Tras la tragedia, las autoridades brasileñas del Servicio Penitenciario y la Policía Militar emitieron comunicados oficiales afirmando que en el Complejo Penitenciario de Carandiru se había dado un enfrentamiento entre presos y agentes. Sin embargo, las cifras del supuesto combate desmentían esa versión de forma flagrante: del lado de los reclusos hubo 111 fallecidos y 110 heridos, mientras que entre los más de 300 policías militares que irrumpieron en el penal ninguno presentaba un solo rasguño. Ese fue el burdo intento de ocultar la peor masacre en la historia de las prisiones brasileñas. La verdad, reconstruida con testimonios de sobrevivientes y observadores independientes, demostró que los detenidos no opusieron resistencia y que los agentes continuaron disparando incluso contra quienes buscaban refugio en sus celdas, donde fueron acorralados y ejecutados a sangre fría.
Para dimensionar la magnitud de la carnicería, basta compararla con la Masacre del Pabellón Séptimo de la cárcel de Devoto, ocurrida el 14 de marzo de 1978 en Argentina. Según cifras oficiales, aquella tragedia dejó 64 prisioneros muertos, la mayoría calcinados por el fuego que se expandió en el recinto cerrado sin que nadie hiciera el mínimo esfuerzo por ayudarlos.
En Carandiru, la cárcel más grande y superpoblada de América Latina, todo era descomunal. Su capacidad era de 3250 presos, pero para mediados de 1992 albergaba casi siete mil reclusos, de los cuales más de dos mil estaban hacinados en el Pabellón Noveno. Muchos de los internos no tenían condena firme, sino que se encontraban en prisión preventiva. Al mando del penal estaba el director José Ismael Pedrosa, un hombre con larga trayectoria en el sistema penitenciario brasileño, cuyo historial combinaba felicitaciones de autoridades con denuncias por represión injustificada y violaciones a los derechos humanos.
Así estaban las cosas cuando, el 2 de octubre de 1992, 341 policías militares, armados con armas pesadas cargadas con munición letal y acompañados por perros entrenados, ingresaron al complejo ubicado en pleno centro de San Pablo y dispararon contra los presos. El promedio de edad de las víctimas se calculó en 22 años, y muchas de ellas estaban en prisión preventiva, sin condena firme.
Cronología de una masacre
La tarde del viernes 2 de octubre, un partido de fútbol derivó en una pelea entre presos que pronto se convirtió en un tumulto con epicentro en el Pabellón Noveno. Hubo golpes, armas blancas y algunos internos prendieron fuego a un colchón. Según la versión oficial, se trataba de un motín, pero ninguno de los testimonios de sobrevivientes lo corroboró. La mayoría aseguró que fue una pelea entre dos reclusos que fue escalando, y que nadie tenía intención ni posibilidad de tomar la cárcel.
El reglamento indicaba que el Servicio Penitenciario debía resolver la situación con sus propias fuerzas, pero el director Pedrosa optó por pedir a la Policía Militar que reprimiera “el motín”. La misión recayó en el coronel Ubiratan Guimarães, quien tomó el mando de tres batallones de la PM y solicitó refuerzos al Ejército. Todo se desmadró hasta convertirse en una carnicería.
Decidido a reprimir a sangre y fuego, Guimarães impuso primero un cerco alrededor del penal para evitar que civiles se acercaran. La excusa fue garantizar la seguridad ciudadana, pero en realidad buscó – y logró – que ningún periodista ni funcionario judicial pudiera presenciar lo que ocurriría.
Con el perímetro cerrado, a las 15:30 dio la orden de entrada. 341 policías militares y soldados irrumpieron en el complejo llevando armas de puño automáticas, ametralladoras y perros entrenados. Los disparos no tardaron en sonar. No buscaban controlar un motín, sino perpetrar una masacre que sirviera como escarmiento.
Dentro del penal estaba el doctor Drauzio Varella, médico de Carandiru, quien fue testigo directo de lo que ocurrió:
“Mandás invadir un pabellón a oscuras, con un colchón encendido en medio de la humareda, mandás a policías que no conocen la cárcel por dentro (eran policías militares, estaban trabajando en la calle, pelotón de choque, otros), con un perro en una mano y una ametralladora en la otra mano: ¿qué creés que va a suceder?”, contó después, pese a las presiones para que guardara silencio.
Relatos estremecedores
Tanto el doctor Varella como los sobrevivientes dejaron claro que no hubo enfrentamientos, sino ejecuciones. “Los policías entraron arremetiendo contra todo lo que se movía y lo que no se movía. Imaginate: estás ahí preso, tenés un cuchillo en una mano y aparece en la punta de la galería un pelotón de policías militares con ametralladoras en la mano y un perro. ¿Qué hacés en ese momento? Vas a tu celda, tirás el cuchillo y te escondés dentro de ella. No tenés ninguna posibilidad de enfrentarlos”, relató el médico.
