La administración encabezada por Rodrigo Paz emitió un claro mensaje al exmandatario Evo Morales durante el fin de semana: ningún ciudadano, sin importar su cargo previo, se encuentra por encima del marco legal. Esta declaración surge luego de que el líder cocalero anunciara su intención de liderar nuevas protestas a partir del 13 de octubre en contra de las políticas económicas del Ejecutivo. Quien dio la respuesta fue el titular de la cartera de Defensa, Ernesto Justiniano, quien subrayó que Morales tiene todo el derecho de criticar al Gobierno, pero no de imponer condiciones mediante bloqueos de carreteras.
El ultimátum planteado por Morales exige que, antes del 3 de octubre, se derogue el decreto 5716 —que suprimió el subsidio al diésel— y la normativa que permite reorganizar, disolver o liquidar empresas públicas. De no cumplirse estas peticiones, los seguidores del ex presidente advierten que iniciarán movilizaciones el 13 de octubre, bajo la amenaza de que, si no se logra un arreglo pacífico, recurrirán a vías de hecho.
Justiniano calificó esa advertencia como inaceptable en un Estado de derecho. El funcionario afirmó que “nadie, por haber sido presidente o por tener capacidad de movilización, está por encima de la ley” y recordó que existen órdenes de aprehensión activas contra Morales, por lo que debe presentarse ante la justicia, contando con las garantías constitucionales correspondientes.
Este pronunciamiento ocurrió un día después de que Morales encabezara un congreso de sus partidarios en el trópico de Cochabamba, región donde se encuentra refugiado desde 2024. En ese evento, tildó al Ejecutivo de corrupto y sometido a intereses foráneos, y denunció que las privatizaciones y la concesión de recursos naturales a firmas transnacionales son parte de un modelo que su movimiento rechaza de manera tajante.
El actual enfrentamiento se entiende mejor al revisar lo sucedido meses atrás. Entre el 6 de mayo y el 23 de junio, organizaciones sindicales y campesinas mantuvieron bloqueos viales durante 50 días, inicialmente para exigir mejoras salariales y luego para pedir la renuncia de Paz. El balance fue trágico: al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna, y pérdidas económicas superiores a los USD 3.000 millones.
Paz, quien asumió el mando el 8 de noviembre de 2025 tras interrumpir dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo, heredó una economía con severa escasez de dólares y combustible, considerada por analistas como la peor crisis boliviana en cuatro décadas. Con ese panorama, en diciembre de 2025 eliminó el subsidio a los hidrocarburos, que hasta entonces representaba un gasto estatal de más de USD 2.000 millones anuales.
Esa medida, junto con un paquete posterior de diez ajustes económicos, generó descontento entre sectores que en 2025 apoyaron a Paz en las urnas y hoy se sienten marginados de su gestión, en parte porque el mandatario conformó su gabinete mayoritariamente con líderes empresariales.
La situación judicial de Morales agrava el conflicto. El 29 de julio, la Fiscalía ordenó su captura por presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado y otros, vinculados a los bloqueos de mayo y junio. A esto se suma una causa abierta desde 2024 por presunta trata de personas y estupro, que investiga una relación con una adolescente de 15 años mientras era presidente, de la cual habría nacido una hija en 2016. Morales niega todas las acusaciones y las califica de persecución política.
El 20 de junio, tras 53 días de protestas, Paz decretó un estado de excepción en todo el país para restablecer la libre circulación y el abastecimiento. El Congreso lo extendió el 17 de septiembre por otros 90 días, vigente hasta mediados de diciembre, como una prórroga del mismo régimen declarado en junio, mientras el Gobierno negocia en paralelo un acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones.
El pulso entre Paz y Morales va más allá del precio del diésel: enfrenta a un Ejecutivo decidido a desmontar dos décadas de políticas subsidiadas contra un liderazgo que aún conserva capacidad de movilización en el campo boliviano.
Fuente: Infobae