El exmandatario Jair Bolsonaro ha vuelto a solicitar al Supremo Tribunal Federal (STF) que anule su condena por tentativa de golpe de Estado, mediante un nuevo recurso de revisión criminal. La defensa legal del político presentó este documento el 25 de septiembre ante la máxima corte brasileña.
En el escrito, los abogados piden una medida cautelar que suspenda la aplicación de la pena y permita al expresidente abandonar el régimen de prisión domiciliaria mientras el tribunal analiza el caso.
El expediente fue asignado al magistrado Kassio Nunes Marques, quien previamente había conocido de otra revisión criminal impulsada por la defensa de Bolsonaro en mayo contra el mismo fallo. La representación legal solicitó que esta nueva causa se derivara al mismo juez, argumentando que ambos recursos impugnan la condena emitida en el proceso por el intento de golpe.
La nueva acción legal exige la nulidad de las resoluciones que dieron pie a las indagaciones en el marco del denominado inquérito de las noticias falsas. Según los defensores, si el STF acoge esta petición, tendría que dejar sin efecto las pruebas derivadas de dichas medidas y los testimonios incorporados al proceso desde mayo de 2025.
Además, se pide la reapertura de la fase de producción de pruebas. La solicitud contempla un período para que la defensa pueda revisar los datos originales y retire del expediente aquellos elementos que considere irregulares.
Este recurso se fundamenta en un informe técnico que la defensa presenta como nueva evidencia. El documento advierte sobre dificultades para corroborar la cadena de custodia de algunas pruebas digitales utilizadas durante el juicio. Los abogados sostienen que no pudieron verificar de manera completa el origen, la extracción y el manejo de ciertos archivos.
El informe no afirma que las pruebas hayan sido manipuladas. No obstante, la defensa alega que la imposibilidad de acceder a ciertos datos les impidió confirmar que los archivos mantuvieran su integridad desde el momento de su recolección hasta su ingreso al proceso judicial.
“No se busca, debe aclararse desde el principio, un segundo juicio del caso; esta revisión se presentó por hechos nuevos, una prueba nueva y la demostración clara de que mantener la condena de Jair Bolsonaro representa una grave injusticia”, afirmaron los abogados en el escrito.
Entre los elementos impugnados se encuentran los mensajes de la aplicación Signal extraídos de los dispositivos del teniente coronel Mauro Cid, exasistente de Bolsonaro. De acuerdo con el informe presentado por la defensa, parte de esas conversaciones fue registrada mediante grabaciones de pantalla en lugar de una extracción pericial directa de los datos.
Los defensores también indicaron que no obtuvieron los archivos originales de la extracción efectuada en el teléfono de Bolsonaro. Aseguran que esa carencia les impidió auditar el material y comprobar su contenido íntegro.
“Durante el proceso, la defensa planteó cuestiones importantes al recibirse la acusación y en los alegatos finales”, indicaron los abogados.
Agregaron que el expediente lesionó el principio acusatorio y que recibieron parte de las pruebas apenas horas antes de la instrucción, fase que se prolongó por aproximadamente dos semanas.
Para respaldar este planteamiento, la defensa mencionó discusiones recientes en el STF sobre el procedimiento que vincula al magistrado Alexandre de Moraes y al exbanquero Daniel Vorcaro, detenido por presunto fraude. En ese caso, miembros de la corte debatieron el acceso de las partes a la totalidad de los datos digitales que fundamentaron un informe de la Policía Federal.
Los letrados recordaron que, luego de la difusión de mensajes entre De Moraes y Vorcaro, la Fiscalía General puso en tela de juicio la investigación abierta en ese expediente. El ente señaló que la solicitud para indagar a un miembro del Supremo debía ser resuelta por el pleno del tribunal.
La representación de Bolsonaro trasladó ese argumento a la causa por golpismo. Según los abogados, el exmandatario fue incorporado al inquérito de las noticias falsas cuando aún ejercía la Presidencia, sin que la decisión fuera aprobada por el pleno del STF. A su juicio, esa resolución violó el reglamento interno de la corte.
El recurso afirma que esa supuesta irregularidad contaminó los actos subsiguientes que condujeron a la acusación y la condena por la trama golpista. Por ello, los defensores solicitan la nulidad de las resoluciones iniciales, de las pruebas obtenidas a partir de ellas y de los testimonios incluidos en el expediente.
Fuente: Infobae