El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, alcanzaron un acuerdo este jueves durante la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de buscar mecanismos alternativos que permitan eliminar los controles fronterizos que Roma impuso a principios de agosto, tras el arribo masivo de migrantes a Ceuta. Como parte del pacto, encargaron a sus respectivos ministros del Interior —Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi— que definan esta decisión en un plazo máximo de siete días.
Mientras se ultiman los detalles para desmantelar el dispositivo, el gobierno italiano decidió extender por una semana adicional las verificaciones en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España, hasta el 23 de octubre. Esta prórroga, calificada por fuentes del Ejecutivo italiano como la última antes de cerrar la crisis diplomática con Madrid, responde a la necesidad de sincronizar el calendario con la medida recíproca que aplica España, cuya vigencia expira el 22 de octubre. Desde el Gobierno español confirmaron que los ministerios del Interior de ambos países trabajarán en los próximos días para concretar la eliminación definitiva de los controles.
El restablecimiento de los controles fronterizos comenzó el 1 de agosto, cuando Italia decidió de forma unilateral reinstaurar las revisiones a los viajeros que llegan desde España, argumentando una amenaza para la seguridad nacional derivada de la presión migratoria y la posible utilización de rutas por parte de organizaciones criminales. Como respuesta, España implementó una medida recíproca, formalizada mediante una orden del Ministerio del Interior del 7 de agosto, que impuso controles a vuelos y conexiones marítimas de pasajeros provenientes de territorio italiano, con vigencia a partir del 8 de agosto.
Debe ser el último recurso
Desde entonces, ambos gobiernos han ido prorrogando sucesivamente estas medidas. La última extensión italiana, anunciada el 30 de septiembre, expiró la noche del jueves, lo que obligó a Roma a decidir entre dejarla vencer o renovarla nuevamente. El ministro Piantedosi había justificado aquella prórroga por la persistencia de “cuestiones críticas” vinculadas a la situación en el enclave español de Ceuta, según informó la agencia EFE.
Los controles se aplican exclusivamente en las fronteras interiores aéreas y marítimas entre ambos países, afectando a vuelos y enlaces de pasajeros cuyo último punto de salida se encuentre en territorio del otro Estado. La normativa española aclara que estas verificaciones no constituyen una prohibición general de entrada al país y que se respeta el derecho a la libre circulación de los ciudadanos de la Unión Europea, el derecho a solicitar protección internacional y el principio de no devolución.
El Código de fronteras Schengen permite a los Estados miembros restablecer de forma excepcional y temporal los controles en sus fronteras interiores cuando exista una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. No obstante, exige que la medida sea proporcionada, limitada en el tiempo y sometida a una evaluación permanente. La Comisión Europea sostiene que esta reintroducción debe constituir siempre un recurso de último nivel, y en el pasado ha planteado a países como Alemania, Austria o Francia medidas sustitutivas, como el refuerzo de controles policiales no sistemáticos, el intercambio de información entre cuerpos de seguridad o el uso de sistemas móviles de identificación biométrica.
Se resuelve el problema, no las diferencias
Existe además una particularidad geográfica relevante para entender el conflicto: Ceuta y Melilla cuentan con un régimen especial, por el cual los viajes desde ambas ciudades hacia la península ya están sujetos a controles en sus conexiones aéreas y marítimas. Por lo tanto, la llegada a Ceuta no implica un acceso automático sin verificaciones al resto de España ni al espacio Schengen.
El eventual levantamiento de los controles pondría fin a uno de los mayores desafíos al sistema Schengen protagonizado por dos grandes Estados miembros en los últimos años. Partidos de la oposición en ambos países —tanto en Madrid como en Italia— han criticado la suspensión de las normas de libre circulación como una medida de carácter propagandístico, argumentando que la entrada a Ceuta no otorga de forma automática acceso al espacio Schengen y que Italia no comparte frontera terrestre con España.
El acuerdo alcanzado en Bruselas no resuelve, sin embargo, las diferencias de fondo entre ambos gobiernos en materia de política migratoria, las cuales han generado tensiones recurrentes entre Madrid y Roma en las últimas semanas. Los detalles de las medidas de cooperación alternativas que sustituirán a los controles fronterizos aún no se han hecho públicos.
Fuente: Infobae