En el centro del debate global sobre inteligencia artificial, más allá de los riesgos y beneficios técnicos, se ha puesto sobre la mesa el impacto que esta tecnología de rápida evolución está generando en el tablero mundial. Durante gran parte de la discusión actual, la atención se ha concentrado en los dos gigantes que impulsan las tecnologías habilitadoras: Estados Unidos y la República Popular China. Esta orientación estratégica se hizo evidente en la cumbre bilateral de septiembre de 2026, cuando el entonces presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, incluyeron a la inteligencia artificial como eje central de su agenda.
Sin embargo, el impacto real de la IA en el resto del planeta —especialmente en las llamadas potencias medias— suele ser menos difundido, aunque no por ello menos relevante. Estas naciones, entre las que se cuentan varios países de América Latina, se enfrentan a una encrucijada histórica: adoptar la tecnología de las grandes corporaciones de Washington o de Pekín, o arriesgarse a quedar rezagadas en el nuevo orden económico global. En ese escenario, la soberanía tecnológica se convierte en un lujo difícil de alcanzar.
La historia reciente ofrece lecciones complejas. Durante el siglo XX, algunos gobiernos de izquierda en América Latina intentaron impulsar modelos de industrialización por sustitución de importaciones y estrategias de desarrollo autónomo. Aquellas decisiones, tomadas en nombre de la soberanía nacional, terminaron costando caro en términos de competitividad y poder relativo. Ahora, con la IA como telón de fondo, el dilema se repite con matices propios de la era digital.
Los ecosistemas tecnológicos globales tienden a polarizarse. Las potencias medias, como Ecuador, México o los países de la Comunidad Andina, observan con atención cómo los bloques de EE.UU. y China construyen alianzas cerradas en torno a sus propias plataformas, estándares y modelos de negocio. Ambos gigantes exigen, como moneda de cambio para acceder a sus tecnologías, una alineación política y normativa que condiciona las decisiones locales. La protección de la propiedad intelectual y la seguridad nacional se convierten en argumentos de presión comercial.
Aun así, no todo está determinado. La Unión Europea, Japón, Corea del Sur y la India podrían ofrecer alternativas parciales, aunque con menor capacidad de escalamiento. En este escenario, las potencias medias tendrían menos espacio para desarrollar autonomía tecnológica que en ciclos anteriores. Las condiciones estructurales, como la inversión necesaria y la complejidad de los ecosistemas digitales, reducen las posibilidades de desarrollo endógeno.
No obstante, hay iniciativas relevantes. En Querétaro, México, se han anunciado proyectos de computación en la nube e inteligencia artificial, aunque persisten dudas sobre la disponibilidad energética para operarlos a gran escala. En 2025 se destinaron miles de millones a infraestructura de IA en el país, con una proyección adicional de 600 000 millones de dólares para 2026. Estas inversiones podrían marcar un punto de inflexión regional.
Para las naciones más pequeñas, surge una alternativa innovadora: convertir la capacidad de cómputo en un activo exportable, tal como se hace con los recursos naturales. Vender «potencia de cálculo» a mercados internacionales, aprovechando la demanda de datos y procesamiento, se perfila como una oportunidad real. Sin embargo, esta estrategia también implica riesgos de dependencia y de extracción de valor sin un beneficio local estructural.
La adopción de la IA no se limita a los gobiernos. En las potencias medias, el sector privado ha mostrado mayor capacidad de adaptación que el sector público. Según un estudio del Banco Mundial, las empresas privadas han incorporado la inteligencia artificial más rápidamente que los Estados, aunque el potencial transformador en la administración pública es enorme: desde la detección de irregularidades financieras hasta la optimización de procesos judiciales y policiales.
La vigilancia potenciada por IA es un tema sensible. Las llamadas «cámaras de rebaño», implementadas en Estados Unidos para el control de multitudes, demuestran que el uso de estas tecnologías no es exclusivo de regímenes autoritarios. La capacidad de monitorear a la población se expande, y con ella, los dilemas sobre privacidad y control estatal.
En términos de seguridad, los grupos criminales han sabido aprovechar las herramientas digitales. Organizaciones como Tren de Aragua, Los Pulpos y Los Gallegos ya emplean drones para vigilancia y contrabando, mientras que las criptomonedas facilitan el lavado de activos. La inteligencia artificial también refuerza los sistemas de control fronterizo en países como EE.UU., China y la Unión Europea, lo que impacta directamente en los flujos migratorios.
Impacto económico y mercado laboral
El desplazamiento laboral es otra de las grandes preocupaciones. El Foro Económico Mundial estima que la IA podría eliminar 92 millones de empleos para 2030. Los nuevos puestos de trabajo no surgirán en los mismos sectores ni con las mismas competencias, lo que obligará a procesos de reconversión profesional intensivos. Los salarios, especialmente en tareas manuales y técnicas de menor nivel, enfrentarán presiones a la baja.
La reacción social no se hará esperar. La combinación de desempleo, desigualdad y desconfianza en las élites políticas puede alimentar olas de descontento populista, como ya ocurrió en ciclos anteriores de transformación económica.
El rol de China y la manufactura avanzada
La República Popular China integra la IA con robótica para dominar la manufactura global. Sus empresas pueden producir a escala masiva, reduciendo costos unitarios y ganando cuota de mercado. Incluso si las potencias medias impulsan industrias locales, las compañías chinas podrían fabricar en territorio aliado, como ya lo hacen en Serbia, manteniendo el control de la propiedad intelectual y el retorno del capital.
La venta de capacidad de cómputo también conlleva riesgos de un neocolonialismo tecnológico. Los centros de datos, con su alta rentabilidad pero escasa generación de empleo, podrían provocar una carrera regulatoria a la baja entre países que compiten por atraer inversiones mediante beneficios fiscales y concesiones legales.
En este contexto, el poder de negociación local es limitado. A diferencia de las minas o fábricas, cuyo valor físico es difícil de mover, los centros de datos pueden ser desmantelados o inutilizados por las empresas tecnológicas para proteger su propiedad intelectual ante posibles expropiaciones. La asimetría de poder es evidente.
La corrupción puede agravar el problema. En países con instituciones débiles, el acceso a estas inversiones se convierte en una fuente de rentas para élites locales, lo que debilita aún más la institucionalidad democrática y fomenta la captura del Estado.
En el ámbito normativo, el debate sobre si las empresas de IA pueden ser consideradas personas jurídicas ya ha llegado a la región. Argentina discute actualmente esta posibilidad, un anticipo de los desafíos legales que se vienen.
La automatización también afectará las cadenas de valor globales. Países como Ecuador podrían perder competitividad en sectores intensivos en mano de obra, como la agricultura de exportación, si los países desarrollados reducen la demanda de trabajadores temporeros.
El futuro no está escrito, pero los líderes de las potencias medias y menores deben reflexionar seriamente sobre cómo preparar a sus sociedades para aprovechar las oportunidades de la IA y mitigar sus riesgos. La planificación estratégica es urgente.
El autor es investigador sénior no residente del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Las opiniones expresadas en este artículo son exclusivamente suyas.
Fuente: Infobae