Un jurado federal en el Distrito Medio de Florida emitió un veredicto de culpabilidad contra Lázaro Alain Cabrera-Rodríguez, residente de Hialeah de 28 años, por los delitos de conspiración para traficar migrantes con fines de lucro y lavado de dinero. Según la investigación, la red trasladaba ciudadanos cubanos desde la isla hacia Estados Unidos a través de terceros países, cobrando hasta USD 40.000 por persona.
El fallo, dado a conocer el viernes 25 de septiembre, incluye un cargo por conspiración para el tráfico de extranjeros y dos vinculados al lavado de dinero. Cabrera-Rodríguez podría recibir una condena máxima de 20 años de prisión federal cuando se dicte la sentencia el próximo 17 de diciembre, según datos difundidos por el Departamento de Justicia.
La Fiscalía vincula la red con miles de ingresos por la frontera sur
La Fiscalía describió una estructura que, entre 2021 y 2024, habría facilitado la entrada de miles de ciudadanos cubanos a Estados Unidos por la frontera sur. Para ello, los integrantes organizaban viajes desde Cuba a otros países del continente, desde donde los migrantes continuaban su trayecto hacia territorio estadounidense.
Las tarifas cobradas iban desde USD 1.500 hasta USD 40.000, dependiendo del servicio y la ruta coordinada. La acusación también señaló que en ocasiones se fletaron aviones privados para trasladar grupos de personas.
Cabrera-Rodríguez operaba bajo la apariencia de una agencia de viajes denominada Asesoría y Servicios Migratorios LLC, con sede en Tampa. Las autoridades sostuvieron que esa empresa daba un barniz de legalidad a las operaciones y servía para captar clientes mediante redes sociales y mensajería instantánea.
Solicitudes fraudulentas de ESTA y supuesta ciudadanía española
Uno de los mecanismos atribuidos a la red consistía en presentar solicitudes fraudulentas del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, conocido como ESTA. Ese permiso permite a ciudadanos de países del programa de exención de visado viajar a Estados Unidos, pero los cubanos no pueden utilizarlo.
El Departamento de Justicia afirmó que los acusados habrían presentado al menos 600 solicitudes falsas. En esos documentos, los migrantes figuraban como ciudadanos europeos, sobre todo españoles, y declaraban no haber estado en Cuba desde 2011, aunque residían en la isla.
La red mantenía un grupo de WhatsApp llamado “Trámite de ESTA y visa de turismo a Estados Unidos para ciudadanos españoles”, según consta en la acusación. Desde allí se promocionaban gestiones migratorias que, de acuerdo con los fiscales, se basaban en información falsa.
“Usó su agencia de viajes como fachada para introducir ilegalmente a cubanos en Estados Unidos”, aseguró A. Tysen Duva, fiscal general adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia. El funcionario añadió que la estructura coordinaba vuelos desde Cuba hacia terceros países y mantenía vínculos con otros traficantes en el continente.
Las autoridades identificaron 57 cuentas bancarias en el esquema
La acusación señaló que el dinero generado por la operación circuló a través de 57 cuentas bancarias controladas por Cabrera-Rodríguez y sus presuntos cómplices. Por esas cuentas habrían pasado más de USD 20 millones, según información oficial.
Los registros presentados durante el proceso también indicaron que, entre 2021 y 2024, se enviaron más de USD 600.000 desde Estados Unidos al extranjero para financiar vuelos de migrantes. La Fiscalía sostuvo que parte de esos movimientos buscaba ocultar el origen de los fondos provenientes del tráfico de personas.
“No era ayuda ni una acción humanitaria. Era una empresa criminal construida sobre tratar a las personas como mercancía y aprovecharse de su desesperación para obtener ganancias”, afirmó Nicholas Ingegno, agente especial interino de Investigaciones de Seguridad Nacional en Tampa.
Doce personas fueron acusadas en la misma investigación
La causa abarca a 12 personas acusadas en septiembre de 2025. Siete de ellas se declararon culpables y esperan sentencia, mientras que Erik Ventura-Castro recibió en julio una condena de 30 meses de prisión.
Entre los coacusados figura Yuniel Lima-Santos, quien se declaró culpable en agosto de 10 cargos y enfrenta hasta 20 años de cárcel. La investigación lo vinculó con la compra de vuelos para el traslado de migrantes y con el uso de una empresa sin empleados ni ingresos declarados para mover fondos relacionados con el esquema.
Fuente: Infobae