Nueva York exige cancelar suscripciones con un solo clic

La Gran Manzana ha marcado un precedente en Estados Unidos al convertirse en la primera ciudad en promulgar una ley que exige a las compañías facilitar la cancelación de suscripciones con la misma sencillez con que se crean. La normativa, denominada Click to Cancel, entró en vigor el 1 de octubre.

La disposición abarca a gimnasios, servicios de streaming, aplicaciones y cualquier negocio que opere con cobros automáticos recurrentes o renovaciones continuas. La autoridad encargada de velar por su cumplimiento es el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la ciudad (DCWP).

¿Qué obliga a hacer la norma?

Las empresas deberán implementar un mecanismo de cancelación tan directo como el de registro, utilizando el mismo canal por el que el usuario se suscribió. Quien se inscribió en línea podrá darse de baja en línea, y quien lo hizo en persona tendrá derecho a una opción web o por correo.

Las empresas deben ofrecer una opción de baja por el mismo canal que el cliente usó para suscribirse. (Imagen ilustrativa Infobae)

La regla también exige avisos anticipados. Las suscripciones con vigencia mínima de un año y renovación automática de seis meses o más deberán notificar al usuario entre 15 y 45 días antes del vencimiento. Los cambios de precio deben informarse entre cinco y 30 días antes de aplicarse.

Las pruebas gratuitas superiores a un mes quedan igualmente reguladas: las empresas están obligadas a enviar un recordatorio entre tres y 21 días antes de realizar el primer cobro, según lo detalla el texto de adopción del DCWP.

El costo de no cumplir

Las compañías que infrinjan la norma se exponen a multas que inician en USD 525 por la primera infracción y pueden escalar hasta USD 3.500 para reincidencias, además de tener que reembolsar a los consumidores afectados, según información de la oficina del alcalde neoyorquino.

La regla abarca a gimnasios, aplicaciones y servicios de streaming con cobros automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada declaración, descripción u omisión incumplida puede considerarse una infracción independiente, lo que multiplica el riesgo para empresas con grandes volúmenes de suscriptores en la ciudad.

El comisionado del DCWP, Samuel A. A. Levine, afirmó que la agencia no tolerará “trucos y trampas” que buscan retener el dinero de los neoyorquinos mediante procesos de cancelación confusos.

La ex titular de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, Lina Khan, calificó la medida como un freno a “estafas corporativas” que, según señaló, cuestan miles de millones de dólares a los consumidores cada año.

La regulación obliga a las empresas a notificar a los usuarios sobre los vencimientos de contratos, cambios de tarifas y la finalización de pruebas gratuitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un vacío dejado por la Casa Blanca

La iniciativa llena un espacio que quedó abierto a nivel federal. La Comisión Federal de Comercio había aprobado su propia versión de la regla de cancelación simple en 2024, pero un tribunal de apelaciones la anuló en julio de 2025 por fallas de procedimiento.

Desde entonces, el organismo federal reinició el proceso con una consulta pública a comienzos de 2026, pero aún no existe una norma nacional vigente. Según estimaciones del Roosevelt Institute citadas por la alcaldía, la medida neoyorquina podría ahorrar a los residentes entre USD 21,5 millones y 162,5 millones al año en comisiones y suscripciones no deseadas.

Los usuarios pueden canalizar sus denuncias mediante el servicio telefónico 311 o la plataforma digital del municipio para gestionar bajas y reembolsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El DCWP recibió más de cien quejas de consumidores durante 2025 por dificultades para cancelar suscripciones. Representantes de la industria de telecomunicaciones solicitaron una excepción para sus servicios, pero la agencia la rechazó al no encontrar una norma federal equivalente que los eximiera.

Los neoyorquinos pueden presentar denuncias llamando al 311 o a través del sitio web de la ciudad, y el DCWP intentará primero mediar con la empresa para recuperar el dinero del cliente y asegurar la baja efectiva del servicio.

De esta forma, se busca que los consumidores tengan un control más directo sobre los pagos recurrentes y puedan finalizar una relación comercial sin enfrentar obstáculos adicionales. Para las empresas, la entrada en vigor implica revisar sus formularios, plataformas digitales y canales de atención al cliente.

Fuente: Infobae

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