Las presiones para resolver casos en el sistema judicial, la entrega de sobornos y un “secreto a voces” respecto al proceder judicial en instancias públicas, como Petroecuador, es lo que reveló un exjuez de Esmeraldas y actual juez de Sucumbíos, Bolívar Pinos, en el testimonio anticipado rendido en el caso Blindado, proceso penal en el que es investigado, por el delito de lavado de activos, junto con el alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otros.
El testimonio anticipado del juez Pinos fue receptado de forma reservada, el 14 de octubre pasado, y se integró al expediente de la causa que investiga a una “estructura criminal estratégicamente organizada” para la obtención y beneficio de forma sistemática de fondos estatales a través del abuso y desnaturalización de garantías jurisdiccionales.
Menos de una hora duró el testimonio de Pinos ante la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho, el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, y los catorce restantes procesados y sus defensas.
El testimonio anticipado se dio luego de que el 1 de octubre pasado se cerraron los 120 días de instrucción fiscal en el caso Blindado, fase en la que se obtienen elementos de cargo y de descargo, respecto a la acusación.
Una vez se dio este cierre, la jueza Camacho dispuso que el 18 de noviembre próximo se realice la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el alcalde Vicko Villacís, Pinos y otras trece personas naturales y tres personas jurídicas (empresas) acusadas de lavado de activos.
El recuento de los hechos:
Pinos comenzó relatando su ingreso a la Función Judicial. Aclaró que por disposición y resolución del pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) fue ubicado como juez temporal en la Unidad Judicial Multicompetente de Atacames, en Esmeraldas, donde empezó el 10 de mayo de 2021 y concluyó sus funciones el 31 de octubre de 2022. Él se habría encargado del despacho las causas de la jueza Lorena Torres y dentro de sus funciones despachó todas las causas que tenía, incluyendo depuración de causas y despacho de escritos.
Luego, por resolución del pleno de la Judicatura fue nombrado juez permanente en la Unidad Judicial Especializada de Violencia Contra la Mujer en el cantón Lago Agrio, en Sucumbíos, en donde, anotó, sigue en funciones, pues no ha sido suspendido ni destituido por el CJ.
El inicio de las irregularidades:
Como juez de Atacames, conforme a sus funciones asignadas, Pinos habría tomado sus vacaciones anuales del 30 de mayo al 13 de junio de 2022. Dentro de ese periodo de vacaciones, su despacho quedó a cargo de Simón Bolívar Moreno Samaniego, también procesado en el caso Blindado.
Mientras estaba el juez Moreno a cargo de las causas de Pinos, el 7 de junio de 2022 ingresó por sorteo una acción de protección seguida por Andrés Rojas Ulloa, en nombre de 96 accionantes, en contra de la Empresa Pública Petroecuador. Un día después, el juez encargado habría realizado el análisis de competencia y procedió a calificar la demanda de acción de protección en cuestión.
“Al retorno de mis vacaciones anuales, al incorporarme al despacho verifico la existencia de la acción de protección antes referida y que la audiencia no se había celebrado por petición de Petroecuador, habiendo el propio juez encargado el día 13 de junio de 2022 convocado a una nueva audiencia para el 24 de junio de 2022”, explicó el testigo protegido.
Por situaciones relacionadas con el paro nacional de junio de 2022, el juez Pinos no pudo viajar a Atacames. Ante la ausencia del juez titular, no se dio la diligencia del 24 de junio y Moreno Samaniego volvió a convocar a audiencia para el 28 de junio.
El 27 de junio de 2022, Pinos se incorporó a sus funciones, verificando que dentro de la acción de protección existía un nuevo pedido de diferimiento de la audiencia por parte de los abogados de Petroecuador y solicitud de prueba con respecto al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al historial laboral del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de los 96 accionantes. Con ese pedido, el juez Pinos difirió la audiencia de acción de protección para el 1de julio de 2022 y dispuso que se oficiara al CNE y al IESS para que remitieran la prueba.
El pedido para fallar en contra de Petroecuador:
“El mismo día después de haber dictado esa providencia, llegó el señor Jonathan Monte Baguí a mi despacho para tratar de hablar sobre esa acción de protección, a lo cual en primera instancia pedí que se retire de mi despacho. Posteriormente, empezó un acoso sistemático para poder acceder a mi despacho, porque el señor Jonathan Monte Baguí era técnico de ventanilla de la Unidad Judicial de Atacames; por lo tanto, podía ingresar a los despachos para el ingreso o verificación de causas. Es así que, en una tercera ocasión de ese mismo día y del acoso del señor Jonathan Monte Baguí, ingresó a mi oficina indicándome que quería hablar sobre la audiencia de la acción de protección que estaba para el viernes 1 de julio de 2022. Le dije que por favor se retire de mi despacho, y en ese momento él pidió que lo que necesita es que se pase la audiencia y se resuelva la acción de protección en favor de los accionantes, porque Petroecuador no iba a presentar ninguna prueba de las solicitadas en la demanda por parte de los accionantes”, recordó el juez Bolívar Pinos.
