En Francia, la Asamblea Nacional rechazó el miércoles, por unanimidad, el primer bloque del proyecto de presupuesto para 2027, enfocado en los ingresos del Estado. Esto representa un nuevo tropiezo para el Gobierno del primer ministro Sébastien Lecornu y para el presidente Emmanuel Macron, quienes carecen de mayoría parlamentaria.
La votación arrojó 458 votos en contra y ninguno a favor, tras más de dos semanas de debates. El Ejecutivo centrista ya anticipaba este desenlace, pues las enmiendas de la oposición alteraron el equilibrio de la propuesta inicial.
Entre los cambios aprobados están la eliminación de una exención tributaria para instalaciones eólicas marinas, la restitución de la facturación electrónica obligatoria para autónomos y pequeñas empresas, y la creación de gravámenes para las grandes corporaciones.
El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, defendió antes de la votación la necesidad de combinar recortes de gasto con nuevas fuentes de ingresos para reducir el déficit público. El plan gubernamental contempla un ajuste de 54.000 millones de euros (unos USD 60 mil millones) y fija como meta un déficit del 5% del producto interior bruto para 2027.
Amiel declaró:
“No podemos decir que no a todos los ahorros ni a todos los ingresos cuando necesitamos ambas cosas para reducir nuestros déficits públicos”.
Añadió que aún hay margen para un pacto parlamentario sobre las cuentas fiscales, como ocurrió en 2024 y 2025.
Tras el rechazo en la Asamblea, el proyecto pasa al Senado, donde la mayoría conservadora y centrista podría aprobar una versión con cambios, como reducción de ingresos fiscales y recortes en el gasto. La falta de mayoría estable lleva al Gobierno a evaluar el uso del artículo 47 de la Constitución para aprobar el presupuesto mediante ordenanzas si las cámaras no se pronuncian dentro de los 70 días previstos. Este mecanismo, nunca aplicado desde la Quinta República, busca evitar un bloqueo de las cuentas públicas y preservar la continuidad financiera del Estado.
El recurso al artículo 49.3, que permite adoptar una ley sin votación, dejaría al primer ministro expuesto a una moción de censura, que podría derribar al Gobierno y frustrar la aprobación del presupuesto.
Durante la tramitación del año pasado, el Senado eliminó cerca de 8.000 millones de euros en ingresos fiscales adicionales que la Asamblea había incorporado al texto.
Huelga general de sindicatos
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció que 70.000 agentes reforzarán este jueves el dispositivo de seguridad ante la huelga general convocada por los sindicatos, luego de que los servicios de inteligencia detectaran riesgos de violencia durante las movilizaciones.
Nuñez explicó:
“Los servicios de inteligencia han detectado que hay movimientos de ultraizquierda que buscan participar en las manifestaciones sindicales para hacerlas degenerar con grupos violentos para atacar comercios”.
El Gobierno repetirá el despliegue aplicado los sábados 24 y 31 del mes pasado, cuando las fuerzas de seguridad redujeron los incidentes. Nuñez sostuvo que “nadie entendería” una disminución de las medidas, luego de los sucesos del 17 de octubre.
“Estamos decididos a mantener el orden público como lo hicimos en los dos últimos sábados. La de mañana es una jornada importante para los sindicatos y tiene que desarrollarse con calma. Si no es el caso, actuaremos con contundencia”, declaró el ministro. Nuñez indicó que las autoridades identificaron en redes sociales convocatorias “a cometer actos violentos, a la insurrección”. Enumeró tres riesgos principales:
- Enfrentamientos con la Policía
- Protestas fuera de control
- Ataques contra comercios y edificios públicos
Fuente: Infobae