En las primeras horas de la madrugada en Karnataka, al sur de la India, cientos de trabajadoras de chabolas en campamentos migrantes en Karnataka, se levanta el día. Las familias procedentes de Beed, Maharashtra, viven en campamentos improvisados sin agua ni aseos. La menstruación en pleno cultivo se convierte en un tormento que pone en riesgo su único ingreso.
El negocio del azúcar en India mantiene atrapados por deudas a cerca de 1,5 millones de jornaleros, según información recabada. El rendimiento se mide rigurosamente: parejas de marido y mujer firman acuerdos con contratistas locales por un anticipo económico y deben recolectar una media de tres toneladas diarias para saldar la deuda.
Con una jornada de 14 horas y una paga diaria de apenas 4,5 euros, la menstruación se vuelve un obstáculo productivo. Si una mujer no trabaja por dolores menstruales, no hay bajas ni descansos: se le imponen penalizaciones por las toneladas no cosechadas. Sin poder pagar las multas, muchas optan por extirparse el útero.
Un negocio de clínicas privadas
La histerectomía no alivia la presión financiera, sino que la agrava. Clínicas privadas incentivan estas operaciones sin justificación médica, aprovechando la desesperación. Tras operarse, las jornaleras piden nuevos préstamos a los mismos contratistas para pagar la cirugía.
“Mi sufrimiento no disminuye. Si continúo en este trabajo, solo aumentará. Tal vez si pudiera dejar de levantar tanto peso mejoraría, pero no tenemos otra opción”, afirma Poornima, una afectada que evalúa pasar por el quirófano tras tres años de dolores agudos cargando grandes pesos. La jornalera añade: “Hasta para quitarme mi propio útero tengo que endeudarme. Siento que mi propio cuerpo se ha vuelto esclavo del sistema”.
Savita, otra recolectora, muestra que la cirugía tampoco garantiza el fin del tormento. Tras operarse para evitar caídas mientras subía escaleras para camiones, sufre infecciones graves que le impiden trabajar con normalidad: “Confié en los médicos pensando que la histerectomía realmente ayudaría, así que acepté hacérmela para terminar con toda la miseria de golpe”. Meses después, las dolencias persisten.
Cómplices en el sistema
Aunque tribunales y autoridades locales han exigido controles en registros médicos para frenar las extirpaciones, sobre el terreno las denuncias de activistas confirman que nada ha cambiado. Defensoras como Sangita Chavan señalan una red de intereses entre clínicas privadas e intermediarios sanitarios.
Según Chavan, trabajadoras comunitarias de salud (ASHA, designadas por el Gobierno) han admitido recibir comisiones o incentivos económicos a cambio de derivar jornaleras a clínicas privadas para histerectomías innecesarias, en lugar de hospitales públicos con tratamientos conservadores.
Informes oficiales revelaron que miles de jornaleras se han sometido a esta cirugía antes de los 30 años, dejando a casi la mitad con secuelas físicas y psicológicas. Sin alternativas en sus municipios y desamparadas por el Estado, la pobreza las condena a una elección trágica: soportar el dolor en los campos o pasar por el quirófano para no perder el pan de cada día.
Fuente: Infobae