Jonathan Geovanny Monte Baguí es un exfuncionario del CJ, quien, en la ciudad de Atacames, Esmeraldas, laboraba como técnico de ventanilla de la Unidad Judicial de la zona. Él hizo parte de la formulación de cargos hecha a inicios de junio pasado en contra de varias personas naturales, entre ellas Villacís y Pinos, al considerarlos autores directos del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La causa se inició en manos de fiscales y jueces sin fuero de Corte Nacional y, para la vinculación de inicios de septiembre último, que incluyó a jueces de la Corte Provincial de Esmeraldas, el procesamiento pasó a la jueza de la Corte Nacional y a la jueza Daniella Camacho.
La entrega de dinero y “los secretos a voces”:
Ante lo solicitado por Monte Baguí, el entonces juez de Atacames le habría indicado que era su obligación pasar la audiencia y que él no podía solicitarle esas situaciones, pues él, le dijo, tenía que resolver con base en las circunstancias que puedan pasar en la audiencia, escuchando a los abogados y a los procesados.
“Insistió diciéndome que se tiene que resolver en base de que no se va a presentar ninguna prueba por parte de Petroecuador, procediendo a retirarse de mi oficina. En horas de la tarde, aproximadamente 16:45, 16:50, previo a la salida de la Unidad Judicial, llegó nuevamente el señor Jonathan Monte Baguí a mi oficina y me entregó un sobre manila y dentro contenía la cantidad de $ 5.000, manifestándome que eso era por el tema de la audiencia que habló en la mañana”, contó a la sala el hoy exjuez de Atacames.
Bolívar Pinos recordó que en ese momento su reacción fue de sorpresa, porque inmediatamente el señor Jonathan Monte Baguí se retiró de la oficina. “¿Por qué reacción de sorpresa y miedo, señora jueza? Porque efectivamente era un secreto a voces a nivel de la provincia de Esmeraldas, y no solo de la provincia de Esmeraldas, sino de Santo Domingo, Santa Elena, donde por lo general vinculaba Petroecuador, que propios funcionarios de Petroecuador, incluyendo los abogados, siempre perdían este tipo de juicios o acciones de protección, en lo principal el Mandato 8 o algunos contratos que mantenía la empresa pública. ¿Cuál era este secreto a voces, señora jueza? Que Petroecuador, a través de sus funcionarios, sabía que personas podían ingresar en el tema del Mandato 8 para poder demandar a la institución pública, del mismo modo que los propios abogados de Petroecuador no presentaban pruebas en los procesos judiciales, que no presentaban recursos de apelación, que, si presentaban los recursos de apelación, desistían de los recursos de apelación, que parte de ellos recibían un porcentaje de los valores que se recuperaban dentro de las acciones de protección”.
Otros secretos a voces en la tramitación de causas contra Petroecuador:
Otro “secreto a voces” que recordó el juez Pinos fue que, entre las apelaciones que presentaba Petroecuador, todas salían ratificadas de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas. También, sostuvo, ninguna de las acciones extraordinarias de protección que presentaba Petroecuador era admitida a trámite de la Corte Constitucional (CC) y tampoco ninguna de ellas llegaba a la sala de revisión de la CC para análisis de jurisprudencia por revisión.
El día de los hechos, Pinos asegura que se retiró de su oficina con una “pseudotranquilidad”. El dinero recibido lo llevó a su casa y lo guardó.
Conforme a la convocatoria, el 1 de julio de 2022, el juez instaló la audiencia de acción de protección, la cual se celebró de manera mixta, de manera presencial y de manera telemática. Tal cual como se le había anticipado el 27 de junio, Petroecuador no presentó ninguna prueba requerida en el índice de demanda. Ante esa situación y a efectos de precautelar el derecho a la defensa de Petroecuador, Pinos suspendió la audiencia y abrió un término probatorio de ocho días, disponiendo a Petroecuador que presente la prueba requerida por la parte accionante, así como para recopilar la prueba pendiente de Petroecuador con respecto al IESS y al CNE.
Petroecuador y la falta de presentación de prueba:
“El 22 de julio de 2022, una vez instalada la audiencia y revisado y escuchado los alegatos de las partes procesales de dicha audiencia, procedo a emitir mi sentencia de manera oral (…), aceptando la acción de protección planteada por los 96 accionantes a través de su procurador común, el señor Andrés Rojas Ulloa, declarando la vulneración de los derechos constitucionales alegados en la seguridad política, igualdad formal y material. Asimismo dispongo, como medida de reparación integral, el cumplimiento del Mandato Constituyente número 8, que se encuentra vigente, lo cual le correspondía a la entidad pública en su debido momento, disponiendo que todas las actuaciones de las personas accionantes sean liquidadas por las respectivas unidades de talento humano, la unidad que corresponda de Petroecuador. Y que, en caso de existir valores, también sean liquidados por esto respecto a sueldos, salarios o demás compensaciones que puedan existir, y que en este sentido, en caso de que no lo ejecute la empresa pública, se lo realice inicialmente”, explicó Pinos.
