Un tribunal de Marsella, en Francia, ha impuesto una multa civil de 440.000 euros a Florent Richard, un inversor inmobiliario de 37 años que se presenta como coach en redes sociales. La sentencia, fechada el 23 de septiembre, también obliga a Richard y a las sociedades que administra a devolver los seis inmuebles al mercado de alquiler de larga duración en un plazo de quince días, según consta en el fallo judicial.
El ayuntamiento de Marsella había solicitado una sanción de 1,5 millones de euros contra cuatro sociedades vinculadas al empresario. De ellas, una fue absuelta —la encargada de la conserjería— y la multa final se repartió entre las tres restantes. Los pisos implicados son cuatro ubicados en un edificio de la calle Honneurs, en el barrio del Panier, y dos más en la calle Colbert, en el centro de la ciudad.
De acuerdo con la documentación judicial, los apartamentos se alquilaban por hasta 359 euros la noche y llegaron a estar ocupados una media de 330 noches al año, una cifra que triplica el límite reglamentario permitido en Marsella para alojamientos turísticos.
Las exigencias legales que el empresario ignoró
Marsella, como otras ciudades francesas con escasez de vivienda, exige dos trámites para convertir un piso residencial en alojamiento turístico. Primero, solicitar una autorización de cambio de uso ante el ayuntamiento. Segundo, cumplir la llamada regla de compensación, que obliga a crear una superficie equivalente de vivienda convencional en otro lugar cuando se retira un piso del mercado residencial. Richard no gestionó ninguna de estas autorizaciones para los seis pisos. Además, el fallo señala que los apartamentos fueron “ocultados” de la plataforma Airbnb y ofrecidos temporalmente mediante el contrato de bail mobilité (alquiler amueblado de hasta diez meses), como un intento de eludir los controles municipales.
El perfil público del condenado
En su canal de YouTube, Richard se promociona como “coach inmobiliario” y afirma haberse hecho millonario gracias al alquiler de pisos turísticos. Según sus propias declaraciones en redes, habría acumulado un patrimonio de tres millones de euros en tres años a partir de 44 propiedades repartidas entre Burdeos, París y Marsella. En una publicación de Facebook, citada en el fallo, se jactaba de “hacer negocios, no caridad”.
Los jueces fueron especialmente severos con esa actitud pública. En la motivación de la sentencia describen a Richard de la siguiente manera:
“una personalidad desprovista de todo escrúpulo respecto a las consecuencias de su actividad para la ciudad y sus habitantes”, y añaden que “no describe la ciudad más que de forma deshumanizada, al insistir en el potencial lucrativo del lugar”.
El fallo también destaca que este comportamiento se mantuvo durante cinco años, desde 2021.
Posible fraude fiscal a la vista
La sentencia no se limita a la multa civil; también allana el camino para una investigación de la autoridad tributaria. Los jueces detectaron una discrepancia entre los ingresos que Richard declaró en el impuesto sobre la renta y los datos de facturación proporcionados por Airbnb. El texto judicial señala:
“los beneficios generados aparecen particularmente elevados respecto a los datos transmitidos por la plataforma Airbnb, sin que esto se refleje en los ingresos declarados por el matrimonio en el impuesto sobre la renta”.
Por ello, se ordenó remitir una copia de la sentencia a la administración tributaria.
Según estimaciones del ayuntamiento de Marsella, los seis pisos generaron más de 1,3 millones de euros de ingresos entre 2022 y 2025. El alcalde de Marsella, Benoît Payan, celebró el fallo como “una nueva victoria en la lucha contra el fraude de los alquileres de corta duración” y advirtió: “No dejaremos que nadie transgreda las reglas”.
Fuente: Infobae