Quince años después del histórico 15M, la Puerta del Sol de Madrid volvió a ser escenario de una acampada masiva. Esta vez, sin embargo, el foco no es la crisis económica general, sino un problema que afecta directamente a millones de personas: la vivienda. Miles de manifestantes, convocados por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, instalaron carpas y pancartas el pasado sábado tras una marcha multitudinaria. La razón inmediata fue el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años que vivió casi toda su vida en el mismo hogar. Las exigencias son claras: contratos de alquiler indefinidos, suspensión de desalojos sin alternativa habitacional, reducción de precios y medidas contra los abusos de los fondos de inversión.
La capacidad de movilización de este sindicato se forjó durante casi una década de trabajo de base. La organización surgió en 2017 a partir de conflictos que compartían un denominador común: el acceso cada vez más restringido a una vivienda, especialmente en el mercado de alquiler. Ya sea por incrementos de renta imposibles de afrontar al finalizar los contratos o por la expulsión directa del inquilino, el sindicato ha buscado transformar problemas individuales —subidas abusivas, amenazas de desalojo, cláusulas ilegales o la negativa a negociar— en reclamos colectivos. La premisa fundamental es que nadie deba enfrentar estas situaciones en soledad.
“El sindicato surge para poder trabajar esos conflictos, para no vivirlos desde la soledad y la ansiedad, sino poder decir que tenemos el apoyo de otras personas, pensar colectivamente cuáles son las mejores estrategias para forzar a los caseros a negociar o para obtener victorias”, señala Fernando de los Santos, uno de los portavoces de la organización, quien explica que a lo largo de estos años han construido una estructura organizativa que les permite “incidir mediática y políticamente”.
La organización ahora presiona para que el decreto ley de vivienda que el Gobierno tiene previsto aprobar este martes en el Consejo de Ministros incluya los contratos de alquiler indefinidos, similares a los que existen en países como Alemania o Austria. También exigen una mayor protección contra los desahucios para personas vulnerables. La permanencia de la acampada en Puerta del Sol dependerá de las medidas que contenga ese decreto, el cual deberá ser convalidado posteriormente en el Congreso.
Lecciones de desahucios pasados que marcaron un antes y un después
Además del reciente caso de Maricarmen, el sindicato destaca otro desahucio que generó enorme indignación: el ocurrido en 2019 en la calle Argumosa 11, en el barrio madrileño de Lavapiés. Cuatro familias vulnerables fueron desalojadas por la propiedad del edificio. Entre ellas, Pepi, una vecina de entonces 65 años, que soportó hasta 11 intentos de desalojo antes de terminar en la calle.
El sindicato recuerda aquel episodio porque también impulsó un cambio legislativo. “Tras el impacto social y mediático que generó este caso, se extendió la duración de los contratos de alquiler de tres años a cinco años”, y en algunos casos hasta siete.
Otros logros destacados por la organización incluyen la firma de 100 nuevos contratos con vecinos organizados frente al fondo de inversión Blackstone, considerado el segundo casero de España, solo detrás de Caixabank. Asimismo, consiguieron “una victoria frente al fondo buitre Nestar-Azora” después de que la Justicia obligara a la empresa a pagar más de 20.000 euros por cobrar cláusulas abusivas a inquilinos.
El rol de la afiliación y la caja de resistencia
Esta demostración de fuerza colectiva también se sostiene gracias a las cuotas de las personas afiliadas. De los Santos lo explica así:
“La afiliación de quienes participan en el sindicato y dedican su tiempo es fundamental. Además, esos aportes también son clave para fortalecer una caja de resistencia ante posibles situaciones de represión y para que algunas personas puedan dedicar su trabajo de forma plena al sindicato, en lugar de compatibilizarlo con un empleo de lunes a viernes. Así, la organización puede sostener su actividad cotidiana y acompañar mejor a las inquilinas”.
El sindicato ofrece una cuota ordinaria de 100 euros al año o 10 euros al mes, una cuota de apoyo de 200 euros al año o 20 euros al mes, y tarifas sociales reducidas para quienes no puedan afrontar esos importes.
La organización advierte que, si el decreto de vivienda no se aprueba finalmente este martes, la acampada en Sol continuará. Seguirán protestando “hasta lograr que se garanticen alquileres estables, asequibles y sin trampas”.
Fuente: Infobae