Una organización criminal dedicada al tráfico de migrantes cubanos fue desmantelada en el estado de Florida, y sus integrantes recibieron sentencias de prisión. Una pesquisa a nivel federal descubrió un esquema de fraude migratorio, lavado de dinero y cobros de hasta USD 40.000 por introducir ilegalmente a personas en Estados Unidos y gestionar peticiones de asilo fraudulentas, según informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
Las condenas recayeron sobre seis individuos — cinco ciudadanos cubanos y un residente de Florida — quienes recibieron penas de entre dos y cuatro años de prisión. La cabecilla operativa, Liannys Yaiselys Vega-Perez, de 27 años, fue sentenciada a cuatro años de cárcel tras admitir su culpabilidad por conspiración para tráfico de migrantes con fines de lucro, fraude de asilo, lavado internacional de dinero y ocultamiento de fondos ilícitos. Esta es la sanción más severa dentro del grupo.
Reclutamiento en Cuba mediante redes sociales
De acuerdo con documentos judiciales, la banda captaba a sus clientes a través de anuncios en diversas plataformas de redes sociales dirigidas a ciudadanos cubanos que residían en la isla. Los servicios ofertados comprendían el ingreso ilegal al país cruzando la frontera sur y el uso de autorizaciones de viaje electrónicas (ESTA, por sus siglas en inglés) obtenidas de manera fraudulenta para entrar por puertos de entrada oficiales.
Los cubanos no son elegibles para el programa ESTA, que permite a ciudadanos de ciertos países ingresar a Estados Unidos sin visa. Para sortear ese obstáculo, la red presentó cientos de solicitudes ESTA falsas ante la Aduana y Protección Fronteriza (CBP), con domicilios inventados y declaraciones falsas que afirmaban que los solicitantes no habían estado en Cuba desde 2011.
Los precios oscilaban entre USD 1.500 y USD 40.000 según el servicio contratado. Para transportar grupos numerosos, la organización llegó a fletar aviones privados.
Envío de pasaportes por correo y empresas fantasma para el lavado
Cada miembro de la red desempeñaba un rol específico. Miguel Martinez Vasconcelos, de 31 años, financiaba la compra de vuelos chárter y transfirió al menos USD 150.000 a empresas fuera de Estados Unidos para sostener las operaciones. Fue condenado a dos años de prisión.
Layra Libertad Treto Santos, de 30 años, presentó solicitudes de asilo fraudulentas como empleada y gerente del negocio de servicios migratorios, y además utilizó la propia red para ingresar ilegalmente junto a familiares. Recibió una condena de dos años y medio.
Luis Emmanuel Escalona-Marrero, de 32 años, coordinó desde Estados Unidos el envío de pasaportes cubanos desde México por correo postal, con el objetivo de evitar que fueran incautados en la frontera y poder usarlos luego para solicitar asilo. También creó una empresa fantasma para canalizar los fondos del tráfico y ocultar su origen. Su sentencia fue de dos años y medio.
Walbis Pozo-Dutel, de 32 años, gestionó la logística de traslado de los migrantes — hoteles, vuelos y rutas — e instruyó a los viajeros sobre qué responder si eran interrogados por agentes de la CBP. Emanuel Martinez Gonzalez, de 29 años, coordinó el arribo de los migrantes a suelo estadounidense y recibió pagos directamente de ellos. Ambos fueron condenados a dos años de prisión.
Más de USD 22 millones lavados entre 2021 y 2025
Entre julio de 2022 y noviembre de 2024, la organización gastó más de USD 600.000 en vuelos comerciales con una sola aerolínea para mover migrantes. En el período total investigado, que abarca desde 2021 hasta 2025, el monto total lavado superó los USD 22 millones.
Los tribunales ordenaron la confiscación de bienes a tres de los condenados: Escalona-Marrero deberá entregar USD 2,9 millones; Vasconcelos, USD 150.000; y Treto Santos, USD 95.000.
Dos acusados prófugos y otros a la espera de condena
El caso involucra a un total de 12 personas incluidas en una acusación formal ampliada. Además de los seis ya sentenciados, Yuniel Lima-Santos y Gisleivy Peralta Consuegra se declararon culpables y esperan su condena. Erik Ventura-Castro fue sentenciado en julio a 30 meses de prisión, y Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez fue hallado culpable tras un juicio en septiembre y también aguarda su pena.
Dos de los acusados — Marianny Lucia Lopez-Torres y Frandy Aragon-Diaz — permanecen prófugos.
“La sentencia de hoy es una advertencia clara para quienes buscan lucrarse explotando o abusando del sistema migratorio legal de Estados Unidos”, declaró el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph B. Edlow, según el comunicado de la agencia.
El caso fue investigado por la División de Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE, la agencia federal de control de inmigración y aduanas, la Patrulla Fronteriza, USCIS y el IRS, el organismo federal de recaudación impositiva de Estados Unidos, y es procesado por las abogadas Courtney Derry y Amanda Brown, de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Fuente: Infobae