Confusión hay en algunos de los 65 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) respecto de la aplicación de las reglas que rigen para hacer campaña electoral, en el marco de los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026.
Eso fue lo que expresaron varios de los candidatos al CPCCS este 16 de octubre, en un acto que realizó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para definir por sorteo público la difusión y publicación de los spots promocionales en medios de comunicación durante los quince días de campaña que van del 12 al 26 de noviembre.
El objeto del sorteo es garantizar que la grabación y difusión de la propaganda se haga de forma “equitativa e igualitaria”, con el mismo alcance, frecuencia y cantidad de emisiones, precisó José Cabrera, presidente del CNE, que estuvo acompañado de varios servidores del organismo.
Estas acciones responden a que, desde el 2019, que los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana se eligen por voto popular, la ley que los rige ordena que solo la autoridad electoral está autorizada para difundir las propuestas y trayectoria de los candidatos.
De esa forma, está prohibido que las organizaciones políticas, candidatos a otras dignidades de elección popular, funcionarios del Estado y actores políticos cobijen o financien las campañas al CPCCS.
La elaboración de los promocionales y su pautaje estará a cargo de una empresa privada, en la que el CNE invertirá $ 4 millones para financiarla.
Según se explicó, del 12 al 26 de noviembre, el objetivo es generar “49 impactos” de cada candidato en televisión, radio y medios alternativos y así alcanzar al 94,9 % de la población.
La idea es que cada promocional se difunda durante los noticiarios que tienen amplia difusión, pero en la misma hora y programación para garantizar la igualdad.
Los candidatos deberán obligatoriamente asistir a las grabaciones con camisa de color blanco y tendrán 30 segundos para decir su nombre, trayectoria y propuesta.
Oficialmente se les informó que podrán decir la frase: “Vota por mí”.
Al final de la actividad se dio espacio para hacer preguntas y algunos aprovecharon para exponer sus reclamos, ya que según dijeron, las reglas contempladas en la ley y reglamentos del CNE no se estarían cumpliendo.
Por ejemplo, el candidato Guillermo Arroba pidió a las autoridades que se aclare si las disposiciones para la campaña del CPCCS y el manual para la promoción son una “recomendación o una obligación”.
Ejemplificó que, pese a que les informaron que para la toma de una fotografía debían acudir con camisa blanca, hubo quienes se presentaron con otros colores. “Entonces, unos cumplieron y otros no”, dijo.
Otra candidata fue Pilar Calderón, quien contó que en su caso ha tratado de evitar promocionarse para cumplir las normas, pero hay competidores que están difundiendo videos con el número de ubicación que tendrán en la papeleta y aparecen en entrevistas en medios de comunicación y redes sociales, lo cual los pone en desventaja.
La razón —apuntó Calderón— es que el reglamento para la promoción emitido por el CNE prohíbe el uso del financiamiento privado, directo o indirecto, para la contratación, difusión, promoción o posicionamiento de los candidatos en cualquier medio de comunicación tradicional y digital, plataformas digitales, sitio web o redes sociales. Sin embargo, no se cumple, recalcó.
La respuesta de Marcelo Peña, coordinador de Participación Política del Consejo Electoral, fue que la Corte Constitucional (CC), en el trámite de una demanda de inconstitucionalidad, dictaminó que los candidatos a esta dignidad pueden usar redes sociales para ejercer su derecho a la libertad de expresión.
Lo que está prohibido es que usen recursos del Estado y financiamiento privado para promocionarse.
Otros participantes cuestionaron que hay quienes estarían en funciones públicas y son a la vez candidatos y estarían recorriendo provincias y promocionándose con recursos gubernamentales.
En esa línea, Peña recordó que el Código de la Democracia establece que para los que van por la reelección al mismo cargo deben solicitar licencia sin sueldo durante la campaña.
Y que el artículo 96 de la misma norma prohíbe ser candidatos a los “servidores públicos de libre nombramiento y remoción, y los de periodo fijo, salvo que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura”. Es decir, hasta agosto pasado cuando transcurrió la etapa de inscripción.
En el auditorio del CNE en Quito, el reclamo persistía ya que entre los 65 candidatos estaba el asesor del presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, Santiago Porras, quien hasta septiembre consta en la nómina del organismo como “asesor 4″.
Autoridades consultadas sobre este hecho informaron extraoficialmente que Porras recién habría renunciado a sus funciones este viernes, 16 de octubre. (I)
Fuente: El universo