Un operativo conjunto entre la Policía Nacional colombiana, la Fiscalía y la agencia estadounidense HSI permitió desarticular una organización que utilizaba la fachada de viajes turísticos para trasladar ilegalmente a migrantes hacia Estados Unidos. La detención de cinco presuntos integrantes se produjo el jueves 24 de septiembre, según informaron las autoridades.
De acuerdo con la investigación, la red cobraba entre 10 y 15 millones de pesos colombianos (equivalentes a más de USD 4.500) por cada persona. El dinero se destinaba a un paquete que incluía transporte aéreo a México y luego rutas clandestinas hasta la frontera suroeste estadounidense.
La acción, denominada Operación Thunder II, se ejecutó simultáneamente en los municipios de Villavicencio y Mesetas, en el departamento del Meta. Los detenidos enfrentan audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y definición de medida de aseguramiento ante un juez de control de garantías.
Estrategia de captación y fraude migratorio
El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de la Dijín e Interpol de la Policía Nacional, explicó que la organización captaba a ciudadanos colombianos con promesas de paquetes turísticos cuyo destino inicial era México. Una vez allí, los migrantes eran llevados por rutas no autorizadas hasta la frontera de Estados Unidos.
Las autoridades determinaron que el esquema operaba desde 2022 y que, durante ese tiempo, habría movilizado a más de 300 personas fuera del país. Los recursos obtenidos provenían del cobro de los traslados y de maniobras relacionadas con fraude migratorio.
Un elemento clave del caso es la preparación que la red proporcionaba a los migrantes para evadir los controles fronterizos. El coronel Sanabria detalló que los instruían para sortear los controles federales estadounidenses en caso de ser interceptados.
“En caso de ser interceptados o detenidos por las autoridades norteamericanas, les indicaban que debían presentar solicitudes de asilo político respaldadas en denuncias falsas”
La coordinación del operativo estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, la Fiscalía General de la Nación y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI). La Fiscalía prevé imputar los delitos de tráfico de migrantes y concierto para delinquir, y solicitará que los detenidos permanezcan privados de la libertad en un centro carcelario.
Segundo operativo: 15 capturados por falsificación documental
Un día antes, el 23 de septiembre, se reportó la captura de 15 personas en una operación contra una organización transnacional que tramitaba documentos colombianos de forma fraudulenta para facilitar la salida de extranjeros hacia Estados Unidos y varios países europeos. Tres funcionarios públicos y tres ciudadanos de República Dominicana figuran entre los detenidos, según Migración Colombia.
El operativo se realizó simultáneamente en Bogotá, Neiva, Barranquilla y Soledad (Atlántico), con la participación de la Dijín, la Fiscalía, Migración Colombia y la Registraduría Nacional del Estado Civil, además del apoyo de autoridades de España y la Embajada de Estados Unidos.
Las autoridades señalaron que la red habría obtenido de manera irregular registros civiles, cédulas de ciudadanía y pasaportes colombianos para ciudadanos extranjeros. Con esa documentación, los beneficiarios podían presentarse como colombianos y eludir los controles migratorios durante sus viajes internacionales.
El punto de partida de la investigación fueron los controles en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Durante 2025, funcionarios de Migración Colombia detectaron cerca de 300 extranjeros —principalmente dominicanos y venezolanos— que se identificaban como colombianos con documentos cuya expedición estaría vinculada a las maniobras de la organización.
Las entrevistas realizadas por el Grupo de Control a Viajeros en Condiciones Especiales de Migración Colombia permitieron identificar patrones en los documentos y rutas. El primer golpe contra la estructura ocurrió en diciembre de 2025, cuando las autoridades capturaron en Medellín a un funcionario de la Registraduría que presuntamente había intervenido en el trámite de más de 20 cédulas de ciudadanía.
La investigación posterior amplió el análisis hacia otros posibles responsables de la expedición de registros civiles, documentos de identidad y pasaportes. Las autoridades buscan establecer la forma en que se tramitaban los documentos, los recursos que movía la organización y la participación de los funcionarios públicos detenidos.
Fuente: Infobae