El Ejecutivo encabezado por el presidente Javier Milei ha citado este martes al representante diplomático del Reino Unido en el país, David Cairns, como medida de protesta frente a la ampliación de permisos para realizar actividades de extracción de hidrocarburos en las islas Malvinas, decisión tomada por las autoridades del archipiélago bajo control británico.
El Gobierno argentino ha comunicado a Londres su «enérgico rechazo ante el reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto de la pretendida extensión de ‘licencias’ de producción de hidrocarburos offshore».
Así lo detalla un comunicado oficial difundido por la Cancillería argentina a través de sus plataformas digitales, en el que también se manifiesta la negativa a «la pretendida aprobación para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la ‘licencia PL001′».
«La exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental Argentina resulta abiertamente contraria al Derecho Internacional y violatoria de la soberanía nacional argentina», ha recalcado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En especial, Buenos Aires ha subrayado su oposición a cualquier medida de carácter unilateral que no cuente con «la expresa autorización de las autoridades competentes de la República Argentina», lo cual califica como «un acto ilícito» tanto según la legislación nacional como la internacional.
«La República Argentina no reconoce competencia ni jurisdicción a ninguna otra autoridad que no sea la propia para establecer las condiciones que hagan posible las actividades referidas a hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina, tanto para el otorgamiento de concesiones, participaciones, compromisos de inversión, como para la extensión de pretendidas licencias», ha señalado la cartera dirigida por Pablo Quirno.
La dependencia de Exteriores ha asegurado además que empleará «todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales a su alcance para defender sus derechos» y llevar ante la justicia a quienes pretendan «explotar de manera ilegal (sus) recursos naturales».
Esta declaración se produce después de que las autoridades de las Malvinas anunciaran una prórroga de cinco años para todas las licencias vigentes de exploración petrolera en alta mar, con la posibilidad de extenderlas por otros dos años adicionales.
Fuente: Infobae