La mesa de negociación para una transición política en Venezuela contempla la revisión de las sanciones de inhabilitación contra dirigentes de la oposición, luego de que la líder opositora María Corina Machado demandara la eliminación inmediata de la medida que le impidió participar en los comicios presidenciales de 2024. La tercera ronda de conversaciones arrancó el miércoles pasado, apenas horas después de que Estados Unidos retirara las sanciones que pesaban sobre Jorge Rodríguez, líder de la delegación oficialista y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
Hace una semana, Vente Venezuela, la organización política de Machado —reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025—, exigió el cese de la restricción que afecta a la dirigente desde 2023. Dicha sanción le impidió aparecer en la papeleta electoral durante los comicios generales, que fueron denunciados por fraude y en los que se declaró ganador al ex dictador Nicolás Maduro.
Una ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) confesó a la agencia AFP que firmó la inhabilitación de Machado bajo coacción del régimen chavista. La exfuncionaria aseguró que la presión ocurrió después del arresto, en diciembre de 2023, de dos de sus hermanos y de su cuñada, todos miembros de las Fuerzas Armadas.
La presidenta de la comisión negociadora de la oposición, Dinorah Figuera, señaló que las conversaciones buscan abrir un proceso electoral en Venezuela, nación que lleva 27 años bajo gobiernos del chavismo.
“Vamos a tratar el tema, por supuesto, de las inhabilitaciones, de la recuperación de las siglas de los partidos políticos y por supuesto que nosotros vamos a buscar una fecha” para que se realicen elecciones en el país, sostuvo Figuera al concluir un encuentro con representantes del sector salud.
La dirigente, respaldada en la mesa de diálogo por Washington, añadió que las partes planean una renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y aseguró que antes del cierre de 2026 estarán definidas “las bases para” ir “a (…) un proceso electoral”. Por su parte, Delcy Rodríguez indicó que habrá comicios, aunque no precisó una fecha.
Las negociaciones comenzaron en agosto, ocho meses después de la captura de Maduro durante un operativo militar estadounidense en Caracas, ocurrido el 3 de enero.
Hasta ahora, los principales acuerdos alcanzados en las dos reuniones previas incluyen la renovación del TSJ, criticado por la oposición por sus fallos favorables al chavismo, y la cooperación para recuperar las reservas de oro venezolanas bloqueadas en el Banco de Inglaterra, en Londres.
En paralelo a las conversaciones entre representantes opositores y chavistas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) solicitó a la delegación de Dinorah Figuera la derogación de la Ley contra el Odio y de otras normas que, según la organización, limitan derechos fundamentales en Venezuela.
La solicitud surgió durante una reunión celebrada el jueves entre representantes de la ONG y la delegación opositora. En un mensaje difundido este viernes en X, el CLIPP sostuvo que esas leyes “han sido utilizadas para perseguir la disidencia política, criminalizar la crítica, restringir la libertad de expresión y amenazar la autonomía y existencia de las organizaciones de la sociedad civil”.
La organización también planteó la eliminación de la Ley de Fiscalización de las ONG, aprobada en 2024. Diversas agrupaciones cuestionaron esa normativa por considerar que afecta el derecho a la libre asociación.
El CLIPP sumó un nuevo reclamo por la excarcelación de los presos políticos. Según el registro de Foro Penal, Venezuela mantiene 322 detenidos por razones políticas. El pedido coincide con el debate parlamentario sobre una reforma parcial de la Ley contra el Odio. La iniciativa cobró fuerza en septiembre, cuando Delcy Rodríguez admitió que las autoridades incurrieron en un uso abusivo de esa legislación.
Sectores civiles y opositores formularon críticas similares desde la entrada en vigencia de la norma. Datos divulgados por Foro Penal en septiembre indicaron que 927 personas fueron acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación de la ley.
Fuente: Infobae