La sentencia por escrito de este caso fue notificada por el juez Pinos el 15 de agosto de 2022. En el respectivo análisis motivacional respecto de los derechos constitucionales alegados por las partes procesales, el respectivo análisis de prueba, en lo principal se detalla la falta de presentación de la prueba por parte de Petroecuador, pues, al tratarse de una presunta violación del derecho a la igualdad formal, debía ser probado que esto no se dio por parte de Petroecuador. Sin embargo, dijo el juez, no existió la prueba plena para tal efecto.
Petroecuador presentó el pedido de aclaración y ampliación, el cual fue negado. El expediente fue elevado a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas para que se continúe con el trámite. Paralelamente, la parte accionante, Andrés Rojas Ulloa como procurador común y sus defensas, solicitaron el inicio de la ejecución y los seguimientos por parte de la Defensoría del Pueblo para el cumplimiento de la sentencia.
El expediente llegó a la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas y se radicó en los jueces Genaro Reinoso, Juan Francisco Morales y Juan Jaramillo Salinas, magistrados que fueron vinculados al caso Blindado el 1 de septiembre pasado. Sin perjuicio de que se haya presentado la apelación, la tramitación de este recurso no suspende el trámite de ejecución de las sentencias, por lo que los accionantes requerían el cumplimiento de la sentencia por parte de Petroecuador.
El 1 de septiembre pasado se vinculó al caso Blindado a los jueces de la Corte de Justicia de Esmeraldas Genaro Reinoso Cañote, Juan Francisco Morales, Juan Agustín Jaramillo Salinas, Luis Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre; a Simón Bolívar Moreno, en la fecha de los hechos juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Atacames; como persona natural a Iván Sol González; mientras que como personas jurídicas a Reypezpacific S. A., Reysolutionwash S. A. y Teknhikmec S. A.
La orden de pago de millonarias indemnizaciones contra Petroecuador:
El último día de funciones en Atacames del juez Bolívar Pinos fue el 31 de octubre de 2022. Ese día el magistrado evacuó todos los escritos que se encontraban pendientes dentro de la acción de protección contra Petroecuador.
“Al salir de funciones de la Unidad de Atacames me desconecté de dicho proceso. Sin embargo, en noviembre de 2023 recibo una llamada del secretario de la Unidad Judicial de Atacames indicándome que había sido admitida a trámite una acción extraordinaria de protección en contra de mi sentencia emitida el 15 de agosto de 2022 por parte de la CC y me solicitaba que presente el informe de descargo solicitado. Para preparar mi informe y poder ejercer mi derecho de defensa, procedí a revisar ese expediente judicial, que es lo que había pasado posterior a mi salida”, indicó Pinos.
Entre la información que encontró estaba que el 5 de junio de 2023 los jueces Genaro Reynoso, Juan Jaramillo y Juan Francisco Morales ratificaron su sentencia de primera instancia. Además, verificando las actuaciones en la fase de ejecución ubicó que, el 1 de diciembre de 2023, Andrés Salcedo Tomalá, juez de reemplazo en el despacho de Pinos, había emitido un mandamiento de ejecución requiriendo a Petroecuador el pago de $ 30 millones, esto tomando en cuenta el informe pericial presentado.
También habrían existido varios requerimientos de cumplimiento, ejecución de medidas correctivas o coercitivas establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial. En esa línea, el juez verificó que el 9 de enero de 2023 se había consignado por parte de Petroecuador la cantidad de $ 15 millones en las cuentas de Ban Ecuador.
La decisión de la Corte Constitucional respecto al caso:
Posteriormente, el 23 de enero de 2023 se había dispuesto por parte del juez Salcedo Tomalá el pago y la emisión del certificado de depósitos judiciales a cada uno de los accionantes de la acción de protección y demás participantes en el proceso judicial.
En la respuesta que el juez Bolívar Pinos le entregó a la CC él hace notar que en sentencia por escrito del 15 de agosto de 2022 no definió la cantidad de pago en favor de los accionantes, sino que eso fue posterior a su salida de la Unidad Judicial de Atacames.
En noviembre de 2023, la CC emitió la sentencia sobre la acción extraordinaria de protección planteada. El juez ponente Enrique Herrería Bonet aceptó la acción propuesta por Petroecuador, estableciendo un precedente judicial obligatorio respecto a la competencia territorial con base en los procuradores comunes que participen en acciones de protección en contra de cualquier entidad del Estado, y asimismo dejó sin efecto la sentencia de primera instancia, ordenando la devolución de los valores que hayan sido cancelados por Petroecuador a favor de los beneficiarios de la acción de protección.
Por otra parte, la CC definió el error inexcusable de los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas Genaro Reynoso, Juan Jaramillo y Juan Francisco Morales, así como también dispuso remitir el expediente a Fiscalía para el inicio de las investigaciones que correspondan por presumirse un delito de prevaricato efectuado por los jueces Bolívar Pinos y Andrés Salcedo Tomalá. (I)
Fuente: El Universo