Todo parecía indicar que algo fuera de lo común estaba por ocurrir en la madrugada del 30 de septiembre de 1974 en el barrio porteño de Palermo. Las luminarias de la calle Malabia al 3300 permanecían apagadas, al igual que las de un sector de la cercana y habitualmente iluminada Avenida del Libertador. Tampoco se veían patrulleros ni efectivos policiales en la zona, algo inusual en uno de los vecindarios con mayor vigilancia de toda la capital argentina. El ambiente parecía una zona liberada, pero el general chileno Carlos Prats, excomandante del Ejército de su país y exiliado incómodo en la Argentina gobernada entonces por María Estela Martínez de Perón, no le dio importancia a esas señales.
Al otro lado de la cordillera, en el Palacio de La Moneda, su antiguo subordinado convertido en enemigo implacable, Augusto Pinochet, lideraba la dictadura que había derrocado al presidente constitucional Salvador Allende poco más de un año atrás. Prats había abandonado Chile para evitar una muerte segura, pero en Argentina su vida corría el mismo riesgo. Desde hacía tiempo recibía amenazas de muerte y no había podido viajar a Madrid porque su pasaporte estaba vencido y la embajada chilena dilataba su renovación, como si buscara ganar tiempo.
El reloj del general marcaba las 00:30 del lunes 30 de septiembre de 1974 cuando detuvo su Fiat 125 frente al edificio de Malabia 3351. Bajó para abrir el portón del garaje mientras su esposa, Sofía Cuthbert, esperaba dentro del vehículo, en el asiento del acompañante. Habían regresado tarde después de cenar con amigos argentinos y necesitaban descansar, pues Prats debía levantarse temprano para ir a su empleo en la empresa Cincotta, donde trabajaba como gerente de Relaciones Públicas. Cuando el general dio apenas dos o tres pasos hacia la puerta del garaje, la bomba explotó. Sofía Cuthbert murió instantáneamente dentro del vehículo destrozado. Prats cayó fulminado sobre la vereda por la onda expansiva, mientras los restos del automóvil volaban como proyectiles.
La detonación fue tan poderosa que rompió ventanas de varias viviendas en la cuadra y alarmó a residentes de muchas manzanas a la redonda. A pesar de ello, el primer patrullero tardó casi media hora en llegar. Según el informe policial, recién a las 00:50 se recibió una llamada anónima alertando a la comisaría.
“En Malabia 3351 había explotado un vehículo, muriendo sus ocupantes. Efectivamente, un Fiat 125 había sido destruido por un artefacto explosivo. Los restos del automóvil se hallaban esparcidos en un radio de 50 metros y se observaban restos calcinados de carne humana (…) Eran las 3:00 y el auto seguía ardiendo”, dice el informe.
El documento no escatimaba detalles truculentos. Consignaba que al cuerpo de Sofía Cuthbert, de 57 años, “le faltaban ambas piernas y el brazo izquierdo, y presentaba varias heridas expuestas y quemaduras en varias partes del cuerpo”. En cuanto a Prats, de 59 años, señalaba: “Sobre la mitad de la acera y en forma paralela al cordón se encontraba el cadáver de un hombre, con quemaduras”. La potencia del explosivo se evidenciaba en que el portón del garaje “se hallaba hundido hacia adentro. Había en el lugar, además, gran cantidad de vidrios pertenecientes a los edificios inmediatos”.
El caso fue asignado al juez en lo Penal Alfredo Nocetti Fasolino, quien rápidamente dictó el sobreseimiento provisional al no poder identificar a los responsables. En esa época, el peronismo en el poder se inclinaba cada vez más hacia la derecha y los grupos parapoliciales comenzaban a actuar contra los disidentes. Prats no intervenía en la política interna del país que lo acogía, pero representaba una incomodidad para Pinochet, quien mantenía buenas relaciones con el gobierno de la viuda de Perón.
