José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública y Gabinete, y Ana Paula Patiño, directora general de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), dieron detalles del caso Laberinto, una investigación penal por presunto lavado de activos en la que fue detenida Luisa González, excandidata presidencial del correísmo.
La explicación fue difundida en un video de aproximadamente seis minutos, publicado en redes sociales este viernes, 23 de octubre de 2026, un día después de la detención de González.
Uno de los ejes de la investigación es el origen y el destino de $ 500.000 vinculados a presuntos gastos de financiamiento electoral. Según Neira, se busca determinar de dónde salió ese dinero, quiénes intervinieron en su circulación y cuál fue la participación de las personas naturales y jurídicas involucradas.
“El financiamiento electoral debe ser transparente, cada recurso debe tener origen verificable y cada gasto debe ajustarse a la ley”, señaló el funcionario.
Hipótesis de la Fiscalía
La hipótesis de la Fiscalía apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela, que habría financiado la campaña presidencial de 2023 del binomio de González y Andrés Arauz en 2023.
Esta línea de investigación alcanza a la excandidata y otras figuras vinculadas a ese exmovimiento político, y también menciona al expresidente Rafael Correa, a quien Neira se refirió como “prófugo de la justicia”.
Esa hipótesis se sustenta en chats, uno de los cuales Neira detalló en el video.
El 26 de junio de 2023, un cooperador de la investigación le escribió a un contacto identificado en su celular como Aquiles Alvarez 1 y le preguntó sobre el presupuesto global de campaña: $ 500.000.
La respuesta indicaba destinar el dinero a brigadistas, camisetas y otros gastos, y pagarlo todo en efectivo.
Según Neira, estos mensajes forman parte de los elementos que se investigan sobre la presunta participación de Aquiles Alvarez en el financiamiento y el pago de gastos de campaña.
Análisis de la UAFE
Patiño reiteró que la lucha contra el lavado de activos exige inteligencia financiera, análisis técnico y aplicación rigurosa de la ley, “sin distinciones por ideología, partido político o posición de poder”.
La directora de la UAFE indicó que, entre 2020 y 2026, el análisis financiero del caso identificó varias operaciones inusuales relacionadas con González.
Entre ellas, más de $ 400.000 en ingresos sin justificación identificada, de los cuales el 80 % se recibió en apenas dos meses, mediante transferencias y depósitos en efectivo.
Según Patiño, esas operaciones fueron ordenadas por terceros sin relación comercial, contractual o laboral que las justificara en el sistema financiero. “Parte de estas personas cuentan con perfiles económicos que no son coherentes con los montos transferidos”, afirmó. La mayoría de las operaciones habría sido realizada por terceros de nacionalidad venezolana y colombiana.
Además, dijo que los valores facturados al principal cliente no concuerdan con los montos transaccionados en el sistema financiero nacional.
El análisis también identificó una dinámica de intermediación financiera intrafamiliar, seguida de la conversión de fondos bancarizados en efectivo, así como la adquisición de bienes inmuebles con transacciones no justificadas y pagadas de contado.
Otras líneas de investigación
Neira detalló que la investigación también señala posibles vínculos entre personas jurídicas relacionadas con el entramado societario de Alvarez y el financiamiento investigado, con interrogantes sobre el origen de los fondos y la identidad de sus aportantes.
El funcionario mencionó, además, denuncias sobre presuntas prácticas de financiamiento ilegal, cobro de diezmos a integrantes de organizaciones políticas y pago de coimas a proveedores y contratistas, así como posibles vínculos con recursos de origen ilícito y estructuras del narcotráfico.
“El caso Laberinto debe esclarecerse con evidencia, la investigación debe determinar el origen y destino de los recursos. La transparencia en el financiamiento político y la rendición de cuentas son fundamentales para la confianza pública”, dijo.
Audiencia
Mientras tanto, a esta hora aún se desarrolla la audiencia de formulación de cargos contra González, y otros investigados como Santiago Díaz, Estefanía Molina y Wendy Onofre.
González permanece en el cuartel Modelo, en el norte de Guayaquil, y participa en la diligencia de manera telemática. (I)
Fuente: El Universo