El gobierno del presidente Donald Trump ha presentado un recurso de urgencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que anule la orden judicial que detiene la edificación de un nuevo segmento del muro fronterizo en el Parque Nacional Big Bend, en el estado de Texas. El Departamento de Justicia, representado por el procurador general John Sauer, califica la medida del tribunal inferior como «sin fundamento», «ilegal y sin precedentes», y sostiene que vulnera las atribuciones del Ejecutivo en asuntos de seguridad nacional.
El litigio gira en torno a tres exenciones administrativas (conocidas como waivers) firmadas durante este año por los secretarios de Seguridad Nacional. La primera fue suscrita por Kristi Noem, y las dos siguientes por el actual titular, Markwayne Mullin. Estos documentos permiten eludir normativas ambientales y de preservación histórica —como la Ley de Especies en Peligro o la Ley de Preservación Histórica Nacional— para acelerar la construcción de más de 300 millas (casi 500 kilómetros) de barreras físicas y caminos en el sector texano de Big Bend. Aunque el Ejecutivo ha dejado claro que no planea levantar un muro de gran altura dentro del propio parque nacional, sí mantiene sus planes de edificar infraestructura fronteriza en otras zonas de la región.
El conflicto se intensificó el pasado 2 de octubre, cuando un tribunal federal en Texas paralizó las obras a raíz de una demanda interpuesta por organizaciones ecologistas, una asociación dedicada a la defensa de una iglesia histórica en Ruidosa y empresarios locales de turismo fluvial. El juez bloqueó la maquinaria pesada al considerar que el gobierno de Trump no contaba con «clara autorización del Congreso» para aplicar esas exenciones ambientales en dicha área específica, argumentando que los niveles de inmigración irregular en Big Bend son comparativamente menores que en otros sectores de la frontera sur.
En el escrito presentado ante el Supremo, la administración Trump tacha de «frívola» la decisión judicial y defiende que la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal de 1996 (IIRIRA) concede al secretario de Seguridad Nacional una facultad «exclusiva» para eximir requisitos legales que entorpezcan la edificación expedita del muro.
«Sólo este tribunal de distrito ha considerado oportuno pisotear la clara autorización del Congreso (…) mediante la usurpación judicial de las órdenes», señala el recurso.
El gobierno defiende que Big Bend es zona de alta entrada ilegal
La administración sostiene que Big Bend —que abarca casi una cuarta parte de toda la frontera terrestre entre Estados Unidos y México— es innegablemente un «área de alta entrada ilegal». Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), entre 2021 y 2025 se registraron más de 89.000 detenciones de inmigrantes indocumentados en ese sector. Además, las incautaciones incluyeron:
- 87.000 libras (39.400 kilos) de marihuana
- 867 libras (393 kilos) de cocaína
- 1.156 libras (524 kilos) de metanfetamina
- 94 libras (42 kilos) de fentanilo
El Ejecutivo advierte que detener las obras en Big Bend dejaría un enorme vacío en la defensa fronteriza, convirtiendo la zona en un «imán» para el tráfico de drogas y de personas dirigido por los cárteles de Sinaloa y Juárez, que operan justo al otro lado del río Grande. Asimismo, el gobierno señala que la suspensión de la construcción genera un costo diario de aproximadamente 460.000 dólares (algo más de 400.000 euros) por el mantenimiento inactivo de maquinaria y oficinas de campo.
Por todo ello, el procurador general ha solicitado a la Corte Suprema —de mayoría conservadora— no solo que levante la suspensión dictada por la jueza texana mientras se resuelve el fondo del caso, sino que emplee un mecanismo para anular la sentencia de forma sumaria y sin necesidad de celebrar más audiencias.
«Los errores son tan evidentes que esta Corte puede corregirlos rápidamente en cuanto al fondo, sin necesidad de más alegatos ni argumentos orales», concluye el escrito.
Fuente: Infobae