La inversión rural como prioridad regional
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) lanzó una advertencia contundente durante un foro en Panamá: incrementar el financiamiento en las áreas rurales resultará determinante para acelerar el crecimiento económico en América Latina y el Caribe. A pesar de los progresos recientes, la región aún enfrenta profundas brechas en pobreza, acceso a servicios y oportunidades laborales que frenan su desarrollo.
El llamado se produjo en el marco del encuentro regional titulado “El futuro comienza en las zonas rurales: invirtiendo en los jóvenes, los mercados y la innovación”, celebrado en la Ciudad de Panamá. La cita congregó a más de 80 participantes de 15 países, incluyendo representantes de gobiernos, organismos internacionales, entidades financieras, empresas y líderes juveniles.
Rocío Medina Bolívar, directora regional del FIDA para América Latina y el Caribe, señaló que existe una ventana de oportunidad para aunar esfuerzos y movilizar recursos significativos destinados a transformar las economías rurales. La apuesta, explicó, consiste en conseguir inversiones a gran escala que permitan capitalizar el potencial económico latente en estos territorios.
Medina Bolívar subrayó que el impacto de una economía rural dinámica se extiende mucho más allá de las comunidades beneficiarias directas. Cuando estas zonas prosperan —afirmó— toda la sociedad obtiene réditos, los sistemas alimentarios se fortalecen y aumenta la resiliencia frente a crisis. La directora vinculó estrechamente la inversión rural con la preparación ante coyunturas económicas adversas y fenómenos climáticos, dos amenazas que cobran mayor peso en un entorno internacional volátil. A su juicio, la seguridad alimentaria, la estabilidad y la prosperidad de los países dependen en buena medida del dinamismo de sus áreas rurales.
Panamá: proyectos y avances concretos
En territorio panameño, el FIDA reporta ocho proyectos de desarrollo rural con un costo total de 182.41 millones de dólares, de los cuales 68.93 millones provienen directamente del organismo. Estas intervenciones han estado dirigidas a comunidades indígenas y pequeños productores, e incluyen programas de desarrollo sostenible ejecutados en regiones como Darién, Ngäbe Buglé, Coclé, Colón y Panamá Oeste.
El debate sobre la inversión rural ocurre en un contexto donde Panamá exhibe fuertes contrastes entre su desempeño macroeconómico y las condiciones sociales en distintos territorios. El Índice de Pobreza Multidimensional más reciente indica que el 12.4% de la población se encontraba en esa situación en 2025, una mejora frente al 14.7% registrado en 2022. Esto significa que 83,949 personas dejaron de estar en condición de pobreza multidimensional en el período analizado.
Los avances alcanzaron también zonas históricamente rezagadas como la comarca Emberá, Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, aunque estas áreas mantienen importantes rezagos sociales y económicos. La medición de pobreza multidimensional considera privaciones en educación, trabajo, vivienda, servicios básicos, salud y condiciones ambientales, lo que permite observar más allá de los ingresos. Estas carencias son particularmente agudas en entornos rurales, donde la falta de conectividad, infraestructura y acceso a servicios profundiza las desigualdades frente a los centros urbanos.
Entre 2022 y 2025, Panamá logró electrificar 3,407 viviendas en comunidades rurales, comarcales y de difícil acceso, reduciendo en un 39.8% la privación relacionada con la carencia de electricidad. En el mismo lapso, la carencia de acceso a vías terrestres disminuyó un 31.1% a nivel nacional.
Estrategias para transformar las economías rurales
Para el FIDA, la transformación de estas economías exige facilitar el acceso al financiamiento de los pequeños productores y mejorar su vinculación con los mercados. La estrategia también contempla incorporarlos a actividades de mayor valor agregado mediante procesamiento, almacenamiento y comercialización, de modo que una porción más grande de los ingresos se quede dentro de las comunidades.
El sector privado emerge como otro pilar de ese cambio. Según datos del organismo, una participación empresarial sólida puede multiplicar hasta por cuatro los ingresos de los trabajadores rurales en comparación con escenarios de menor involucramiento, especialmente cuando las inversiones fortalecen las cadenas de valor y conectan la producción con los mercados.
Fausto Fernández, viceministro de Finanzas de Panamá, sostuvo que el desarrollo rural debe integrarse en una agenda que priorice el crecimiento, la productividad, la generación de empleo y la reducción de desigualdades. Además de la agricultura y la agroindustria, identificó oportunidades en turismo, logística, servicios y economía digital como vectores capaces de crear valor y puestos de trabajo.
La tecnología también juega un rol destacado. A través de la iniciativa Innovatech, más de 30 empresas tecnológicas emergentes han colaborado con más de 1,000 organizaciones de pequeños productores para adaptar soluciones a sus necesidades. Los proyectos abarcan servicios financieros, comercialización, educación financiera y producción sostenible, entre otros ámbitos vinculados a la actividad rural.
El desafío de retener a los jóvenes en el campo
Uno de los retos centrales es evitar que la falta de perspectivas económicas siga impulsando a los jóvenes rurales hacia las ciudades o el extranjero. El encuentro en Panamá abrió un diálogo sobre alternativas para que puedan permanecer, invertir y desarrollar emprendimientos en sus propias comunidades, transformándose en protagonistas del cambio económico de sus territorios.
En su trayectoria, el FIDA ha movilizado más de 9,000 millones de dólares a través de 525 proyectos de desarrollo rural en América Latina y el Caribe. Actualmente mantiene una cartera regional de 25 proyectos valorados en aproximadamente 2,500 millones de dólares, incluyendo recursos propios y de otros socios. La discusión panameña se enmarcó en la Decimocuarta Reposición de Recursos del FIDA, que financiará su programa entre 2028 y 2030. El organismo busca combinar contribuciones de sus Estados miembros con otras fuentes de capital para ampliar las inversiones, fortalecer los sistemas agroalimentarios y convertir las economías rurales en motores de crecimiento en la región.
Fuente: Infobae