Con 88 votos, la Asamblea Nacional este 29 de septiembre de 2026 aprobó el proyecto de ley para la prevención y erradicación del reclutamiento o utilización de niñas, niños y adolescentes que endurece las penas para quienes utilicen a menores en actividades delictivas o armadas.
El proyecto está compuesto por 62 artículos, una disposición general, seis disposiciones transitorias y una disposición final, que reforman quince cuerpos legales donde se establecen mecanismos de prevención, detección temprana, atención integral y erradicación del reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada, estructuras criminales o cualquier organización que represente una amenaza para la seguridad ciudadana y el orden público.
Uno de los principales cambios se concentra en el ámbito penal. El proyecto plantea reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para tipificar de manera específica el reclutamiento, uso o utilización de menores para integrar fuerzas armadas regulares e irregulares o grupos armados o para participar en un conflicto armado. La propuesta incrementa la pena a entre 22 y 26 años de prisión.
Una sanción similar se plantea para quienes, de manera individual o como parte de un grupo de delincuencia organizada, estructura criminal o grupo armado, recluten, usen o utilicen a menores por cualquier medio con el propósito de que cometan delitos.
El proyecto también busca facilitar la denuncia de estos delitos. Para ello, establece que las denuncias relacionadas con el reclutamiento, uso o utilización de menores puedan presentarse con reserva de identidad con el objetivo de proteger la vida y la integridad de quienes informen sobre estos hechos.
La legisladora Diana Jácome (ADN), presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana mocionó la aprobación del informe y recibió el respaldo de 88 votos que vinieron de la bancada ADN, Pachakutik, PSC y aliados ADN. Mientras que la bancada Revolución Ciudadana (RC), se abstuvo.
Contenidos en internet
Otro de los ejes de la reforma es la prevención del reclutamiento en entornos digitales debido al uso de redes sociales, plataformas tecnológicas y otros espacios virtuales para acercarse a menores.
Para ello, se plantean reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Ley Orgánica de Comunicación. Entre las medidas está el bloqueo temporal de direcciones IP, dominios web y otros identificadores digitales que contengan material relacionado con el reclutamiento, uso o utilización de niñas, niños y adolescentes.
La reforma dispone también el monitoreo de este tipo de contenidos para generar alertas y ponerlas en conocimiento de la autoridad competente, que podrá disponer las acciones correspondientes para bloquearlos.S
El Estado, además, tendría la obligación de implementar mecanismos de prevención, detección temprana, alerta y derivación ante riesgos de reclutamiento de menores con fines delictivos que se produzcan mediante redes sociales, plataformas tecnológicas y otros entornos digitales.
Los padres, madres y representantes legales también tendrían responsabilidades. La propuesta establece el deber de orientar, acompañar y supervisar el uso que los menores hagan de dispositivos electrónicos, plataformas digitales, redes sociales, videojuegos y otros entornos digitales, con el propósito de prevenir situaciones de riesgo, violencia, explotación, reclutamiento, uso o utilización.
Escuelas y los municipios
La propuesta incorpora a las instituciones educativas como parte de la estrategia de prevención. Para ello, las escuelas y colegios públicos, fiscomisionales, municipales y particulares deberán implementar mecanismos para prevenir, identificar y actuar frente a posibles situaciones de reclutamiento o utilización de menores.
Los docentes, a su vez, tendrán la obligación de informar oportunamente a las autoridades de los establecimientos sobre señales o factores de riesgo que puedan afectar la integridad, seguridad o desarrollo de los estudiantes.
Los padres y representantes deberán solicitar orientación y acompañamiento institucional cuando identifiquen factores de riesgo relacionados con drogas, violencia o reclutamiento.
Los gobiernos autónomos descentralizados también asumirán nuevas tareas. Las juntas cantonales de protección de derechos deberán registrar y reportar, en un plazo máximo de 48 horas, las alertas sobre posibles casos de reclutamiento, uso o utilización de menores con fines delictivos al ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.
Prevención al consumo
El proyecto de ley también relaciona el consumo de drogas con los factores de riesgo que pueden facilitar la vinculación de niñas, niños y adolescentes con actividades delictivas.
