Este martes, coincidiendo con la jornada electoral de medio término en Estados Unidos, un tribunal de apelaciones falló a favor de la Administración de Donald Trump. La decisión dejó sin efecto una orden provisional que prohibía al Ejecutivo exigir a funcionarios estatales y locales que descartaran ciertos votos o los amenazara con acciones penales.
El Tribunal de Apelación del Noveno Circuito accedió a una solicitud del Departamento de Justicia para bloquear la resolución emitida el viernes anterior por la jueza de distrito Trina Thompson. Dicha orden impedía al gobierno «amenazar» o «intimidar» a los funcionarios encargados de la administración electoral.
De acuerdo con la agencia Bloomberg, la jueza Thompson había prohibido a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional exigir a los funcionarios electorales de cualquier estado que «separen las papeletas, eliminen votantes de los padrones electorales ni detengan el procesamiento de las mismas». La medida temporal surgió en respuesta a una demanda presentada por una coalición de sindicatos y grupos de derechos civiles.
Entre los demandantes se encuentra la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, que argumenta que la conducta del gobierno estadounidense viola la Ley de Derecho al Voto y constituye una «intromisión inconstitucional en el control estatal sobre la administración electoral». La controversia se originó por una operación de cotejo de datos impulsada por el Departamento de Seguridad Nacional, que compara las listas de votantes estatales con los registros federales.
Los funcionarios electorales sostienen que las listas de presuntos no ciudadanos elaboradas por ese departamento no son fiables. Por su parte, la Administración Trump defiende que el objetivo de la iniciativa es impedir que los no ciudadanos voten. El gobierno ha advertido que procesará a los funcionarios electorales por «no hacer lo suficiente para prevenir el voto ilegal».
La decisión del tribunal de apelación, emitida el mismo día de los comicios, marca un giro significativo en la batalla legal sobre la administración electoral federal y los límites del poder ejecutivo en materia de votación.
Fuente: Infobae