El mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se alista para asumir su cuarta gestión presidencial en enero, con una agenda económica marcada por cinco desafíos clave: el incremento de la deuda pública, unas tasas de interés que siguen presionando la inflación, el endeudamiento récord de los hogares y las compañías, la resistente oposición en un Congreso conservador y las dudas que persisten en torno a la implementación de la reforma tributaria.
A pesar de que la economía brasileña mostró un desempeño mejor al esperado durante los últimos años, el alza de los compromisos fiscales y los problemas de fondo amenazan con entorpecer la hoja de ruta del líder izquierdista. Lula derrotó al senador derechista Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta electoral, pero la composición del Legislativo anticipa trabas para sacar adelante sus propuestas, según el análisis de especialistas.
El crecimiento de la deuda pública
La deuda estatal de Brasil se incrementó en más de diez puntos porcentuales durante el actual período de Lula y superó el 82% del producto interno bruto (PIB). Ese aumento encareció el financiamiento del país y redujo la capacidad de acción del Ejecutivo para nuevas políticas económicas.
Este fenómeno se explica en buena medida por la expansión constante del gasto obligatorio durante años. Como consecuencia, menos del 8% del presupuesto federal queda disponible para reajustes, una limitación que restringe la reasignación de recursos por parte del Gobierno.
Lula ha enviado señales contradictorias sobre el manejo fiscal. En ocasiones calificó las preocupaciones por la deuda como «tonterías», mientras sostenía que un crecimiento económico vigoroso resolvería el problema. Su equipo se ha comprometido a respetar las reglas presupuestarias actuales, que limitan el aumento del gasto y fijan metas de equilibrio primario —la diferencia entre ingresos y egresos públicos sin contar los intereses de la deuda—. También han insinuado la posibilidad de endurecer esas normas.
Sin embargo, cumplir las metas fiscales será más complicado debido a la promesa presidencial de elevar el salario mínimo por encima de la inflación, una decisión que también incrementa los costos previsionales. A eso se añaden los aumentos en las prestaciones sociales y los nuevos gastos anunciados por la administración.
Las altas tasas de interés y la inflación persistente
El segundo reto consiste en bajar la inflación y el costo del crédito. Brasil mantiene una tasa de referencia del 13,75%, mientras que la inflación interanual llega al 4,6%, por encima del techo del rango de tolerancia del Banco Central, fijado en 4,5%. La autoridad monetaria aplicó el mes pasado su quinto recorte consecutivo de tasas ante señales de desaceleración. Pese a ello, los mercados proyectan que la inflación seguirá por encima de la meta oficial del 3% hasta 2029.
El programa de Lula promete reducir las tasas de interés mediante una mayor disciplina fiscal sin recortar programas sociales. No obstante, la propuesta encierra una dificultad: los economistas sostienen que una disminución más rápida del costo del crédito requiere un recorte del gasto público. El Gobierno deberá hallar la forma de armonizar sus compromisos sociales con la exigencia de disciplina presupuestaria. La evolución de las tasas también impactará en el financiamiento de empresas y familias, así como en la actividad económica.
El endeudamiento de hogares y empresas
El tercer desafío afecta directamente a millones de brasileños. Según la agencia de información crediticia Serasa, cerca de 84 millones de personas y 9,3 millones de compañías presentan retrasos en el pago de sus deudas, una marca récord. Las elevadas tasas de interés dificultan el cumplimiento de las obligaciones financieras y generan descontento social, pese a indicadores positivos como el desempleo en niveles mínimos históricos y un crecimiento salarial superior a la inflación.
Para aliviar esta situación, Lula prevé una nueva ronda de medidas de refinanciación. El plan contempla la compra de préstamos morosos de los hogares a los bancos con descuento, así como la condonación de deudas tributarias para ciertos propietarios de pequeñas empresas. No obstante, los analistas consideran que estas iniciativas darán un alivio temporal, sin resolver las causas estructurales del sobreendeudamiento.
El Gobierno también ha dialogado con el Banco Central sobre posibles medidas para limitar el uso intensivo de instrumentos de crédito de fácil acceso pero costosos, como tarjetas de crédito y préstamos personales sin garantías. Hasta ahora no se han detallado propuestas concretas en ese ámbito.
El reducido margen político para reformas
El cuarto desafío es reunir los apoyos legislativos necesarios para avanzar en la agenda económica. Aunque Lula logró la reelección frente a Flávio Bolsonaro, el Congreso que se instalará tendrá la composición más conservadora desde el retorno de Brasil a la democracia en los años ochenta. El Partido Liberal de Bolsonaro y sus aliados controlarán ambas cámaras, lo que anticipa dificultades para las iniciativas presidenciales.
Los colaboradores de Lula han señalado que el Gobierno mantendrá sus esfuerzos para reducir las exenciones fiscales. Sin embargo, los legisladores han rechazado repetidamente medidas que impliquen un aumento de la carga tributaria efectiva. Durante el mandato que finaliza, el presidente también enfrentó dificultades para designar candidatos a puestos clave y conseguir la aprobación del Senado. Entre las instituciones afectadas figuran la Corte Suprema, el Banco Central, la Comisión de Valores Mobiliarios y la autoridad de defensa de la competencia.
El giro conservador del Congreso podría complicar aún más esas negociaciones en el próximo período presidencial.
Las incertidumbres sobre la reforma tributaria
El último desafío se relaciona con la implementación de la reforma de los impuestos al consumo que Lula logró aprobar en 2023. El nuevo impuesto al valor agregado comenzará a aplicarse en enero, pero, a menos de tres meses de su entrada en vigor, el Gobierno aún no ha informado cuál será su tasa efectiva. Analistas independientes estiman que podría ubicarse en el 28%, aunque no es una cifra oficial anunciada por la administración.
Además, el Gobierno postergó el envío al Congreso de un proyecto de ley para regular un nuevo impuesto sobre productos considerados dañinos para la salud o el medioambiente, como cigarrillos y bebidas alcohólicas. La administración evitó presentar esa iniciativa durante la campaña electoral por temor a una reacción negativa de los votantes. Este retraso podría posponer los ingresos previstos por ese gravamen y ha generado críticas sobre la gestión de la política tributaria.
La aplicación del nuevo impuesto al valor agregado y la definición del gravamen adicional pondrán a prueba la capacidad del Gobierno para concretar los cambios fiscales aprobados y obtener respaldo político para las medidas pendientes.
Fuente: Infobae