El interés por el programa Casa 100 que permite que familias en situación de vulnerabilidad tengan un hogar propio se ha multiplicado por cien. En el país el déficit habitacional supera las 700.000 viviendas y esta iniciativa busca responder a esa necesidad con proyectos en distintas provincias, mediante la construcción de casas en terrenos de los beneficiarios, predios del Estado y espacios aportados por el sector privado.
A escala nacional son 2.720 viviendas entregadas y otras 2.355 están en ejecución, en esta cifra se incluyen 633 prefabricadas.
A finales de año se proyecta llegar a la meta de 5.075 casas en el marco de este plan, indicó el ministro de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque.
Casa 100 forma parte de la política habitacional del Gobierno y contempla la entrega de viviendas gratuitas a personas en situación de vulnerabilidad, en el marco de la Ley Orgánica de Vivienda de Interés Social.
La ampliación del registro de potenciales beneficiarios es uno de los avances del programa. Se pasó de contar con alrededor de 700 personas inscritas al inicio a más de 70.000 potenciales beneficiarios, luego de habilitar la inscripción en línea.
Anteriormente, las personas interesadas debían acudir a las direcciones distritales ubicadas en las capitales provinciales para completar los formularios, lo que dificultaba el acceso de familias que viven en zonas rurales y localidades alejadas.
“Antes, el límite para acelerar este proyecto era casi que conseguir beneficiarios, mientras hoy lo que nos sobran es beneficiarios, que se entiende es la lógica del déficit habitacional que tenemos”, señaló Luque.
Con una mayor cantidad de familias identificadas, el desafío se concentra en aumentar el número de casas construidas y entregadas. Según el ministro, desde que la cartera de Estado asumió la competencia de vivienda, hace algo más de un año, Casa 100 registraba un promedio de aproximadamente 90 viviendas entregadas mensualmente. Actualmente, el ritmo se ubica entre 120 y 130 unidades por mes.
“Hoy nosotros hemos aumentado eso por lo menos un 30, 40 %, pero tenemos que ir mucho más rápido para llegar a la meta que queremos en general de las 200.000 soluciones habitacionales”, indicó Luque.
Construcción, empleo y condiciones para ejecutar los proyectos
La expansión de la oferta habitacional también requiere coordinación con los gobiernos municipales, especialmente para obtener permisos de construcción y garantizar las condiciones exigidas dentro del programa.
Parte de las dificultades con algunos gobiernos autónomos descentralizados se centran en los trámites solicitados para autorizar las obras. Sin embargo, esto no ha frenado que las entregas avancen y se incremente la obra.
“Estos proyectos son prioritarios, evidentemente, porque implican vivienda para una familia, especialmente estos de aquí son para personas vulnerables”, sostuvo.
En Piñas, por ejemplo, familias afectadas por las lluvias de hace más de un año están próximas a recibir sus nuevas casas.
El ministro también señaló que los contratistas deben gestionar los permisos de construcción conforme a las disposiciones municipales y que los terrenos deben cumplir las condiciones necesarias para el uso residencial, incluidos los servicios básicos y las restricciones aplicables a zonas de riesgo.
En el componente técnico, las viviendas prefabricadas como las construidas mediante métodos tradicionales deben cumplir las normas de construcción vigentes en el país.
Además de ampliar el acceso a vivienda, el programa forma parte de una actividad constructiva que genera demanda de materiales, contratación de trabajadores y movimiento económico en los territorios donde se ejecutan las obras.
La cobertura en el país
La ejecución del programa contempla dos modalidades principales: viviendas construidas en terrenos de propiedad de los beneficiarios y proyectos desarrollados en predios urbanizados por el Estado.
La primera alternativa permite atender a familias que poseen un terreno, pero no cuentan con una vivienda adecuada. También facilita la intervención en zonas rurales y alejadas, donde la disponibilidad de terrenos estatales para proyectos habitacionales puede ser limitada.
“Una de las prioridades ha sido atender el tema de casas en terreno propio de los beneficiarios”, manifestó el ministro.
Luque explicó que esta modalidad reduce la necesidad de extender la mancha urbana y puede representar menores costos de infraestructura. En cambio, los proyectos en terrenos estatales dependen de la disponibilidad de predios aptos para construir y de los recursos necesarios para habilitarlos.
Entre las localidades donde se desarrollan o proyectan intervenciones constan Colonche, en Santa Elena; El Guabo; Baba, en Los Ríos; e Imbabura. El Ministerio también prevé un proyecto de aproximadamente 80 viviendas en terrenos estatales en Esmeraldas.
En Archidona, provincia de Napo, se ejecuta un proyecto que llevaba cerca de diez años de retraso. El ministro indicó que la obra se encuentra en su tercer mes de ejecución y las familias beneficiarias recibirían sus viviendas en diciembre de 2026.
La distribución de los proyectos considera el déficit habitacional de cada provincia y las condiciones necesarias para ejecutar las obras. De esta manera, el programa combina intervenciones en terrenos particulares y estatales para atender a familias de diferentes zonas del país, remarcó el titular de la cartera de Infraestructura y Tecnología.
Incentivos tributarios para sumar inversión privada
La participación del sector privado es otro de los mecanismos previstos para ampliar la cobertura de Casa 100. El Gobierno trabaja en la implementación de disposiciones que permitan a los contribuyentes donar viviendas y acceder a beneficios tributarios, conforme a las condiciones establecidas en la normativa.
El ministerio coordina con el Servicio de Rentas Internas (SRI) y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo la culminación de los reglamentos correspondientes. Existen dos o tres proyectos en preparación que podrían incorporarse al programa y contribuir a incrementar el número de viviendas disponibles.
“Lo más importante viene con la opción de que las empresas privadas puedan rebajar sus impuestos porque ahí van a salir un sinnúmero y no vamos a ser solo el ministerio el que esté pensando en proyectos habitacionales de Casa 100”, afirmó.
El objetivo es que las empresas y los promotores inmobiliarios participen en la generación de nuevas soluciones habitacionales, mientras el Estado mantiene la identificación y selección de las familias beneficiarias.
Luque señaló que el objetivo es que acceder a una vivienda a través de Casa 100 sea cada vez más sencillo para las familias que más lo necesitan. (I)
Fuente: El Universo