El Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal y el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Anacélida Burbano (ponente), Lauro Sánchez y Marco Navarrete, decidieron ratificar la medida de prisión preventiva que pesa en contra del exalcalde de Camilo Ponce Enríquez, Elías Baldor Bermeo, y otros cuatro procesados en el caso BB.
Esta tarde se esperaba la exposición de la resolución adoptada por el tribunal luego de la respectiva deliberación en torno al recurso solicitado en contra de la medida de privación de libertad dictada en agosto anterior dentro del proceso de lavado de activos.
Para esta cita, Baldor Bermeo y otros cinco procesados se conectaron desde los centros de privación de libertad donde cumplen la medida de prisión preventiva.
En este caso son procesados además Ana Bermeo, Jennifer Calle, Johanna Calle, Luis Lazo y Simón Bolívar Calle.
Entre los presentes también se conectaron varios familiares de los procesados, quienes siguieron la cita desde sus residencias, además de los abogados y la Fiscalía, con la agente antilavado, Mariela Quintanilla.
La diligencia estaba prevista para las 14:30. Aunque minutos antes se dio la conexión de varios de las partes procesales, la cita tuvo un retraso de 17 minutos por inconvenientes técnicos con el juez Lauro Sánchez. Finalmente se instaló a las 14:47 con la toma de datos de los abogados de las partes procesales.
La jueza Burbano expuso los argumentos para que el Tribunal ratifique la medida de prisión preventiva contra la mayoría de los procesados, pese a que habían presentado pedidos en base a sus condiciones de salud y tener la tutela de menores.
Entre sus argumentos, el Tribunal expuso que, debido a la naturaleza y complejidad de la indagación, las medidas no privativas de libertad no garantizarían la comparecencia de los procesados ni la protección de la indagación. Entre los elementos, apuntó que la capacidad financiera atribuida a los investigados podría facilitarles contar con logística para ocultar ciertos bienes o interferir en la obtención de pruebas.
Además, el Tribunal rechazó que la imputación se base solo en vínculos familiares o cargos societarios, ya que existirían elementos de trazabilidad patrimonial individualizada.
También rechazó que el argumentos de las defensas de que aún no haya pericias financieras definitivas o una sentencia previa por el delito.
Según el Tribunal, en esta etapa aún no era necesario contar con una pericia definitiva ni condena previa para evaluar los elementos que sustenten la investigación por este delito, como las operaciones inusuales por $ 9 millones entre 2023 y 2025, así como diferencias de movimientos bancarios y declaraciones tributarias, movimientos migratorios, material aurífero, y el presunto uso de empresas dentro del esquema bajo investigación.
En ese sentido, el Tribunal decidió de forma unánime que Elías Baldor Bermeo, Jennifer Calle, Johanna Calle, Luis Lazo y Simón Bolívar Calle se mantengan bajo la privación de libertad. Únicamente, debido a un menor de edad en situación de vulnerabilidad, se decidió revocar la medida de privación de libertad para Ana Yomira Bermeo.
Para ella, se dispusieron las medidas cautelares del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, entre estas la prohibición de salida del país, la obligación de presentación periódica ante la Fiscalía los martes y jueves, y que se le imponga el dispositivo electrónico.
En el caso de Elías Bermeo, el Tribunal consideró que su discapacidad del 34 % no acreditaba una incompatibilidad con el régimen penitenciario. Mientras que en el caso de Simón Calle, que su condición médica se encontraba bajo control y tratamiento. Mientras, descartó que las afectaciones respiratorias alegadas por Johana Calle fueron suficientes para modificar la medida.
A su vez, el Tribunal alegó que la revocatoria de la medida de prisión preventiva para Ana Bermeo se basaba en el estado de vulnerabilidad de un hijo, de 8 años, con diagnóstico del espectro autista, quien tenía como cuidadora principal a la procesada. Sin embargo, la sala rechazó el pedido de Lazo, pareja de la mujer, por considerar que al quedar libre ella ya se atendía la situación del infante.
En esta jornada, en la mañana, el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, que tiene como juez ponente a José Cornejo Aguiar, tenía prevista la instalación de la audiencia de vinculación de las empresas BBC Golden S. A., cuyo representante legal es Bermeo, y Metalminerales, también vinculada con el exalcalde y con representación legal de Luis Lazo, por el presunto delito de lavado de activos. La diligencia no se instaló, informó la Fiscalía.
La investigación por este caso gira en torno a actividades económicas presuntamente injustificadas por Bermeo y su círculo familiar. Para la Fiscalía, los procesados habrían integrado una red que supuestamente obtuvo dinero de forma irregular con minería ilegal y distribución de explosivos. Incluso con exportaciones de oro sin el debido sustento de su adquisición o extracción ilegal, según la entidad.
La teoría del caso plantea que el exalcalde registró ingresos superiores a los $ 377.000; sin embargo, sus declaraciones en el Servicio de Rentas Internas fueron de apenas $ 19.000. (I)
Fuente: El Universo