De su reciente gira por Reino Unido e Irlanda, la vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación (ADL), Marina Rosenberg, guarda una imagen que no ocurrió en una oficina gubernamental. Fue durante un encuentro con los miembros de la pequeña comunidad judía de Dublín.
Cuando llegó el momento de tomar una fotografía para publicarla en redes sociales, casi todos prefirieron quedar fuera. ¿Por qué? Temían las consecuencias de ser identificados públicamente como judíos.
Una sola imagen bastó para que esas personas se sintieran vulnerables. La autora reflexiona sobre lo que implica calcular el riesgo antes de aparecer en una foto, sobre la distancia entre poseer un derecho y sentirse en libertad de ejercerlo. ¿Qué significa vivir en una democracia si mostrar quién eres se percibe como una amenaza?
Un viaje con la coalición J7
Rosenberg viajó acompañando al J7, la coalición que la ADL ayudó a fundar en 2023 y que agrupa a organizaciones representativas de las siete comunidades judías más grandes de la diáspora. El propósito era escuchar, acompañar y llevar las inquietudes de esas comunidades ante las autoridades. La autora regresó con una convicción reforzada: el éxito de esos encuentros no debe medirse por las puertas que se abren, sino por lo que cambia para quienes aún sienten miedo al otro lado de ellas.
En Londres, el liderazgo de los estudiantes judíos le causó una profunda impresión. Su determinación frente al acoso y la discriminación merece reconocimiento, pero Rosenberg cuestiona que la sociedad se acostumbre a celebrar esa fortaleza sin preguntarse por qué necesitan tanta para ejercer derechos que otros dan por sentados. Estudiar, participar y expresar la propia identidad no deberían ser pruebas de resistencia.
Antisemitismo: una amenaza para toda la democracia
El antisemitismo ataca a los judíos, pero también erosiona las condiciones que hacen posible la convivencia democrática. Las teorías conspirativas, la culpabilización colectiva y la exclusión de una minoría no afectan únicamente a quienes son sus primeros blancos. Cuando encuentran tolerancia social, espacio político o impunidad, debilitan a toda la sociedad. Por eso, una declaración de condena no constituye, por sí sola, una política pública.
Las definiciones, las directrices internacionales y los compromisos educativos son herramientas importantes, pero su valor debe medirse por su eficacia para reconocer el antisemitismo y enfrentarlo. Ese compromiso debe traducirse en acciones con responsables identificables, presupuesto, plazos y rendición de cuentas; en formación para docentes, policías y funcionarios; y en una respuesta efectiva frente a los delitos de odio.
Esta exigencia no se limita a Irlanda. Incluso donde existen estrategias nacionales para combatir el antisemitismo y enviados especiales, corresponde preguntar qué funciona, qué no y qué debe cambiarse.
Reconocer el problema es indispensable. Reducirlo es la tarea pendiente.
También debe examinarse aquello a lo que la sociedad se ha acostumbrado: niños que esconden su identidad judía en la escuela, familias que evalúan si es seguro llevar un símbolo religioso, sinagogas y colegios que necesitan cámaras, barreras y protección policial. Esas medidas protegen vidas y deben contar con recursos suficientes, pero su necesidad no debería dejar de indignar. Un perímetro de seguridad es imprescindible cuando existe una amenaza, pero no puede ser la única idea de futuro para una comunidad.
Lo que se quiere preservar no es solo la integridad de los edificios, sino la libertad de quienes entran en ellos: rezar, estudiar, celebrar o reunirse sin que cada actividad exija calcular cómo reducir la propia exposición.
Distinción entre crítica y antisemitismo
Defender esa libertad exige defender también la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, incluso cuando las opiniones resulten ofensivas o profundamente incómodas. Criticar las políticas de un gobierno, incluido el de Israel, forma parte del debate democrático. Pero amenazar no es debatir. Acosar a alguien por ser judío no es manifestarse contra una política. Responsabilizar a los judíos por las decisiones del gobierno israelí no es exigir justicia.
Estas distinciones deben orientar respuestas ajustadas a la ley y respetuosas de las garantías democráticas. Y cuando una expresión de odio esté legalmente protegida, eso no exime a los dirigentes políticos, las universidades o las instituciones de su responsabilidad de responder con claridad y apoyar a quienes son blanco de ella. Tampoco puede aceptarse que la respuesta habitual sea pedir a las personas amenazadas que se retiren mientras quienes las intimidan conservan el espacio público. Hay que preguntarse qué conducta se está premiando y qué libertad se está sacrificando.
Rosenberg se lleva de este viaje la fuerza de las comunidades que la recibieron. Pero no quiere que la conversación sobre la vida judía quede reducida a su capacidad de resistir. Hay mucho más que proteger: su alegría, sus tradiciones, sus desacuerdos y su contribución diaria a los países de los que forman parte.
No quiero que nuestros hijos aprendan que convivir significa esconder una parte de sí mismos. Aspiro a que crezcan en sociedades donde se pueda disentir sin amenazar, manifestarse sin agredir y expresar la propia identidad sin miedo.
En Dublín, casi todos prefirieron quedar fuera de una fotografía. Su ausencia es un llamado urgente a cualquier gobierno que se considere democrático. El éxito se medirá cuando puedan aparecer en ella sin temor.
Marina Rosenberg es la vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación (ADL).
Fuente: Infobae