El pasado 16 de octubre, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Guatemala (FAMDEGUA) presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público por la desaparición de 37 artistas durante el conflicto armado interno que vivió el país centroamericano. La organización busca que se investiguen posibles crímenes de guerra atribuibles a estructuras estatales contra integrantes de la comunidad cultural.
Tras más de una década de investigación, FAMDEGUA identificó al menos 37 hechos punibles que afectaron a poetas, músicos, cantautores, actores y otros creadores que emplearon su obra para reflejar la realidad guatemalteca. La denuncia incluye más de 700 medios de prueba y más de 2.000 folios de documentos, entre los cuales figuran registros oficiales, publicaciones y estudios académicos que documentan la vigilancia, persecución y criminalización de personas vinculadas al arte, calificadas como “enemigo interno”.
La persecución contra artistas durante la guerra interna
El representante legal de FAMDEGUA, Paulo René Estrada Velásquez, señaló que las evidencias recopiladas apuntan a la participación del Estado, del sistema clandestino de inteligencia militar y de las estructuras policiales.
“Está clara la participación del Estado, del sistema clandestino de inteligencia militar y policial, quienes persiguieron a las personas que utilizaban la expresión artística para dar a conocer la realidad guatemalteca”,
afirmó Estrada Velásquez.
La denuncia fue entregada en el Ministerio Público y remitida al despacho del fiscal general, Gabriel García Luna, quien asumió el cargo en mayo en reemplazo de Consuelo Porras Argueta, sancionada por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea. Estrada Velásquez sostuvo que existen condiciones jurídicas para que la Fiscalía de Derechos Humanos inicie una pesquisa con identificación de responsables. Durante una conferencia frente a la sede del Ministerio Público, indicó que la asociación considera que hay jurisprudencia suficiente para emprender una investigación “científica” y “seria”.
Los documentos presentados buscan reconstruir cómo la comunidad artística fue objeto de mecanismos de control estatal durante los 36 años de enfrentamiento. La organización indicó que las pruebas permiten establecer que artistas y profesionales de la cultura fueron considerados adversarios internos por parte de las instituciones de seguridad.
Entre los casos incluidos figuran el del poeta Otto René Castillo, asesinado en 1957; el ensayista Huberto Alvarado Arellano, asesinado en 1974; el músico José León Díaz Bermúdez, muerto en 1980; y el actor Juan Molina Loza, desaparecido en 1969.
El activista advirtió que se trata de expedientes de alto impacto por la influencia que, según planteó, mantienen sectores militares contrainsurgentes.
“Acá en Guatemala los militares contrainsurgentes guardan cuotas de poder muy fuertes o están vinculados a procesos anómalos de impunidad y corrupción”,
afirmó.
Más de 250.000 víctimas de un conflicto de 36 años
El conflicto armado interno enfrentó a grupos guerrilleros con el Estado guatemalteco desde 1960 hasta la firma de la paz en 1996. Durante ese período fueron asesinadas o desaparecieron más de 250.000 personas, de acuerdo con investigaciones de organismos independientes. Más del 90 % de esas víctimas murió por acciones atribuidas a la policía y al ejército, según esas indagaciones.
La denuncia de FAMDEGUA sitúa la persecución a creadores dentro de ese patrón de violencia contra la población civil y contra quienes sostenían posiciones críticas o expresaban ideas distintas a través del arte. Fernando López, artista y científico social, señaló durante la conferencia que la denuncia
“abre un espacio para examinar la práctica artística en relación con los derechos humanos, la justicia y la memoria”.
También destacó el trabajo de Mulaté Guha, una iniciativa de investigación sobre arte, memoria y derechos humanos.
Mulaté Guha, una asociación civil con más de 30 años de trayectoria, afirmó que ha acompañado distintos casos relacionados con el terrorismo de Estado dirigido contra civiles, pensadores y personas perseguidas por sus ideas. La integrante de la organización Alejandra Cabrera sostuvo que el nuevo reclamo incorpora a artistas, poetas y otras personas que expresaban mediante su trabajo aspiraciones de dignidad y bienestar colectivo.
“Hoy damos el paso hacia el frente para poner esta denuncia por el terrorismo de Estado, del cual fueron víctimas artistas, poetas, personas que a través de su arte aportaban a este país”,
expresó Cabrera. La asociación manifestó su expectativa de que el Ministerio Público fortalezca sus capacidades para investigar los hechos y brindar justicia a las víctimas, sus familias y la sociedad guatemalteca.
Fuente: Infobae