El Pleno de la Asamblea Nacional analizará este lunes 19 de octubre, desde las 09:30 y en modalidad virtual, la objeción parcial por inconveniencia presentada por el presidente Daniel Noboa a las reformas al Código Tributario. El pronunciamiento se centra en las multas para los contribuyentes que no reporten sus activos en el exterior en la declaración patrimonial.
El proyecto fue aprobado por la legislatura el 6 de octubre de 2026. Sin embargo, el Ejecutivo cuestionó el mecanismo de sanciones establecido en la reforma y propuso modificarlo para que las multas se calculen en función del valor de los bienes no declarados, en lugar de aplicar una penalización fija.
El texto aprobado originalmente por la Asamblea contemplaba multas de entre 1.000 y 2.075 salarios básicos unificados (SBU) para quienes no presentaran su declaración patrimonial, cuando estuvieran obligados a hacerlo. Con el salario básico de 2026 fijado en $ 482, las sanciones podían oscilar entre $ 482.000 y $1′000.150.
Además, quienes presentaran la declaración, pero omitieran total o parcialmente la información sobre sus activos en el exterior, debían pagar una multa equivalente al 0,5 % del valor de esos bienes no reportados, con un límite máximo de 2.075 salarios básicos unificados.
El presidente Noboa argumentó que las sanciones fijas podían representar una carga económica excesiva y no guardar una relación razonable con la gravedad de la infracción. A criterio del Ejecutivo, una penalización de esa magnitud también podía convertirse en un mecanismo de recaudación arbitrario.
¿Qué cambia con la objeción del Ejecutivo?
La alternativa presidencial establece que tanto quienes no presenten la declaración patrimonial como quienes omitan información sobre sus activos en el exterior sean sancionados con una multa equivalente al 0,5 % del valor total de los bienes no reportados. La penalización mantendría un techo de 2.075 salarios básicos unificados, equivalente a $1′000.150 en 2026.
La propuesta también conserva un beneficio para quienes regularicen su situación voluntariamente. Si la declaración se presenta fuera de plazo, pero antes de que la Administración Tributaria notifique la infracción, la multa se reducirá a la mitad, sin superar el límite establecido.
Comisión recomienda allanarse a la objeción
La Comisión de Régimen Económico, presidida por Nathaly Farinango, de Acción Democrática Nacional (ADN), recomienda al Pleno allanarse a la objeción presidencial, es decir, aceptar el cambio propuesto por el Ejecutivo.
En su informe, la mesa legislativa advierte que la redacción original podía generar confusión porque el título del artículo se refería a la falta de reporte de activos en el exterior, mientras que el primer inciso sancionaba de forma general a quienes no presentaran su declaración patrimonial. Esto podía extender multas millonarias a contribuyentes que no tuvieran bienes fuera del país.
Según la Comisión, el texto alternativo delimita la sanción a quienes estén obligados a declarar activos en el exterior y vincula el monto de la multa con el valor de los bienes omitidos. De esta manera, la penalización variaría según la magnitud del incumplimiento, en lugar de establecer un monto mínimo elevado con independencia del caso.
El informe sostiene que el cambio aporta seguridad jurídica y se ajusta al principio constitucional de proporcionalidad entre infracciones y sanciones, así como a la prohibición de confiscación. Por ello, la Comisión considera procedente aceptar la objeción, al mantener el carácter disuasorio de la norma y mejorar su aplicación.
La decisión final quedará en manos del Pleno de la Asamblea Nacional, que deberá pronunciarse sobre la recomendación de la Comisión este lunes 19 de octubre cuando se reúna a partir de las 09:30. (I)
Fuente: El universo