Pasarían muchos años antes de que se pudiera identificar a los integrantes del comando que asesinó a Prats: los agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA), entre ellos Raúl Eduardo Iturriaga Neumann (alias “Diego Castro Castañeda”), Guillermo Humberto Salinas Torres (alias “Freddy Yáñez”), Pablo Belmar Labbé (alias “Sergio Molina Correa”), Armando Fernández Larios (alias “Armando Faundez Lyon”), Juan Alberto Delmás Ramírez, el agente de la CIA Michael Townley, encargado de colocar la bomba, y el espía chileno Enrique Arancibia Clavel, quien más tarde se haría famoso por otros crímenes.
Un militar democrático
En la América Latina de la primera mitad de los años setenta, los militares con vocación democrática eran escasos. Carlos José Santiago Prats González era uno de esos pocos uniformados que respetaban las instituciones y la ley. Nacido en Talcahuano, Chile, en 1915, fue designado comandante en jefe del Ejército por el presidente Salvador Allende tras el asesinato de su antecesor, el general René Schneider, cometido por un grupo ultraderechista en octubre de 1970.
Defensor del prestigio y los intereses del Ejército, al principio Prats se mantuvo distante pero respetuoso hacia el mandatario que pretendía llevar a Chile al socialismo por la vía pacífica. Con el tiempo, sin embargo, llegó a tener una relación cercana con él. En una ocasión lo describió así: “Aprendí a apreciarlo como ser humano, de gran confianza en sí mismo, hasta orgulloso si se quiere, sensible a las franquezas del interlocutor, socarrón frente a los asentidores y sin acopio de odios, ni hacia sus más enconados enemigos políticos… su vitalidad de trabajo era extraordinaria, y sabía alternar con filosofía los largos momentos tensos y amargos con el breve placer mundano de la charla insustancial”.
El gobierno de Allende sufría el constante asedio de planes desestabilizadores orquestados desde la embajada estadounidense. En octubre de 1972, durante un paro general de camioneros que el mandatario no lograba detener tras varios esfuerzos, llamó a las Fuerzas Armadas a integrar el Gabinete de Paz Social. Prats fue nombrado ministro del Interior e incluso llegó a ocupar la presidencia durante un viaje de Allende al exterior. Se convirtió en uno de los hombres de confianza del presidente y por eso, cuando sectores de las Fuerzas Armadas chilenas, alentados por la CIA y el Departamento de Estado dirigido por Henry Kissinger, comenzaron a planificar el golpe de Estado, lo vieron como un obstáculo que debían neutralizar.
El momento para apartarlo llegó —no se sabe si por casualidad o de manera premeditada— el 27 de junio de 1973, a raíz de un incidente de tránsito. Ese día, mientras su chofer lo llevaba a la oficina, Prats fue reconocido por un grupo de manifestantes opositores que comenzó a insultarlo. Un Renault 12 se le puso al lado y sus ocupantes se burlaron y le hicieron gestos obscenos. El general reaccionó impulsivamente: sacó su pistola por la ventanilla y disparó contra el guardabarros del otro vehículo. Cuando el auto se detuvo, Prats descubrió que la conductora era una mujer, Alejandrina Cox Palma, y se disculpó, pero de inmediato fue rodeado por una multitud que lo acusaba de intentar matarla. Un taxista que pasaba por el lugar lo rescató: “¡General, lo van a linchar, déjeme sacarlo de aquí!”, le gritó para que subiera a su taxi.
Horas después, Prats presentó su renuncia, pero Allende se la rechazó. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron: la prensa lo acusó de cobarde por amenazar a una mujer e incluso las esposas de otros generales del Ejército pidieron su renuncia. Finalmente, el 23 de agosto de 1973, el comandante presentó su renuncia indeclinable. En su carta de dimisión escribió: “Al apreciar en estos últimos días que quienes me denigraban habían logrado perturbar el criterio de un sector de la oficialidad del Ejército, he estimado un deber de soldado de sólidos principios no constituirme en factor de quiebre de la disciplina institucional y de dislocación del Estado de Derecho, ni servir de pretexto a quienes buscan el derrocamiento del Gobierno institucional”.
