Un informe presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) reveló que en el mes de octubre se cometieron en Cuba al menos 387 acciones represivas. De ellas, 30 fueron detenciones arbitrarias y 357 abusos contra activistas, opositores, periodistas independientes, líderes religiosos, presos políticos y ciudadanos que participaron en protestas pacíficas.
La organización, con sede en Madrid, informó este viernes que recibió un total de 73 denuncias presentadas por presos políticos, comunes y sus familias. El documento también contabilizó 145 acciones de vigilancia y cerco policial en viviendas, una metodología que, según el OCDH, buscaba restringir los desplazamientos de personas críticas al régimen e impedir su asistencia a actividades públicas, religiosas o judiciales.
Las provincias donde se concentraron más denuncias fueron La Habana, Matanzas y Villa Clara. El registro incluye amenazas, hostigamientos, citaciones policiales y pedidos fiscales contra ciudadanos procesados por publicaciones en redes sociales, participación en protestas y otras acciones.
“El régimen aumenta la represión para que los activistas abandonen el país, para intimidar a la población y presionar a Estados Unidos y a la Unión Europea”, sostuvo Yaxys Cires, director de Estrategias del OCDH.
El dirigente agregó que esas acciones no resolverán “la grave crisis estructural ni las desconfianzas dentro de la propia élite”.
Detenciones contra activistas, periodistas y manifestantes del 11J
Las detenciones arbitrarias documentadas durante el mes afectaron principalmente a activistas, opositores, expresos políticos, periodistas independientes y personas que reclamaban por la situación del país. Entre los casos señalados por la organización figuran los de los expresos políticos Alexander Díaz Rodríguez y Guillermo “Coco” Fariñas Hernández, así como los activistas Mario Alberto Hernández Leyva y José Antonio Riquenes Rodríguez.
También fueron detenidos Abdiel Cedeño Martínez y Dairon Yunior Labrada Linares, manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021, mientras cumplían con obligaciones de presentación impuestas después de sus excarcelaciones, según el informe.
El OCDH destacó además el arresto del pastor evangélico Rolando Fidel Pérez Lora, conocido como “Pregonero de Cristo”. De acuerdo con la denuncia, agentes de la Policía Nacional Revolucionaria lo detuvieron el 1 de octubre cuando se dirigía al Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este para acompañar a la activista Anna Sofía Benítez Silvente, conocida como Anna Bensi, y a su madre, Caridad Silvente, durante el juicio contra ambas.
La entidad indicó que esa jornada estuvo marcada por controles, restricciones de movimiento y arrestos contra personas que buscaban asistir a la audiencia. Entre quienes habrían sufrido cercos policiales estuvieron las periodistas Camila Acosta y Yoani Sánchez, el escritor Ángel Santiesteban-Prats, el periodista Reinaldo Escobar, la líder de las Damas de Blanco Berta Soler y el expreso político Ángel Moya.
Abusos contra presos políticos
El relevamiento documentó al menos 63 abusos contra presos políticos durante octubre. Las denuncias incluyeron agresiones físicas, amenazas, aislamiento en celdas de castigo, falta de atención médica y medicamentos, restricciones de contacto con familiares, traslados arbitrarios y condiciones de reclusión que comprometerían la salud de los detenidos.
Entre los casos señalados aparecen los de Carlos Alain Abrahantes Valdés, Ediolvis Marín Mora y Virgilio Mantilla Arango, quienes denunciaron castigos, incomunicación y falta de asistencia médica en cárceles de Camagüey. El informe también consignó agresiones contra Yandi Dita Rodríguez y Roilán Álvarez Rensoler, así como el aislamiento prolongado del periodista independiente Henry Constantín Ferreiro.
El OCDH incluyó denuncias sobre amenazas de muerte contra Denys Hernández Ramírez y huelgas de hambre de Amaury Díaz García, Danisbel Labrada Morales y Yunaykis Linares Rodríguez, quienes protestaron por las condiciones de encierro y las restricciones penitenciarias.
La falta de atención médica fue otro de los puntos recurrentes. La organización mencionó las situaciones de Saylí Navarro Álvarez, Félix Navarro Rodríguez, Jorge Bello Domínguez y Ana Ibis Tristá Padilla, quienes tendrían dificultades para acceder a tratamientos especializados pese a sus problemas de salud.
Fiscalía pidió penas de hasta 13 años en causas vinculadas con protestas
Durante octubre, el observatorio documentó al menos 35 personas imputadas en cuatro procesos con peticiones fiscales. Las causas están relacionadas con publicaciones críticas en redes sociales, actividades de integrantes de la masonería y participación en manifestaciones ciudadanas.
En Granma, la Fiscalía solicitó penas de hasta diez años de prisión contra Yaquelín García Jaén, Daniel Barrios Figueredo, Ariel Eugenio Arzuaga Peña y Yoalis Mayelin Figueredo Carbonell, en un expediente vinculado con la difusión de videos críticos, conversaciones privadas y recargas telefónicas.
En Ciego de Ávila, la Fiscalía Provincial pidió condenas de hasta 13 años de privación de libertad para 18 personas imputadas por las protestas del 13 de marzo de 2026 en Morón. En Bayamo, por su parte, se solicitaron penas de hasta cinco años contra nueve ciudadanos procesados por la protesta popular del 23 de mayo de 2025.
El informe también registró citaciones a periodistas, activistas y colaboradores de iniciativas humanitarias, con denuncias de interrogatorios y amenazas de encarcelamiento. Entre los casos figuran los del periodista Jorge Enrique Rodríguez, el activista Adelth Bonne Gamboa y el expreso político Julián Mazola.
Fuente: Infobae