La actual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, ha sido denunciada en la vía penal por no haber removido de su cargo a la fiscal general María Caruajulca Quispe, a pesar de que esta enfrentaba un proceso judicial activo que —según la legislación— la inhabilitaba para ejercer el puesto.
Los implicados en la denuncia
La acción legal también alcanza a los expresidentes Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar, así como a sus respectivos ministros de Justicia. El argumento central es que las autoridades ocultaron deliberadamente el hecho de que la titular de la Procuraduría General del Estado tenía un proceso penal en su contra, incumpliendo su obligación legal de cesarla de inmediato.
Según la denuncia, Caruajulca fue restituida en su puesto en mayo de 2024 mediante una resolución suprema que ejecutó una sentencia de amparo, a pesar de que desde meses antes el Ministerio Público había formalizado un proceso penal contra ella, con el Ministerio de Justicia como agraviado directo.
Los denunciantes sostienen que un acto administrativo basado en información falsa u oculta no puede considerarse válido, ni siquiera si ya ha sido ejecutado. Este principio jurídico es el que fundamenta la exigencia de que se declare la nulidad de la permanencia de Caruajulca en el cargo.
Además, la denuncia recuerda que el 26 de enero el 15º Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte dictó una sentencia condenatoria de primera instancia contra la fiscal. Para ese momento, el Gobierno de Keiko Fujimori ya estaba en funciones, por lo que la procuradora no solo tenía un proceso abierto, sino una condena judicial en su contra, lo que —según el denunciante— agravó su situación y reforzó aún más la obligación de cesarla.
Fuente: Infobae