El 18 de noviembre próximo, el alcalde de Esmeraldas Vicko Villacís y otras catorce personas naturales y tres personas jurídicas (empresas) acusadas del delito de lavado de activos, dentro del caso Blindado, enfrentarán una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Así lo definió la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho.
La diligencia convocada para las 09:30 del miércoles, 18 de noviembre próximo, se dará una vez se completaron los 120 días de instrucción fiscal dentro del caso Blindado, y casi un mes después el coprocesado juez de Sucumbíos Jorge Bolívar Pinos entregó su testimonio anticipado en la causa.
Menos de una hora duró el testimonio de Pinos, el cual fue entregado el 14 de octubre pasado ante la jueza Camacho, el fiscal general encargado Carlos Alarcón y los procesados y sus defensas. Diana Morales, abogada de Pinos, anotó que lo que ellos buscan con este testimonio es dilucidar la verdad de lo ocurrido en este caso y otros hechos que conocería el acusado. Anticipó que no descartan la posibilidad de acogerse a la figura de la cooperación eficaz. “Queremos colaborar con la lucha contra la corrupción. Ya es hora de que se demuestre con acciones y no solo palabras”, anotó.
Gustavo García, abogado del alcalde Villacís, asegura que el testigo protegido de Fiscalía habló en su testimonio de otros hechos y otras personas que estarían involucradas aparentemente en actos irregulares, pero no involucró a su cliente. Sostuvo que, si el procesado se acoge a la figura de la cooperación eficaz, él debe entregar pruebas de lo que dice, pues no puede quedar en simples dichos.
El testimonio anticipado del juez dado de forma reservada se integró al expediente de la causa penal que investiga a una estructura criminal estratégicamente organizada para la obtención y beneficio de forma sistemática de fondos estatales a través del abuso y desnaturalización de garantías jurisdiccionales.
A inicios de junio pasado se formularon cargos en contra de varias personas naturales, entre ellas Villacís y Pinos, al considerarlos autores directos del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La causa inició en manos de fiscales y jueces sin fuero de Corte Nacional y para la vinculación de inicios de septiembre, que incluyó a jueces de la Corte Provincial de Esmeraldas, el procesamiento pasó a la jueza de la CNJ Camacho.
El 1 de septiembre pasado se vinculó al caso Blindado a los jueces de la Corte de Justicia de Esmeraldas: Genaro Reinoso Cañote, Juan Francisco Morales, Juan Agustín Jaramillo Salinas, Luis Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre; a Simón Bolívar Moreno, a la fecha de los hechos juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Atacames; como persona natural a Iván Sol González; mientras que como personas jurídicas a Reypezpacific S. A., Reysolutionwash S. A. y Teknhikmec S. A.
Debido a estas vinculaciones, la etapa de instrucción fiscal pasó de 90 a 120 días, es decir, el próximo 1 de octubre cerró esta fase de obtención de pruebas de cargo y de descargo. (I)
Fuente: El Universo