La comunidad internacional enfrenta un nuevo revés en Haití. Las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) coordinaron la creación de la denominada «Fuerza de Supresión de Pandillas» (GSF, por sus siglas en inglés), pero tras doce meses de operaciones, la situación sobre el terreno no ha cambiado. Las pandillas controlan aproximadamente el 80% del territorio de la isla caribeña, y la violencia sigue dominando la vida cotidiana de los haitianos.
El objetivo principal de esta misión represiva era eliminar a las bandas de narcotraficantes y garantizar la realización de elecciones presidenciales hacia mediados de diciembre de 2026. Sin embargo, las organizaciones criminales continúan operando sin restricciones, y los comicios ya fueron postergados sin una nueva fecha definida.
Al frente de la GSF se encuentra Jack Christofides, quien lidia a diario con complejas trabas burocráticas que limitan severamente la efectividad de la fuerza. Hace un año que el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el despliegue, pero hasta ahora apenas se han sumado 1.600 efectivos de los 5.500 prometidos. La meta sigue siendo una promesa incumplida.
La burocracia internacional ha llegado a extremos llamativos. A pesar de que Haití se encuentra cerca de una veintena de países con costa en el Atlántico, el Pacífico y el Caribe, la ONU decidió solicitar embarcaciones a Bangladesh —nación ubicada a casi 15.000 kilómetros de distancia— para patrullar la zona marítima.
En teoría, Christofides debería contar con tropas de países como Jamaica, Bahamas, Guyana, Barbados, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Benín y Chad. Pero las naciones que se comprometieron con la misión demoran el envío de sus contingentes, evidenciando la fragilidad de una fuerza multinacional que hasta ahora registra pocos resultados concretos.
A pesar de este panorama desalentador, el Consejo de Seguridad prorrogó la vigencia de la misión hasta finales de marzo de 2027. Christofides se mantendría al frente, aunque crecen las críticas desde la ONU y la OEA por su gestión. El principal cuestionamiento apunta a su incapacidad para comprender que lidera una fuerza represiva en un entorno de fragilidad política y con un marco jurídico insuficiente para combatir al crimen organizado de manera sostenida.
En este contexto de estancamiento, ha comenzado a circular en círculos diplomáticos un memo de la administración Trump que pone en tela de juicio la estrategia actual. El documento, titulado «Un año después, la crisis de seguridad en Haití exige una estrategia real, no burocracia», plantea duras críticas y una alternativa concreta.
Las claves del memo
«El mes pasado se cumplió un año desde que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución destinada a enfrentar la violencia devastadora en Haití».
«Ante la creciente falta de recursos y la lentitud en la ejecución, la ONU extendió discretamente el mandato de la misión por seis meses adicionales».
«La extensión parece un trámite habitual de la diplomacia internacional, pero sobre el terreno, en Haití, resulta una trágica ironía».
«Según los plazos originales, la GSF debía aumentar considerablemente su despliegue hasta alcanzar un objetivo de 5.500 efectivos. Sin embargo, un año después de iniciado este experimento, el número de efectivos sigue siendo apenas una fracción de esa meta, mientras que la infraestructura esencial y las instalaciones logísticas necesarias para recibir a las fuerzas que deben incorporarse continúan relegadas».
«Millones de dólares siguen desapareciendo en circuitos burocráticos, dejando una realidad evidente: la solidaridad verbal y financiera de la comunidad internacional no se traduce en seguridad para el haitiano común».
«En este momento, la vida cotidiana en Haití está completamente paralizada. Los ciudadanos no pueden desplazarse libremente dentro de su propio país».
«Las despiadadas pandillas, que cuentan con más de 10.000 integrantes, controlan de hecho las principales vías de circulación y cobran peajes extorsivos incluso por el transporte público, donde las personas arriesgan todo lo que tienen, incluida su propia vida».
«Miles de haitianos son asesinados cada año. A esto se suman la violencia sexual generalizada, los secuestros y las agresiones sistemáticas. Los principales líderes de las pandillas se burlan abiertamente de la comunidad internacional, mientras las víctimas quedan indefensas».
El memo propone un giro drástico: «La solución inmediata más evidente es trasladar la conducción operativa fuera de los canales burocráticos civiles y colocarla directamente bajo la supervisión estratégica del liderazgo del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM)». El texto aclara que «esto no significa desplegar una enorme cantidad de tropas estadounidenses sobre el terreno», sino incorporar «experiencia táctica, disciplina operativa y capacidad logística» a la cadena de mando.
Según el documento, «los expertos del SOUTHCOM saben cómo planificar, dotar de recursos y ejecutar estrategias de seguridad coordinadas capaces de desmantelar las redes de los cárteles y las pandillas, despejar infraestructuras esenciales y respaldar eficazmente a las fuerzas de seguridad locales». En contraste, advierte que «la crisis de Haití no puede resolverse mediante resoluciones interminables y diluidas, extensiones sucesivas de los mandatos ni capacitación improvisada de administradores civiles sobre la marcha».
El debate al interior de la administración republicana se define entre dos opciones: mantener una estrategia diplomática conducida por la Secretaría de Estado, o cambiar el enfoque y pedir la colaboración de la Secretaría de Guerra a través del Comando Sur. La decisión podría marcar un antes y un después en la lucha contra las bandas en Haití.
La presente misión de la ONU en territorio haitiano tiene su vencimiento previsto para el 31 de marzo. Queda por ver si habrá una renovación bajo los mismos términos o si, como sugiere el memo, se optará por una estrategia radicalmente diferente.
Fuente: Infobae