Al mismo tiempo, le sugirió a Allende que lo reemplazara por su segundo, Augusto Pinochet. Fue una recomendación de la que se arrepintió el resto de su vida. Cuando se produjo el golpe del 11 de septiembre y Pinochet quedó a la cabeza de la dictadura, Prats creyó que su antiguo subordinado no lo molestaría. No obstante, varios oficiales que lo apreciaban le advirtieron que había una orden de asesinarlo en una operación del Ejército que sería encubierta como un atentado.
Cuatro días después escapó a Argentina por un paso cordillerano del sur. Antes dejó una carta dirigida a Pinochet:
“El futuro dirá quién estuvo equivocado. Si lo que uds. hicieron trae el bienestar general del país y el pueblo realmente siente que se impone una verdadera justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo, al buscar con tanto afán una salida política que evitara el golpe”,
decía en una parte del texto. El exilio no le salvó la vida. Un año y catorce días después de llegar a Argentina y obtener asilo político, el agente de la DINA Arancibia Clavel presionó un botón y detonó la bomba que destruyó su automóvil en una calle extrañamente oscurecida de Palermo.
Espía, terrorista y asesino
Enrique Arancibia Clavel tenía una amplia experiencia en la comisión de crímenes políticos. Había sido uno de los hombres que integraron el comando que, cuatro años antes, asesinó al general René Schneider. En aquella ocasión fue detenido y confesó su participación, pero el tribunal lo dejó en libertad condicional. Poco después cruzó a Argentina con documentos falsos, donde encontró protección de funcionarios de la dictadura local que entonces encabezaba el general Roberto Marcelo Levingston.
No tardó en tener un regreso triunfal a su país natal. Consumado el golpe de Estado en septiembre de 1973, Augusto Pinochet creó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), oficializada meses después por decreto presidencial, y puso al frente de la policía secreta al temible coronel Manuel “Mamo” Contreras. Arancibia Clavel regresó a Chile y se presentó de inmediato para ponerse a sus órdenes.
Como conocía Argentina y en ese momento gobernaba el peronismo, “el Dinamitero” —como se le conocía por su destreza con explosivos— fue enviado nuevamente al otro lado de la cordillera, esta vez con un documento a nombre de Luis Felipe Alemparte Díaz y un puesto en el Banco del Estado de Chile que le servía de cobertura. También se daba tiempo para el placer: vivía en el exclusivo barrio de Belgrano C y logró conquistar a Hugo Zambelli, un joven bailarín del teatro de revistas.
En 1974 consiguió otro ascenso. Con apenas 30 años quedó al frente de la “estación” de la DINA en Buenos Aires. Desde allí dirigió varios crímenes que formaron parte de la coordinación de grupos operativos de Chile, Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. Se trataba del Operativo Cóndor, inspirado y alentado por Henry Kissinger, uno de los hombres más destacados de la diplomacia estadounidense. La CIA financió parte de las acciones del Cóndor y también envió a algunos de sus agentes al Cono Sur latinoamericano.
También se dedicó a perseguir y asesinar a los exiliados chilenos mediante la “Operación Colombo”, perpetrada en colaboración con parapoliciales argentinos entre mayo de 1974 y febrero de 1975, con un saldo de 119 muertos. Algunos eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y otros eran argentinos a quienes les “plantaban” documentos de miristas chilenos. El mecanismo para desinformar era tan criminal como sofisticado: con fecha del 15 de julio de 1975, un pasquín porteño llamado Lea publicó una doble página enviada desde “Ciudad de México” titulada “La vendetta chilena”, dando esa versión del ajuste de cuentas mirista. En Santiago de Chile, el diario La Tercera publicó el mismo artículo sin cambiar una sola palabra.
