El órgano legislativo de El Salvador dio luz verde a una nueva ampliación del estado de emergencia en materia de seguridad pública. La decisión coincidió con el anuncio oficial de que los tribunales han emitido sentencia condenatoria contra más de 10 mil integrantes de pandillas.
Con 57 sufragios a favor y una única oposición, los legisladores aprobaron la quincuagésima sexta extensión de este marco legal, instaurado en marzo de 2022 para enfrentar a las organizaciones criminales.
El respaldo en el hemiciclo reafirmó la hoja de ruta en seguridad impulsada por el Ejecutivo. Durante la sesión plenaria, el diputado Walter Alemán, de la bancada Nuevas Ideas, argumentó a favor de la prórroga y señaló que la medida ha restaurado la calma y la seguridad en la sociedad salvadoreña.
Alemán sostuvo que la política de seguridad permitió dejar atrás dos décadas bajo el control de las pandillas y convirtió al país en un modelo internacional. Según explicó, los logros en la lucha contra el crimen han impulsado avances en otros sectores, como el incremento del turismo y la planificación de inversión en educación para el presupuesto de 2027.
Por su parte, el diputado Reinaldo Carballo, tercer secretario de la Asamblea, confirmó el respaldo de su grupo parlamentario al afirmar que la normativa ha devuelto la tranquildad a los ciudadanos.
La Fiscalía reporta 10,561 miembros de maras con sentencia firme
Los resultados del sistema de justicia penal se revelaron cuando el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, se presentó ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. El funcionario informó sobre la ejecución financiera de la institución y detalló el balance judicial acumulado desde mayo de 2021 hasta el 16 de octubre.
Según el informe oficial, el Ministerio Público logró veredictos de culpabilidad para 9,213 adultos y 1,348 menores de edad, lo que representa un total de 10,561 sentencias contra integrantes de agrupaciones ilícitas.
La mayoría de los procesados pertenecía a las dos facciones criminales dominantes en el país:
- La Mara Salvatrucha (MS-13)
- La pandilla Barrio 18
Delgado resaltó la efectividad de los casos que han concluido en los tribunales. A continuación, declaró:
«Del total de imputados con sentencia, el 98% ha sido condenado, es decir, solo un pequeño margen de estas personas son las que actualmente han quedado en libertad»
El fiscal general realizó estas declaraciones en San Salvador.
Delgado aclaró que las cifras corresponden exclusivamente a expedientes que alcanzaron la fase de juicio y anticipó que los números aumentarán a medida que los tribunales desarrollen las audiencias pendientes.
El Gobierno descarta beneficios penitenciarios y mantiene operativos
Paralelamente a las estadísticas judiciales, el Ejecutivo ratificó que no concederá ninguna ventaja procesal a los detenidos. El ministro Villatoro señaló que la legislación vigente ha cerrado definitivamente cualquier posibilidad de liberación anticipada o beneficio carcelario para los sentenciados.
Villatoro detalló que los patrullajes conjuntos de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada contraúan operando en áreas urbanas y rurales para localizar a fugitivos.
Las autoridades han detectado que sospechosos intentan eludir controles modificando o eliminando sus tatuajes, así como ocultándose en templos religiosos. El ministro aseveró que las redadas proseguirán de forma sostenida hasta capturar al último miembro de estas organizaciones criminales en el territorio nacional.
Fuente: Infobae