Para ello, se plantean reformas a la Ley Orgánica de Prevención Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y a la Ley Orgánica de Salud Mental. Las mallas curriculares deberán incorporar progresivamente contenidos sobre prevención, riesgos y consecuencias del consumo de drogas, incluyendo aquellos relacionados con su incidencia en la vinculación de menores a actividades delictivas.
También se propone elaborar mapas de riesgo que permitan identificar instituciones educativas y entornos con mayores niveles de exposición a factores asociados al reclutamiento y al consumo de sustancias sujetas a fiscalización.
Atención a las víctimas
La propuesta incorpora medidas para atender a los menores que ya hayan sido víctimas. En materia de salud mental, se plantea la implementación de servicios especializados para niñas, niños y adolescentes afectados por cualquier tipo de violencia, incluidos quienes hayan sido víctimas de reclutamiento, uso o utilización.
El proyecto también plantea que el Estado gestione cooperación internacional, técnica y financiera para fortalecer políticas, programas y servicios de salud mental dirigidos a esta población.
En educación superior, se contemplan becas y ayudas económicas para quienes hayan sido víctimas de reclutamiento. Asimismo, se busca impulsar investigaciones científicas, tecnológicas e interdisciplinarias orientadas a analizar y prevenir este fenómeno.
El deporte es otro de los ámbitos incluidos. Los organismos del sistema deportivo nacional y de recreación deberán promover programas y espacios seguros que ayuden a prevenir situaciones de violencia y otros factores de riesgo asociados al reclutamiento.
La propuesta plantea fortalecer la atención judicial. Se incorpora el principio del interés superior del niño en el sistema de justicia y se establece que la Defensoría Pública garantice la defensa y el patrocinio de las víctimas de reclutamiento, uso o utilización con fines delictivos desde el inicio de la investigación previa hasta la conclusión del proceso penal
Debate
Arturo Romboli, representante del Fondo Unicef para la Infancia en Ecuador, resaltó el proyecto en trámite e invitó a lo legisladores a consolidar los avances del proyecto y ha colocar por encima de cualquier diferencia el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. El Ecuador, dijo, necesita una respuesta firme en contra de quiene reclutan y utilizan a la niñez, y una respuesta especializada y humana para proteger a sus víctimas.
Indicó que Unicef ratifica su compromiso con las autoridades, los legisladores, las niñas, niños y adolescentes que cuentan con su apoyo y aval para acompañar al país en la implementación de esta normativa para que se convierta se traduzca en protección efectiva y días libres de violencia.
Diana Jácome, presidenta de la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana de la Asamblea señaló que este proyecto tienen una razón de ser: los niños y los jóvenes que tendrán una ley que brinda un futuro distinto. El reclutamiento y uso de niñas, niños y adolescentes no es problema más, es una amenaza contra la niñez, familia y contra el futuro del Ecuador.
Esta norma va a combatir a los delincuentes a quienes no se dará tregua, sentenció Jácome quien invitó a toda la sala a votar por este proyecto. “Votemos pensando en quienes aún no pueden defenderse, votemos para que ningún niño tenga que elegir entre sobrevivir y ser libre; votemos contra esas estructuras criminales, que prime la coherencia y no la obediencia”, subrayó.
La asambleísta Annabella Azín (ADN), resaltó la importancia de esta ley. El reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por las estructuras criminales no es algo que apareció de la noche a la mañana, se fue extendiendo de hace muchos años, cuando las familias dejaron de tener apoyo, cuando el gobierno no llegó a tiempo.
Dijo que este tema del reclutamiento de menores no nació en este gobierno, y proteger a un niño es una responsabilidad de todos.
Roberto Cuero (RC), expuso su criterio personal ante el Pleno y dijo que considera que un niño de 11, 12,13 y 15 años asesina no se lo debe tratar como a un niño de 12, 13 y 15 años que roba una gallina. A ese joven hay que atenderlo de forma integral.
El problema de la norma en debate es el enfoque, pues es represivo porque si se incrementa las penas a los reclutadores, eventualmente se podrá sostener un poco más de tiempo a este grupo de personas, pero no se resolverá el problema. De nada servirá aprobar leyes que casi rayan en populismo penal, sino se trabaja en prevención, afirmó. (I)
Fuente: El Universo