El preso Sidney Salles tuvo suerte porque el policía que lo persiguió hasta su celda le “perdonó” la vida después de decirle que lo iba a matar. “Cuando salí a la galería, vi un montón de cadáveres tirados en el suelo. Nos ordenaron sacar a los muertos y cargué unos veinticinco cuerpos. Los bajábamos de los pisos y los amontonábamos en el patio. Esta escena ha sido una constante en mi mente. En los días después de la masacre, las imágenes de los cuerpos ensangrentados me torturaban psicológicamente de noche, cuando dormía. A menudo me despertaba gritando, en pánico”, explicó.
El perito criminal Osvaldo Negrini, de la Policía Civil, fue la primera persona en entrar a la cárcel después de la masacre. “Cuando llegué, para alcanzar el primer piso tuve que subir una escalera: era una cascada de sangre. La sangre corría escalera abajo y me llegaba hasta la canilla”, declaró bajo juramento en uno de los juicios. También reconstruyó que 85 de las 111 víctimas fueron ejecutadas a sangre fría en sus celdas. “Muchos disparos fueron realizados desde las ventanillas de las puertas de las celdas y encima con ametralladora. Así los policías conseguían matar a cuatro o cinco presos de una vez. No había necesidad de una acción de este tipo, los reclusos ya estaban dominados. Pero, no se sabe por qué razón, optaron por exterminar a varios de ellos simultáneamente”, detalló.
Esos testimonios también sacaron a la luz las maniobras de encubrimiento que la policía intentó después de la matanza: plantar armas en las celdas y recoger todos los casquillos de las balas disparadas para dificultar el trabajo de los forenses. “No haber encontrado ninguna cápsula hizo imposible individualizar las conductas de los policías ni identificar a quienes dispararon en cada caso, pero las paredes hablaban, la historia estaba escrita en ellas”, declaró Negrini, quien contabilizó más de quinientos impactos en las paredes.
Una justicia lenta y parcial
El Complejo Penitenciario de Carandiru fue demolido el 9 de diciembre de 2002, poco después de que sus instalaciones se usaran para filmar “Carandiru”, película dirigida por el argentino-brasileño Héctor Babenco, basada en el libro del doctor Drauzio Varella.
Los procesos judiciales se prolongaron por décadas. Hubo que esperar hasta 2013 para que la Justicia condenara a 74 de los policías que participaron en la represión por la muerte de 77 presos. Las penas oscilaron entre 48 y 624 años de prisión. Sin embargo, ninguno cumplió la pena, utilizando constantes apelaciones que los mantuvieron fuera de la cárcel.
El coronel Ubiratan Guimarães, jefe del operativo, ya había sido condenado en 2001 a 632 años de prisión por 102 de las 111 muertes (seis años por cada homicidio y veinte años por cinco tentativas). No cumplió un solo día de cárcel: al año siguiente, mientras apelaba la sentencia, fue elegido diputado estatal de San Pablo y luego logró que el Tribunal de Justicia de San Pablo anulara la condena por un “error” de procedimiento. Fue asesinado en su casa de un tiro en la cabeza en 2006, y en la pared del edificio donde vivía apareció días después una pintada con aerosol que decía: “Aquí se hace, aquí se paga”. El director de la cárcel, José Ismael Pedrosa, corrió similar suerte: lo mató un comando del grupo criminal Primeiro Comando da Capital (PCC), organización nacida en las cárceles que lo tenía amenazado de muerte desde poco después de la masacre.
Para redondear el mecanismo de impunidad, los 74 policías condenados fueron indultados por el expresidente Jair Bolsonaro el 23 de diciembre de 2022, en una de sus últimas medidas de gobierno. Pero menos de un mes después, ya con Lula en la presidencia, el Tribunal Supremo de Brasil anuló esos indultos.
La masacre de Carandiru pareció marcar un punto de inflexión en el sistema carcelario de San Pablo y de todo el país, con la creación de prisiones más pequeñas y alejadas de los centros urbanos para evitar la superpoblación.
Fue apenas una ilusión: según el Anuario Brasileño de Seguridad Pública de 2025, la población carcelaria supera las 965.000 personas, incluyendo regímenes en penitenciarías y unidades policiales, frente a una capacidad de 679.000 plazas oficiales, lo que implica una superpoblación de 280.000 y el consiguiente hacinamiento. El 94% de los presos son hombres y el 70% del total son negros y pardos. Brasil tiene la tercera población carcelaria del mundo y la primera de América Latina. De acuerdo con proyecciones oficiales, se estima que alcanzará el millón de presos en 2027.
Fuente: Infobae