Después del golpe que llevó a los militares al poder el 24 de marzo de 1976, las dictaduras de ambos países coordinaron aún más estrechamente sus acciones en el marco del Plan Cóndor. Sin embargo, el conflicto por el Canal de Beagle pronto abriría una brecha que le costó cara a Arancibia Clavel, quien por entonces era el enlace de la DINA chilena con el Batallón 601 de Inteligencia del Ejército argentino.
La inteligencia argentina descubrió que el chileno estaba haciendo un doble juego: mientras seguía trabajando codo a codo con los represores argentinos, también recopilaba información útil para sus jefes en caso de que estallara una guerra entre ambos países, como estuvo a punto de ocurrir. Fue detenido el 24 de noviembre de 1978 y durante el allanamiento de su departamento, los agentes de la SIDE argentina encontraron un archivo escondido en el doble fondo de un placard. Las carpetas contenían mensajes de la sede de la DINA en Santiago y de la estación de Buenos Aires a cargo de Arancibia.
Uno de los informes mencionaba el romance entre el dictador Emilio Eduardo Massera y la actriz Graciela Alfano. De inmediato, la inteligencia naval fue a interrogar al “Dinamitero”. Como resultado, quedó con los dedos fracturados. Solucionado el conflicto de Beagle gracias a la mediación del cardenal Antonio Samoré, la dictadura de Pinochet logró que el Vaticano pidiera la liberación de Arancibia. El trámite se demoró y recién pudo regresar a las calles en 1981.
La condena, la libertad y la muerte
La causa por el asesinato de Carlos Prats y su esposa se reabrió recién en la década de los noventa. Durante la nueva investigación se pudo establecer la identidad de los autores, entre ellos Arancibia Clavel. En 1996, la jueza María Servini accedió a un documento secreto de la DINA que había sido desclasificado recientemente, donde figuraban el lugar del atentado y la hora en que se cometió. El autor del informe era “El Dinamitero”.
El exjefe de la oficina de la DINA en Buenos Aires fue incriminado también por uno de sus cómplices, el agente de la CIA Michael Townley, cuando se hizo cargo de varios asesinatos contra exiliados chilenos, lo que le permitió quedarse en Estados Unidos bajo el Programa Federal de Protección de Testigos. En 2000, Arancibia fue condenado a cadena perpetua. Pese a las apelaciones, tanto la Cámara de Casación como la Corte Suprema de Justicia ratificaron la condena. En 2003, en otro juicio por el secuestro de dos ciudadanas chilenas que sobrevivieron, recibió una condena de 12 años. Sin embargo, por un cálculo inaudito, pudo salir en libertad condicional en 2007, tras haber cumplido 11 años de prisión efectiva.
Esa vez no fue a vivir a Belgrano, sino que alquiló un departamento en la zona de Tribunales, en Lavalle 1418, más cómodo para atender los requerimientos judiciales. Allí se encontraba el jueves 28 de abril de 2011 cuando encontró la muerte a manos de un muchacho de 21 años que se ganaba la vida vendiendo sexo. El primer cuchillazo fue directo al abdomen. Según la reconstrucción del hecho, Arancibia se agarró el estómago con una mano y con la otra intentó frenar los siguientes puntazos, que fueron una decena. Antes de dejarlo muerto en un charco de sangre, su asesino se llevó 35.000 dólares que guardaba en una caja fuerte.
La trama detrás de los asesinatos del general Carlos Prats y de su esposa en el marco de la Operación Cóndor fue reconstruida de manera pormenorizada en 1978 en el documental Los muertos no callan, dirigido por los alemanes Walter Heynowski y Gerhard Scheumann, una de las primeras obras cinematográficas que denunciaron los crímenes perpetrados por la dictadura chilena en el exterior. Sobre Arancibia Clavel, en cambio, solo quedan registros de sus tropelías en los archivos judiciales y en las páginas policiales de los diarios.
Fuente: Infobae