Un tribunal concedió este martes 6 de octubre la suspensión condicional de la pena a cuatro personas sentenciadas como cómplices en el denominado caso Triple A, en el que también está condenado Aquiles Alvarez, así lo informó la Fiscalía General del Estado.
Los beneficiados son Carolina del Rocío Troya, Lady Juliana Cedeño, Jessenia Vélez Orellana y José Ricardo Cevallos Avellán. Los cuatro habían sido condenados a dos años y ocho meses de prisión como cómplices del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos.
La audiencia se instaló de forma telemática pasadas las 17:00. Tras analizar los argumentos expuestos, el Tribunal aceptó las solicitudes de los cuatro sentenciados y les otorgó el beneficio.
La suspensión condicional de la pena es un beneficio que contempla el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Su concesión depende de que el tribunal verifique que se cumplan los requisitos previstos en esa norma.
La condena sigue vigente, pero la persona sentenciada no ingresa a la cárcel mientras cumpla las reglas que le fija el tribunal. Si incumple esas condiciones, la pena se activa y debe ir a prisión.
El caso
El 29 de agosto, el tribunal sentenció a seis años y ocho meses de prisión al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a otras cuatro personas, en calidad de culpables del mismo delito.
Los cuatro cómplices ahora beneficiados recibieron una pena menor, de dos años y ocho meses.
Para las empresas vinculadas a Alvarez y a su familia (Copedesa S. A., Corpalubri S. A., Ternape Petroleum S. A., Fuelcorp S. A., Indudiésel S. A. y Harsajudi S. A.), el tribunal dispuso la clausura definitiva y la disolución.
Además, ordenó una reparación integral de $ 61,5 millones a favor de Petroecuador y de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), y multas de doce salarios básicos para las personas naturales y de mil para las empresas declaradas culpables.
En el proceso, seis personas fueron declaradas inocentes, decisión que la Fiscalía General del Estado apeló.
Según la acusación de la Fiscalía, entre 2020 y 2024 se desviaron 22,7 millones de galones de diésel y gasolina, lo que provocó un perjuicio económico al Estado de $ 61,5 millones.
La investigación señala que el mecanismo consistía en adquirir combustible subsidiado para el segmento automotor y comercializarlo en los segmentos industrial y naviero internacional, que no correspondían a su destino autorizado y donde se vendía a precios superiores.
Cómo llegó a esta audiencia
La diligencia había sido convocada inicialmente para el 14 de septiembre, pero se difirió a pedido del abogado de Cevallos Avellán.
Luego fue fijada para este 6 de octubre, a las 17:15, de manera virtual, por la plataforma Zoom, a cargo del juez ponente Jorge Sánchez Pico. (I)
Fuente: El Universo