Un total de siete testigos y tres peritos es lo que en dos días de audiencia de juzgamiento ha presentado el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, dentro del caso Vocales para fundamentar su acusación contra los hoy exvocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del exjuez de Pichincha Vladimir Jhayya.
La mañana de este miércoles, 21 de octubre, los conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Rodrigo Sarango (ponente), Katty Muñoz y Diego Gordillo instalaron la tercera jornada de la etapa de juicio en el octavo piso de la Corte Nacional.
De forma presencial en la audiencia actúan el fiscal Alarcón, abogados de la Procuraduría General del Estado, acusadora particular en la causa, y los procesados y sus defensas.
En la jornada del martes último, la Fiscalía presentó elementos de prueba que confirmarían que existió en 2022, en Quito, una reunión en la que se habría solicitado apoyo a una resolución que favorezca la acción de protección planteada por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, para no ser sacada de su cargo.
Esto se debió a que el tráfico de influencias que se investiga se habría registrado en junio de 2022, dentro de una acción de protección presentada por Llori para mantenerse como titular del Legislativo.
Para supuestamente alcanzar una decisión favorable a la acción, como vocales del CJ Morillo y Barreno se habrían reunido con el entonces presidente de la Corte de Justicia de Pichincha Gustavo Osejo y otros dos jueces: el coprocesado Vladimir Jhayya y Maritza Romero, jueza de la Corte de Pichincha, quien grabó la reunión en la que se le escucharía que se solicita el apoyo favorable en la resolución que tenía que ver con Llori.
Según la teoría de la causa, el 2 de junio de 2022 se dio una reunión convocada por el vocal Morillo, entonces presidente encargado de la Judicatura, y en la que se habría hablado de la acción de protección presentada por Guadalupe Llori. La reunión convocada se habría dado, según la Fiscalía, en un edificio del norte de Quito.
En la reinstalación, el fiscal Alarcón anunció que prescindía de 42 testimonios de agentes policiales, exfuncionarios judiciales y particulares anunciados como prueba dentro de la etapa preparatoria de juicio. Con ello, la Fiscalía concluyó la presentación de la prueba testimonial y pericial e inició la exposición de la carga probatoria documental que mantiene. (I)
Fuente: El Universo