Presentar elementos de prueba que confirmen que existió en 2022, en Quito, una reunión en la que se habría solicitado apoyo a una resolución que favoreciera la acción de protección planteada por la entonces presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para no ser sacada de su cargo es en torno a lo que giró el segundo día de presentación de prueba de la Fiscalía en la audiencia de juzgamiento en el caso Vocales, la mañana de este martes, 20 de octubre.
El lunes último, los conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Rodrigo Sarango (ponente), Katty Muñoz y Diego Gordillo instalaron la etapa de juicio contra los hoy exvocales del Consejo de la Judicatura (CJ) Maribel Barreno y Juan José Morillo, además del exjuez de Pichincha Vladimir Jhayya.
El tráfico de influencias que se investiga se habría registrado en 2022, dentro de una acción de protección presentada por Llori para mantenerse como titular del Legislativo. Para supuestamente alcanzar una decisión favorable a la acción, como vocales del CJ Morillo y Barreno se habrían reunido con el en ese momento presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, y otros dos jueces: el coprocesado Vladimir Jhayya y Maritza Romero, jueza de la Corte de Pichincha que grabó la reunión, en la que se le escucharía a Morillo solicitando apoyo favorable en la resolución que tenía que ver con Llori.
Según la teoría de la causa, el 2 de junio de 2022 se dio una reunión convocada por el vocal Morillo, entonces presidente encargado de la Judicatura, y en la que se habría hablado de la acción de protección presentada por Guadalupe Llori. La reunión convocada se habría dado, según Fiscalía, en un edificio del norte de Quito.
Justamente ese hecho de junio de 2022 es el que quiso corroborar el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en el segundo día de la audiencia de juzgamiento por el delito de tráfico de influencias. Para eso, él llamo al estrado como testigos, la mañana de este martes, a Rocío Salgado, recepcionista del edificio en el que se dio la reunión; Lucy Chiriboga, propietaria de la oficina 1201, en la que se habría reunido Morillo y compañía; y Antonio Sosa, administrador del edificio en el que se dio la cita.
La investigación del caso Vocales arrancó el 15 de junio de 2022, días después de conocerse el contenido del audio filtrado en el que se escucharía la voz del vocal Murillo pidiendo aparentemente el apoyo a la acción de protección interpuesta por la entonces titular del Legislativo. Según la jueza Maritza Romero, el audio grabado fue entregado al entonces presidente de la CNJ, Iván Saquicela.
En el audio se escucharía decir a Juan José Morillo: “Les voy a ser frontal y sincero, porque son de confianza. El presidente de la República (Guillermo Lasso) personalmente me ha llamado el día de ayer y me ha pedido que, si es posible apoyar, que se apoye en relación a este tema. (…) Ustedes también tienen una confianza y agradezco por esa relación, igual Mary. Entonces, hay un pedido formal para que se apoye esa circunstancia. Yo quisiera que usted le analice el tema, le analice cómo está la circunstancia y pueda resolver en el menor tiempo posible”.
Alarcón también solicitó la presencia de Andrea Bravo, hoy jueza de primer nivel, pero en la época en la que se dieron los hechos fue secretaria general del Consejo de la Judicatura. Ella le confirmó a la sala de juicio que Morillo entre el 1 y 2 de junio de 2022 quedó como presidente encargado del órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial y dispuso para el 2 de junio dos sesiones de pleno, una extraordinaria, a las 09:00, y otra ordinaria, a las 10:00, a la que habría llegado tarde junto con su colega en la Judicatura, Maribel Barreno.
Inmediatamente fueron llamados al estrado dos peritos. Uno de ellos fue David Alejandro Espín, profesional que habló de una pericia técnica hecha dentro del proceso de la investigación. Durante el primer día de audiencia, la Fiscalía evacuó como parte de su prueba tres testigos y un perito en informática forense.
Hasta el momento han intervenido siete testigos y tres peritos. Cerca de las 14:30 de este martes, 20 de octubre, el tribunal de juicio suspendió la diligencia para las 08:30 de este miércoles, 21 de octubre.
Tras la suspensión, la Fiscalía continuará con la práctica de su prueba pericial, testimonial y documental con la que pretende demostrar la intervención de los tres procesados por el delito de tráfico de influencias. (I)
Fuente: El Universo