El Ministerio del Interior impulsa un proyecto que contempla el cambio de los uniformes de la Policía Nacional con nuevas tecnologías para prevenir su clonación o adquisición indebida por parte de delincuentes que buscan hacerse pasar por policías para cometer delitos.
Así lo informó el ministro de esta cartera de Estado, John Reimberg, en una entrevista para este Diario el pasado 7 de septiembre.
La iniciativa surge a raíz de varios hechos violentos en los que antisociales han utilizado prendas similares a las de la Policía para hacerse pasar por agentes, irrumpir en ciudadelas cerradas y otros lugares y asesinar a personas.
Reimberg señaló que el proyecto ya está en marcha y que el Ministerio del Interior trabaja con la Policía en la definición de las modificaciones que tendrán las prendas.
Entre los cambios previstos mencionó la incorporación de nuevas tecnologías y variaciones en los colores.
“Hay varios cambios que se quieren hacer. Sobre todo el ingreso de tecnología a los uniformes para que sean difícilmente clonables y no sucedan los problemas que hemos conocido. Ciertos cambios en colores y, bueno, son cosas realmente casa adentro que se están realizando con la Policía”, comentó el ministro.
Reimberg también destacó la necesidad de renovar estas prendas y señaló que, según recordó, la Policía Nacional no ha recibido uniformes nuevos desde hace más de diez años.
En otra entrevista que la autoridad dio para un medio digital el pasado 27 de agosto, en la que se refería a este tema, destacó la importancia de la aprobación de la Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes, Insignias y Distintivos Institucionales.
La normativa, aprobada por la Asamblea Nacional el 9 de junio de 2026, con 87 votos a favor, busca castigar con más fuerza a quienes usan uniformes, insignias o distintivos de la Policía o las Fuerzas Armadas —ya sean reales, falsos o alterados— para cometer delitos o hacerse pasar por agentes del orden.
Contempla penas de hasta siete años de cárcel para quienes usen, fabriquen o vendan este tipo de indumentaria sin autorización, especialmente cuando se trata de uniformes policiales o militares.
Además, establece, por ejemplo, que la venta, fabricación o importación de uniformes solo podrá hacerse a través de personas o empresas autorizadas y da un plazo de 120 días para que quienes ya se dedican a esa actividad regularicen sus permisos.
También prohíbe que los uniformes dados de baja o en desuso vuelvan a circular, se donen o se comercialicen y exceptúa de sanción su uso con fines académicos, artísticos, teatrales o históricos.
La ley ya fue publicada en el Registro Oficial (quinto suplemento n.º 316) el 1 de julio de 2026 tras ser sancionada por el presidente de la República, Daniel Noboa.
En esa misma entrevista, Reimberg también dio a conocer que se están realizando operativos basados en labores de inteligencia para determinar qué organizaciones estarían utilizando uniformes del Bloque de Seguridad y en qué lugares, con el fin de ubicarlas y capturar a sus integrantes.
Sugerencias de especialistas en seguridad
El tema generó debate entre expertos en temas de seguridad, quienes consideran la medida necesaria, pero también ofrecen sugerencias de otras acciones que podrían complementar este proyecto.
Javier Gutiérrez, especialista en seguridad, considera que todo esfuerzo y toda propuesta que impliquen innovación y renovación de estrategias para enfrentar a estos grupos delincuenciales le parecen positivos.
Lo calificó como oportuno debido a la repetición y la frecuencia con la que se da este tipo de accionar por parte de la delincuencia: “Es una medida pertinente porque existe el problema y oportuna por la repetición y frecuencia con la que se da este tipo de accionar de la delincuencia”.
Considera que ayudará a identificar y dificultará el uso de prendas falsificadas de agentes en asaltos, secuestros y falsos operativos.
No obstante, condicionó la efectividad de esta medida a que realmente se implementen dispositivos difíciles de clonar: “Hay que incorporar elementos de seguridad difíciles de reproducir por los grupos criminales”.
En esa línea, sugirió que esto puede ir de la mano de un mayor control en los lugares donde se estén comercializando uniformes presuntamente falsos; que si se evidencian controles militares en carreteras, se verifique que sean reales revisando credenciales; e incorporar mecanismos tecnológicos mediante códigos dinámicos para poder corroborar la pertenencia de un agente a la institución.
Además, planteó que cada procedimiento debería estar registrado en una unidad responsable que lleve el registro de los operativos institucionales.
También, como ciudadanos, dijo que deben saltar alertas cuando se ven controles militares y policiales con escaso personal, a veces sin vehículo institucional.
Jorge Mantilla, experto en la materia, considera que el cambio de uniformes debe formar parte de una estrategia más amplia de modernización de la Policía.
Entre sus sugerencias también plantea incorporar sistemas de identificación visibles con tecnología —como códigos QR o plataformas para verificar placas o el número único de patrullas y agentes—, acompañados de campañas de educación sobre cómo debe actuar un ciudadano frente a un requerimiento policial.
Además, propone que la fabricación de estos elementos sea exclusiva de un proveedor estatal (como en su momento fue FAME) o, de mantenerse las licitaciones a proveedores privados, que estos cuenten con un registro único sujeto a altos estándares de debida diligencia y anticorrupción.
Un tercer experto en seguridad, John Garaycoa, coincidió en que el cambio de uniforme es una herramienta disuasiva, pero advirtió que no eliminará el problema de los falsos operativos si no se empodera al ciudadano con mecanismos de verificación inmediata.
En ese escenario, dijo, la tecnología del diseño pierde su propósito preventivo y, en medio de un asalto o secuestro, es poco probable que la víctima tenga la calma para verificar un código QR o analizar la calidad de la tela.
Entre sus recomendaciones planteó cuatro puntos: sistemas de verificación en tiempo real, como una línea o aplicación para confirmar si hay un operativo activo en la zona o si el agente que realiza un control está en funciones; un control estricto sobre los proveedores que fabrican y distribuyen las telas; una depuración institucional que evite que los uniformes —nuevos o antiguos— salgan de los cuarteles hacia manos criminales; y una placa única de identificación, de uso visible, para cada policía y militar, que debería entregarse o retirarse cuando el uniformado deje sus funciones.
¿Para cuándo se tiene previsto el cambio de uniformes?
El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que espera que este proceso pueda concretarse en los primeros meses del próximo año: “Ya estamos a casi un trimestre de acabar el año 2026, así que las cosas hay que hacerlas y hay que hacerlas bien”.