.
La paradoja de la “cárcel búnker” y el agotamiento de la seguridad estática
Durante más de un siglo, la arquitectura penitenciaria se basó en una premisa física: neutralizar el delito conteniendo el cuerpo del delincuente. Muros de alta densidad, cerrojos mecánicos, concertinas y garitas panópticas eran el horizonte técnico. Pero en el siglo XXI, las investigaciones judiciales han demolido ese supuesto. La cárcel tradicional ya no interrumpe el delito; al contrario, ofrece el resguardo donde el crimen organizado se reorganiza, gerencia mercados ilegales y planifica operaciones extramuros.
El fenómeno de la “cárcel búnker” es hoy la anomalía más crítica de la seguridad pública. Sicariatos, extorsiones, balaceras contra sedes judiciales y gobernanza criminal de barrios enteros se ordenan desde una celda. La hiperconectividad global ha barrido la idea de fortaleza de las barreras perimetrales. Mientras las organizaciones criminales mutan hacia estructuras reticulares con criptoactivos y presupuestos virtuales, los Estados siguen respondiendo con herramientas analógicas.
En Argentina, esta vulnerabilidad se amplifica por dos factores: la fragmentación operativa del Sistema Penitenciario Nacional y la obsolescencia normativa de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660. Sancionada en 1996, esta ley fue un avance humanitario para su época, pero fue diseñada bajo conceptos criminológicos pensados para el delincuente individual del siglo XX. Al ser una ley de adhesión, nunca hubo una unificación real entre el Servicio Penitenciario Federal y los provinciales. Esto generó paradojas: mientras algunas provincias prohibían la telefonía móvil, otras autorizaban su portación irrestricta. Además, la falta de un sistema de perfilado actuarial provoca una doble criminalización de los más vulnerables, al alojar bajo el mismo régimen a líderes narcocriminales junto a personas con delitos menores.
Los recursos tratamentales para los vulnerables son parasitados por las mafias. Sostener que la única finalidad penitenciaria es la reinserción social, ignorando su rol en la prevención del delito, es ingenuo o negligente. Es aquí donde irrumpe el paradigma de la Smart Prison, que resume la convergencia entre arquitectura industrializada, sensorización integral, algoritmos predictivos de IA y clasificación científica por riesgos y necesidades.
Del hormigón a la celda digital: arquitectura DfMA y gemelos virtuales
El debate sobre la crisis carcelaria estuvo atrapado en un reduccionismo cuantitativo: construir más plazas para aliviar el hacinamiento. Pero el interrogante central ya no es cuántas cárceles construir, sino cómo construirlas para que el delito organizado no las coopte.
Una Smart Prison auténtica no consiste en adosar cámaras a edificios viejos. Es un cambio epistemológico: traducir la seguridad dinámica al lenguaje de los datos. A nivel global, esta revolución se apoya en dos columnas: la metodología DfMA (Design for Manufacture and Assembly) y los Gemelos Digitales (Digital Twins).
La metodología DfMA ha revolucionado la ingeniería penitenciaria. En lugar de construir in situ con errores de obra, los módulos se fabrican en plantas industriales y se ensamblan en el terreno con precisión milimétrica. El Ministerio de Justicia del Reino Unido es el referente mundial con su modelo Platform Prison Design and Build. La cárcel HMP Five Wells (Northamptonshire), caso emblemático, combinó diseño estandarizado en un 80% con fabricación fuera de obra: 15.183 paneles estructurales y más de 60.000 subcomponentes producidos en fábrica, con canalizaciones eléctricas y de fibra óptica integradas. Su diseño eliminó pabellones largos por pasillos cortos con líneas visuales limpias, sectores de baja densidad y sistemas anti-drones, reduciendo la violencia cotidiana.
Un edificio mal concebido obliga al Estado a compensar con más guardias y requisas. Un módulo DfMA elimina huecos donde se ocultan armas, impide sabotajes de cañerías y asegura que los sensores funcionen sin interferencias.
El gemelo digital (Digital Twin) y la trazabilidad en blockchain
La arquitectura industrializada alcanza su dimensión inteligente cuando se conecta a un Gemelo Digital: una réplica virtual y dinámica de todo el establecimiento, alimentada por miles de sensores del Internet de las Cosas (IoT). Cada panel de hormigón, esclusa, cerradura biométrica y desplazamiento tiene su contraparte exacta en el modelo virtual.
El Gemelo Digital constituye el panóptico del siglo XXI, pero no se limita a vigilar pasivamente: convierte la cárcel en un organismo vivo que detecta, anticipa y aprende mediante algoritmos de Machine Learning. Permite la transición de la seguridad reactiva (intervenir cuando el crimen ya ocurrió) a la seguridad predictiva. El gemelo identifica aglomeraciones inusuales, velocidades de desplazamiento sospechosas o permanencias prolongadas en zonas críticas. Además, los jefes de seguridad pueden simular incendios, motines o tomas de rehenes antes de dar órdenes físicas. Cada apertura remota de celda, cada ingreso de funcionario y cada entrega de medicación queda grabado en una bitácora digital respaldada en cadena de bloques (blockchain). Esta trazabilidad total elimina la discrecionalidad operativa y disuade la corrupción, pues ningún agente puede alterar o borrar el libro de novedades.
Clasificación por riesgos, perfilado actuarial y gestión de la Justicia 4.0
El corazón intelectual de la Smart Prison está en la interacción entre los datos y los algoritmos de clasificación por riesgos y necesidades especiales. En Argentina, este debate cobró vigor bajo el concepto de “Justicia 4.0”, plasmado en la obra colectiva “¿Puedo ir preso? Tratado sobre la privación de la libertad del inculpado durante un proceso penal”, dirigida por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y coordinada por Laura Kvitko y Julián Rubinska, con aportes de Nicolás Aguinsky, David Mielnik y Juan Manuel Garay.
Tradicionalmente, la decisión de dictar prisión preventiva o clasificar a un detenido ha estado teñida de subjetividad y disparidad de criterios. Los sistemas de evaluación de riesgos asistidos por IA —como el conocido algoritmo COMPAS en Estados Unidos— procesan grandes volúmenes de datos para calcular objetivamente el riesgo de fuga o de reincidencia violenta. Aplicada con rigor metodológico y auditoría humana, esta tecnología produce un doble efecto ordenador: por un lado, identifica a imputados de bajo riesgo que pueden ser procesados con medidas alternativas como monitoreo electrónico, descomprimiendo la sobrepoblación carcelaria. Por otro lado, una vez que el interno ingresa al establecimiento, el algoritmo de clasificación impide la mezcla indiscriminada, cruzando antecedentes judiciales, vínculos criminales, informes financieros y perfil psicológico para asignar el módulo exacto de alojamiento. Así se corta de raíz el reclutamiento intracarcelario y la contaminación criminógena entre delincuentes ocasionales y miembros de carteles.
Para finalizar, la seguridad pública de una sociedad democrática comienza a construirse o a desmoronarse en el interior de sus prisiones. La tecnología por sí sola no resuelve la ausencia de política criminal, pero hoy es imposible concebir una política criminal eficaz sin ella. Pasar de los límites perimetrales “analógicos” al hormigón inteligente y del arbitrio burocrático a la precisión algorítmica con garantías humanas no es una fantasía futurista: es la única respuesta racional para que el Estado consolide el control de sus cárceles y cumpla con el mandato constitucional de proteger a la ciudadanía y procurar una verdadera readaptación social.
Fuente: Infobae